Ayer lunes tuvo lugar la primer jornada del polémico reparto de menores migrantes procedentes de Canarias por toda la Península a excepción de las dos agraciadas políticas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. En ese reparto el PP y las regiones gobernadas por los populares mostraron su disconformidad con el citado reparto. Siendo Galicia, Cantabria y Extremadura las más reivindicativas con la forma en la que se esta llevando el reparto.
En este sentido, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de «frivolidad» y de tratar a los menores migrantes no acompañados como «paquetes» al gestionar su traslado desde las Islas Canarias a la Península. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, criticó duramente el inicio de estas derivaciones, que se producen tras la orden del Tribunal Supremo.
En una rueda de prensa en Génova, Bravo afirmó que el Gobierno debería tener una «sensibilidad especial» al hablar de estos menores, ya que «son personas». Los populares, según Bravo, creían que este lunes se trasladarían 40 menores, y no los 8 o 10 que finalmente se han derivado. «Fíjese, usted me ha dicho que van a repartir ocho o diez, nosotros habíamos sido más generosos y pensábamos que iban a ser 40, pues aun siendo 40 iba a tardar diez meses desde que se produjo el requerimiento del Tribunal Supremo,» explicó, subrayando la lentitud del proceso.
Además, Bravo reiteró la petición del «cese inmediato» del reparto forzoso de menores entre las comunidades autónomas, que considera una imposición unilateral. También aludió a las declaraciones de la ministra Elma Saiz, quien señaló que los centros no estaban preparados para acoger a menores, afirmando que es una muestra de la «frivolidad» con la que el Gobierno aborda el problema.
GALICIA, CANTABRIA Y EXTREMADURA SE OPONEN AL REPARTO DE MENORES Y DENUNCIAN FALTA DE INFORMACIÓN
Este reparto de menores migrantes ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Representantes de los Gobiernos de Galicia y Cantabria, junto con el consejero de Presidencia de Extremadura, han denunciado la falta de planificación, información y recursos para gestionar la acogida.
Desde Cangas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió en que Galicia «no tiene capacidad» para acoger a más menores «sin una planificación temporal y sin los recursos económicos suficientes». Rueda aseguró que no han recibido ninguna notificación oficial sobre el reparto y criticó que el Gobierno pretende «sacarse un problema de encima» con un sistema que, según él, no es objetivo, ya que comunidades como Cataluña no recibirán a ningún menor.
En la misma línea, la consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez del Río, acusó al Gobierno de «oscurantismo» y de aportar «cero» información a las comunidades, que se enteran de los traslados a través de los medios de comunicación. «Se ha roto unilateralmente» el sistema de colaboración, denunció Gómez del Río, y a partir de ahora rige la «imposición». Cantabria, que podría asumir 156 menores, desconoce «ni cómo, ni cuándo, ni dónde» se llevará a cabo el traslado, lo que ha llevado a once comunidades a recurrir la medida en los tribunales.
Por su parte, el consejero de Presidencia de Extremadura, Abel Bautista, habló de «desinformación absoluta» y señaló que el sistema de acogida de la región ya está por encima del 100% de su capacidad. Bautista criticó que el Gobierno «trata a los menores como paquetes de mensajerías» y lamentó el lenguaje utilizado, aunque consideró que refleja la realidad. Además, acusó a Euskadi y Cataluña de aplicar políticas «xenófobas y racistas» al negarse a acoger a menores, vinculando su decisión al «chantaje» de los siete votos al Gobierno central.
AMNISTIA INTERNACIONAL PIDE «CELERIDAD Y FIRMEZA» EN LOS TRASLADOS Y CONDENAN LOS DISCURSOS DE ODIO
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha instado a las autoridades a actuar con «la mayor celeridad y firmeza» en el traslado de menores migrantes no acompañados, en respuesta a la «oleada de mensajes de señalamiento y criminalizadores basados en bulos» que han surgido en el debate público. La organización subrayó la importancia de demostrar que la sociedad es «acogedora» y que «no tolera el racismo».
La responsable de Investigación y Política Interior de AI en España, Virginia Álvarez, recordó que el Gobierno está cumpliendo una orden del Tribunal Supremo, pero aún debe aplicar el real decreto-ley sobre el procedimiento de acogida. La organización denunció la «situación inaceptable» en la que se encuentran estos menores en Canarias, con «malos tratos, saturación en centros de acogida» y fallos en la documentación.
Finalmente, Amnistía Internacional lamentó la «batalla» entre algunas comunidades autónomas y el Gobierno por la acogida de los menores y destacó que «garantizar la acogida digna… es un imperativo y una cuestión de derechos humanos».
