La decisión del Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, de prohibir los actos religiosos en centros deportivos municipales ha desatado una ola de críticas y un profundo malestar en la comunidad musulmana local. La medida, que surge de una moción aprobada en el pleno, ha sido calificada de «racista» por los afectados, y ha provocado un «torrente de reacciones» a nivel nacional.
La polémica se centra en una moción que, fruto de un acuerdo entre el PP y Vox, insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier actividad que no sea de carácter deportivo.
Aunque la moción fue apoyada por el PP y contó con el apoyo de Vox, la comunidad musulmana la interpreta como un ataque directo, ya que en el pasado han utilizado estos espacios para celebrar festividades como el final del Ramadán o la Fiesta del Cordero.
Si bien es verdad estas últimas horas desde las filas populares se están ofreciendo otras alternativas, fuera de los espacios deportivos, para que las festividades musulmanas puedan ser celebradas de forma masiva, desde la población musulmana se ve todo ahora con recelo, según fuentes cercanas a esta población.
LA CONFERENCIA EPISCOPAL Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO
La controversia ha trascendido el ámbito local, sumando voces de peso como las de la Iglesia, el Defensor del Pueblo y el PSOE. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, se ha unido a la Comisión Islámica Española para rechazar la medida.
En un artículo en el diario ABC, Argüello invita a los «amigos musulmanes españoles» a defender la libertad religiosa, argumentando que «el bien común en el mundo global pide exigir reciprocidad a los Estados de confesión islámica que persiguen o ponen trabas a los cristianos». En su escrito, también lamenta que los cristianos sean «los creyentes más perseguidos del mundo».
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado información a la alcaldesa de Jumilla, Seve González, para conocer el contenido exacto del acuerdo y las medidas que se tomarán para garantizar la libertad de culto, especialmente para aquellas confesiones que, por sus características, necesiten utilizar espacios públicos para sus celebraciones.
MELILLA SE DESMARCA DE LA POLÉMICA Y EL PP DE MELILLA ACUSA DE «CARROÑERISMO POLÍTICO»
La controversia de Jumilla ha tenido eco incluso en la política melillense, una de las zonas de España con más musulmanes. Allí, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del PP local, Juan José Imbroda, ha salido al paso para asegurar que su gobierno seguirá permitiendo el rezo colectivo en espacios públicos para las dos grandes pascuas musulmanas, independientemente de lo que decidan otras localidades.
En una declaración a los medios, Imbroda defendió que Melilla es un «modelo de convivencia y respeto» y acusó al PSOE y a Coalición por Melilla (CPM) de «sacar rédito político» de la situación, calificando su actitud de «carroñera».
No obstante, los partidos de la oposición en Melilla han instado al gobierno de Imbroda a pronunciarse de forma más clara contra la decisión de Jumilla. El diputado socialista Rafael Robles tildó la medida de «xenófoba, sectaria e incompatible con un país plural», mientras que la diputada de CPM, Cecilia González Casas, la consideró «un grave atentado contra la libertad religiosa y el legado cultural de España».
EL PSOE BUSCA DESGASTAR AL PP A TRAVÉS DE LA POBLACIÓN MUSULMANA
En este sentido, el Gobierno de España ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, para que anule una moción que prohíbe las actividades religiosas en sus instalaciones deportivas. La medida, impulsada por el PP y Vox en el consistorio murciano, ha sido calificada por el Ejecutivo central como una infracción contra la libertad religiosa y un derecho fundamental de la Constitución.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó de la decisión a través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter), donde aseguró que «ante la intolerancia no hay medias tintas». Torres defendió que PP y Vox «no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no» y recalcó que se trata de un «derecho constitucional». El requerimiento, enviado con un informe jurídico de su departamento, exige la anulación de la moción.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, añadió que el Gobierno defenderá «la Constitución, los derechos y la libertad religiosa» frente a la «deriva extremista» de PP y Vox. Bolaños afirmó que frenarán estas «medidas ultras», comparando la situación con episodios anteriores como las trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia.
ARGUMENTOS DEL REQUERIMIENTO
El documento oficial, suscrito por la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, señala que el acuerdo municipal «infringe el ordenamiento jurídico», especialmente el artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad religiosa.
El requerimiento también subraya que la moción vulnera el principio de neutralidad que deben mantener los poderes públicos en materia religiosa y que la motivación real del acuerdo «no responde a criterios técnicos ni organizativos», sino a una «finalidad ideológica de exclusión religiosa». El documento concluye que esta decisión constituye una «clara desviación de poder».
Además, el texto puntualiza que, si bien el Ayuntamiento tiene competencia para regular sus espacios, no puede hacerlo «prescindiendo de los límites constitucionales» que impone el respeto al derecho fundamental de libertad religiosa. La moción, según el requerimiento, «excluye de facto a una confesión religiosa minoritaria (la musulmana), sin ofrecer alternativas razonables ni acreditar incompatibilidad funcional».
La última palabra la tendrá ahora el Ayuntamiento de Jumilla, que deberá responder a las exigencias del Gobierno central, veremos si desde Génova tutelan la última palabra del consistorio murciano.
