La pedanía de Valverde, perteneciente al municipio de Cervera del Río Alhama y con poco más de 200 habitantes, es un enclave tan singular como estratégico. Este lugar se sitúa en una suerte de cuatrifinio fronterizo entre las comunidades autónomas de La Rioja, Aragón, Castilla y León y Navarra, lo que le confiere una identidad muy singular.
Esta singularidad geográfica se ha convertido en escenario de un conflicto socioambiental que amenaza con alterar profundamente la vida de sus vecinos. La causa del malestar es el proyecto de construcción de una polémica planta de biometano promovido por la empresa b.Power, dentro del término municipal de Cervera del Río Alhama.
Aunque el alcalde de Cervera, Álvaro Forcada (PP), ha señalado que varias empresas mostraron interés, es esta compañía la que ha presentado un proyecto formal que ya ha despertado un rechazo masivo tanto entre los vecinos como entre organizaciones ecologistas.
A pesar de la promesa de 12 nuevos empleos, la oposición local no se deja seducir por cifras que, a su juicio, no compensan los riesgos y perjuicios que implicaría la planta. Ecologistas en Acción, respaldando la postura vecinal, ha presentado alegaciones que evidencian graves carencias en el estudio de impacto ambiental.
Los vecinos, soliviantados, han recogido más de 700 firmas contra el proyecto. Y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, que hace unos días subrayó el compromiso del Gobierno regional con los pequeños municipios y que el pasado año paralizó la implementación de molinos de viento y placas solares que en la región, todavía no ha roto su silencio ante la previsible apuesta del PP cerverano a impulsar este proyecto.
CRÍTICAS
Ecologistas en Acción de La Rioja acusa a la empresa promotora de no detallar aspectos críticos como el control de emisiones de metano, el funcionamiento de la chimenea ni los protocolos en caso de accidentes como incendios o explosiones.
Estas omisiones resultan especialmente preocupantes, dado que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, y su liberación no controlada puede tener consecuencias ambientales y sanitarias severas. Uno de los puntos más sensibles es la ubicación: la planta se proyecta a menos de 800 metros del núcleo urbano de Valverde.
Esto no solo genera inquietud por el impacto visual y paisajístico, sino también por la cercanía a infraestructuras públicas como el consultorio médico y la escuela. La plataforma vecinal ‘No Planta Biogás – Cervera del Río Alhama’ denuncia que los camiones de gran tonelaje necesarios para transportar los residuos probablemente atravesarán el núcleo urbano, con los riesgos que ello conlleva para la seguridad y la calidad de vida.
Otro tema que ha encendido las alarmas es la gestión del digestato sólido, un subproducto del proceso de biometanización. Los vecinos temen que su acumulación y posible uso como fertilizante pueda dañar los cultivos, especialmente los vitivinícolas, clave en la economía agrícola de la zona.
A esto se suman los problemas potenciales de olores, derivados tanto del almacenaje como del esparcimiento de residuos, que podrían convertir la vida cotidiana en un auténtico infierno olfativo. La plataforma vecinal también denunció la falta de transparencia tanto del Ayuntamiento de Cervera como de la empresa promotora.
El equipo de gobierno, tras negarse a asistir a reuniones informativas con los vecinos, convocó a instancias de la oposición un pleno extraordinario el pasado 4 de julio con la intención de abordar una polémica que no tiene visos de rebajarse.
LA RAÍZ DEL PROBLEMA
Si bien es cierto que la valorización de residuos orgánicos y la producción de biometano pueden tener beneficios energéticos y medioambientales, el problema radica en la escala y la ubicación del proyecto.
La planta, diseñada para gestionar 120.000 toneladas anuales, supera con creces las necesidades locales. Esto implica que atraerá residuos de otras comunidades, como Navarra y Aragón, transformando a Valverde en un centro de tratamiento regional sin contar con la infraestructura ni la voluntad social para asumir tal carga.
EL PAPEL DE LA ESPAÑA VACIADA
El caso de Valverde refleja una realidad cada vez más común en la España vaciada: zonas rurales transformadas en territorios de sacrificio para proyectos industriales que, bajo el paraguas de la sostenibilidad, ocultan intereses económicos ajenos a la realidad local.
El desarrollo rural parece basarse en la imposición de infraestructuras contaminantes que ponen en riesgo el tejido social, el medio ambiente y la salud de los vecinos. En un país donde la despoblación rural es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, ignorar la voz de lugares como Valverde parece condenarlas al abandono.
Frente a la promesa de unos pocos empleos, la ciudadanía exige garantías reales, participación activa y respeto por su territorio.
