Hace unas semanas la Comunidad de Madrid se sobresaltó por una brutal agresión sexual sufrida por una joven de Alcalá de Henares a manos de un hombre originario de Mali en las cercanías de un centro de acogida de migrantes situado en la citada ciudad complutense. El hecho creo gran tensión social en la zona y varios disturbios entre la policía y vecinos, a los que se sumaron agitadores de extrema derecha, durante diversas protestas llevada a cabo en el municipio. Y la formación política Vox quiere utilizarlo para cambiar la forma de pedir responsabilidades ante este tipo de delitos de violación.
Tras estos acontecimientos el partido político VOX, personado como acusación en el caso de la brutal violación de una joven en Alcalá de Henares, ha anunciado su intención de solicitar una reparación económica para la víctima. La petición se dirige tanto a la ONG ACCEM, gestora del centro de menores no acompañados (MENAS) donde residía el presunto agresor, como al Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones.
La noticia fue confirmada por el coordinador nacional jurídico de la formación, Jorge Buxadé, en un comunicado emitido hoy. Buxadé ha señalado que la estrategia legal del partido no solo buscará la condena del autor material de los hechos, sino también la de aquellos que considera responsables por «el deber de vigilancia y de gestión de esos centros».
«En esa causa no solo vamos a exigir las responsabilidades del autor de los hechos criminales, sino también de aquellos que tienen el deber de vigilancia y de gestión de esos centros», declaró Buxadé, subrayando que la acción se extiende a la ONG y al ministerio «para que como responsables civiles reparen a la víctima, al menos parcialmente, ese daño causado».
PRECEDENTE PARA FUTURAS ACUSACIONES
La decisión de VOX de buscar la responsabilidad civil de entidades y organismos públicos va más allá de este caso específico. Según Buxadé, esta será la tónica en «todos los procesos en los que VOX comparezca en apoyo de esas víctimas». La formación política argumenta que los «responsables de la inmigración masiva y descontrolada han de responder» por lo que describen como «consecuencias nefastas» que, aseguran, están siendo cada vez más evidentes para los ciudadanos españoles.
El coordinador jurídico aprovechó la ocasión para criticar el supuesto «silencio de una gran parte de los medios de comunicación y de la ocultación culpable del bipartidismo» en torno a estos temas. Buxadé vinculó directamente la «inmigración descontrolada» con un «crecimiento exponencial de la criminalidad grave», mencionando ejemplos como «violaciones en manada, machetazos, pero también agresiones sexuales o robos extremadamente violentos».
De cara a futuras citas electorales, Buxadé advirtió que, en caso de obtener el apoyo mayoritario de los españoles y llegar al Gobierno, su partido exigirá «todas y cada una de las responsabilidades a los responsables de la inmigración masiva y descontrolada que está produciendo tantísimos problemas a España y a toda Europa. Con esta declaración, VOX sitúa la gestión de la migración y la seguridad ciudadana en el centro de su agenda política y judicial.
El caso de la violación en Alcalá de Henares, que ha provocado una fuerte conmoción, se convierte así en un nuevo frente de batalla legal para VOX, que busca sentar un precedente para futuras causas similares y presionar a las instituciones a asumir lo que, a su juicio, son responsabilidades civiles y políticas derivadas de sus políticas migratorias.
ENFRENTAMIENTO ENTRE LA ALCALDÍA Y LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO
Cabe recordar que tras los terribles hechos la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, llegó a declarar en el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid que llevaría una moción al Pleno del Ayuntamiento para solicitar formalmente al Gobierno de España el cierre del CAED de la ciudad.
Piquet afirmó en ese espacio que, aunque Alcalá ha mostrado su solidaridad, el centro superó la capacidad permitida, con más de 1.700 personas, y provocó una grave preocupación entre los vecinos y las familias de Alcalá con la citada supuesta violación como punto culminante.
Estas declaraciones y la reticencia mostrada desde el consistorio complutense hacia el nombrado centro sirvieron para avivar una pugna entre la alcaldesa de la localidad y el polémico delegado del Gobierno de España para la la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Este último es conocido por las continuas polémicas y problemas mantenidos con todas las alcaldías e instituciones madrileñas gobernadas por el Partido Popular. Formación a la que pertenece Piquet.
