Mañana lunes se iniciará uno de los procesos más importantes a nivel social de estos últimos meses en España para el Gobierno. La llegada a la Península desde Canarias de los menores migrantes que saturan los centros de aquellos territorios. Algo que se ha visto en vuelto en la polémica por la forma en la que se va a realizar, en la que se deja a las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña fuera del citado reparto.
Un hecho que ha levantado mucha polémica entre el resto de regiones del país, incluso donde el propio PSOE ostenta el poder. Un reparto que deja fuera a las citadas comunidades por motivos políticos y para seguir manteniendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente del Ejecutivo español de una forma «contradictoria», según indican fuentes del Partido Popular, que destacan que los socialistas «predican una solidaridad incompleta dejando fuera territorios de sus socios de Gobierno«.
Con estas circunstancias, El Gobierno español pondrá en marcha finalmente mañana lunes los esperados traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península. La noticia, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a varios medios de comunicación cercanos al Ejecutivo, llega tras semanas de incertidumbre y discrepancias entre el Ejecutivo central y el Gobierno canario.
El anuncio pone fin a las dudas surgidas esta misma semana. El Gobierno de Canarias había expresado su preocupación por la falta de datos concretos en la orden de traslado enviada por el Ministerio. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de las islas afirmaron que el documento no especificaba ni la fecha de la derivación, más allá del lunes 11 de agosto, ni quién acompañaría a los menores. Además, el número de trasladados había cambiado, pasando de ocho a diez, lo que generó aún más confusión.
A pesar de estos contratiempos, la decisión se tomó en la reunión interadministrativa entre ambos gobiernos, donde se acordó iniciar las derivaciones el próximo lunes. Las fuentes del Ministerio aseguraron que los traslados se realizarán de manera semanal y que los menores serán reubicados en recursos pequeños y de titularidad estatal distribuidos por todo el territorio español. La prioridad, según el Gobierno, es garantizar “su integridad, su bienestar y su interés superior”.
PERFIL VULNERABLE
El Gobierno ha destacado el perfil «altamente vulnerable» de estos menores, muchos de los cuales han huido de conflictos armados. Se ha señalado que casi el 90% de los solicitantes son malienses y que entre ellos hay tanto niños como adolescentes.
La entidad colaboradora en Canarias, Engloba, está llevando a cabo valoraciones individualizadas a los menores que han manifestado su deseo de ser trasladados. Este proceso es clave para que los gobiernos de España y Canarias puedan seleccionar los perfiles más adecuados y asignarles un destino final que se adapte a sus necesidades.
Estas acciones se suman a los traslados previos al centro de acogida y derivación Canarias 50, en Las Palmas, donde ya han sido reubicados 141 menores en las últimas semanas. El Ministerio de Migraciones, junto con la Fiscalía, recalca que la valoración pormenorizada de cada expediente es fundamental para proteger el interés superior del menor.
CRITICA DEL PP Y COMPROMISO DE VIGILANCIA
La puesta en marcha de los traslados ha sido objeto de críticas por parte de la oposición. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido al Ejecutivo que aclare los detalles del operativo y ha advertido que su partido estará «muy vigilante».
En una rueda de prensa, Tellado lamentó la «falta de información» del Gobierno y lo calificó de «incompetente» por haber tardado cinco meses en cumplir con la orden del Tribunal Supremo. En marzo, el Supremo ordenó al Ejecutivo que se hiciera cargo, con sus propios medios, de más de un millar de menores migrantes solicitantes de asilo. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones de euros para la creación de 1.200 plazas en la Península, de las cuales 750 serán gestionadas por el Ministerio de Migraciones en colaboración con entidades sociales.
La directora general de Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, ha detallado que el Estado se ha comprometido a realizar dos derivaciones semanales de entre 15 y 20 niños, aunque la primera salida será de ocho. Aclaró también que el centro de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, no se utilizará para este fin, a pesar de que el Gobierno central buscará recursos para mantenerlo disponible para personas asiladas.
