El megaproyecto de extracción de potasa conocido como Mina Muga, desarrollado por la empresa Geoalcali (filial de Highfield Resources, cotizada en la bolsa australiana), se encuentra en el centro de una tormenta política, judicial y social sin precedentes.
Lo que inicialmente se presentó como una iniciativa para generar empleo y desarrollo económico entre Navarra y Aragón, ha derivado, presuntamente, en un entramado de presiones, favores administrativos, posibles delitos de corrupción y fragmentación legal del proyecto con el objetivo de facilitar su aprobación.
El 4 de agosto, tres organizaciones, la Plataforma contra las Minas de Potasa en la Val d’Onsella y la Sierra del Perdón, Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza, presentaron un escrito ante el Parlamento de Navarra solicitando que la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas incorpore el caso de Mina Muga a su agenda.
Las entidades acompañaron su petición con un dossier donde se detallan, presuntamente, numerosas anomalías en la tramitación del proyecto, muchas de ellas ya expuestas en informes de prensa y documentos judiciales.
Según esta documentación, diversas empresas,Geoalcali, Servinabar, Acciona, y la UTE Sangüesa-Zangoza Services, así como personas vinculadas a ellas, habrían ejercido labores de intermediación e influencia en diferentes niveles de la Administración pública.
Se trataría, presuntamente, de un entramado orientado a obtener permisos ambientales, licencias de obra y concesiones mineras a través de procedimientos que los colectivos ecologistas consideran irregulares o, cuando menos, excepcionales.
CERDÁN EN EL DISPARADERO
Estas sospechas han ganado peso tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de más de 490 páginas, en el que se menciona directamente el interés mostrado por altos cargos del PSOE, como Santos Cerdán, ex número tres del partido, y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en la tramitación del proyecto.
La UCO apunta a que, presuntamente, existieron contactos e influencias de carácter político para allanar el camino administrativo de Mina Muga, un proyecto que aspira a extraer hasta un millón de toneladas anuales de potasa. Esta magnitud lo convierte en uno de los mayores proyectos de este tipo en Europa y, también, en uno de los más controvertidos.
ANOMALÍAS
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) emitió en octubre de 2024 una sentencia que anula la concesión del permiso de explotación ‘Goyo’, uno de los tres títulos mineros que conforman el proyecto. La resolución se produce tras un recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza.
La corte considera que se incurrió en una fragmentación ilegal del proyecto para justificar su tramitación por separado en Navarra y Aragón, cuando, desde el inicio, Geoalcali lo planteó como una explotación única y continua entre ambas comunidades.
Esta división habría impedido una evaluación ambiental global, vulnerando así principios básicos del derecho ambiental europeo y español. La sentencia señala que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada es parcial e insuficiente, y que los riesgos geológicos, la seguridad de los trabajadores, y las posibles afecciones a los acuíferos, el embalse de Yesa y otros ecosistemas sensibles no fueron debidamente contemplados.
Además, no se han hecho públicas las supuestas medidas de mitigación propuestas por la empresa, lo que genera aún más dudas sobre la transparencia del proceso. En paralelo, hay otros dos procedimientos judiciales abiertos que cuestionan la legalidad de otros aspectos del proyecto, lo que deja en el aire su viabilidad definitiva.
Las organizaciones denunciantes han señalado que las actuaciones de los gobiernos autonómicos y del propio Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez, deberían ajustarse al principio de prudencia institucional y respetar los tiempos judiciales, en lugar de actuar presuntamente al dictado de intereses empresariales.
