Si hay un tema polémico en la sociedad española son los diferentes problemas que el anterior monarca, Juan Carlos I, ha tenido con la Hacienda pública española. El monarca se llego a beneficiar de varias amnistías fiscales debido a diferentes irregularidades en las cuantas del antiguo Rey. Al que fuentes cercanas a la monarquía y políticas acusan de amor desmedido por el dinero, un hecho que le llevo a estos problemas que lo mantienen «exiliado» en Abu Dabi.
En su día El Rey emérito Juan Carlos I desembolsó más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria en una segunda regularización fiscal, un movimiento que le ha permitido eludir una potencial causa judicial. La cuantiosa multa, que asciende a 4.395.901,96 euros, se suma a una primera liquidación de más de 678.000 euros realizada a finales de 2020.
Los orígenes de esta deuda se encuentran en los gastos sufragados por la Fundación Zagatka, una entidad opaca propiedad de su primo, Álvaro de Orleans. Según las investigaciones de la Fiscalía, esta fundación habría cubierto un amplio abanico de desembolsos personales de Juan Carlos I y su entorno, incluyendo viajes, estancias en hoteles y restaurantes de lujo, e incluso regalos, a partir de junio de 2014. Esta fecha marca un punto de inflexión crucial, ya que fue entonces cuando el monarca abdicó y perdió la inviolabilidad que lo protegía.
LA FISCALIA ARCHIVA LAS PESQUISAS
El pago a Hacienda, realizado de forma voluntaria y espontánea, se enmarcó en la estrategia de la defensa del emérito para regularizar su situación y evitar ser investigado por posibles delitos contra la Hacienda Pública. La ley establece que este tipo de regularizaciones, si se realizan antes de cualquier notificación formal, eximen de responsabilidad penal al contribuyente.
Esta maniobra fue clave para que la Fiscalía General del Estado archivara las diligencias de investigación sobre el patrimonio de Juan Carlos I. El Ministerio Público concluyó que, o bien los posibles delitos habían prescrito, o su situación fiscal ya había sido regularizada, o bien los hechos habían ocurrido durante su periodo de inviolabilidad como jefe de Estado.
De esta forma, las investigaciones se cerraron sin que el Rey emérito tuviera que enfrentarse a un juicio. Algo que hubiera sido un duro golpe para la imagen de la ya desgastada monarquía española.
VIGILANCIA DEL DINERO PRESTADO
A colación de todo esto hay que destacar que la polémica ha saltado debido a que estas últimas semanas se ha llegado a conocer que el Emérito ha acabado de pagar los más de cuatro millones que le han prestado el círculo de amigos cercanos para sufragar la anterior deuda contraída a consecuencia de la multa.
Por este motivo, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha instado a la Agencia Tributaria a abrir una investigación exhaustiva sobre las actividades económicas de Juan Carlos I, a raíz de informaciones que señalan que el Rey emérito ya ha devuelto los préstamos que recibió para saldar su deuda fiscal de casi 4,5 millones de euros en febrero de 2021.
En un comunicado, Gestha subraya que, cuando el emérito recibió esos préstamos, aún residía fiscalmente en España, y no trasladó su residencia a Emiratos Árabes Unidos hasta el año siguiente. Por ello, el sindicato ha solicitado una inspección urgente antes de que los hechos prescriban, con el objetivo de analizar las «garantías, condiciones y cláusulas» de esos préstamos.
LA RESIDENCIA FISCAL DE JUAN CARLOS I, EN EL PUNTO DE MIRA
Basándose en informaciones publicadas por ‘El Mundo’, Gestha considera que es crucial determinar dónde se encuentra el «centro principal de los intereses económicos» de Juan Carlos I. Los técnicos de Hacienda advierten que, si este centro se localiza en España, el Rey emérito seguiría siendo considerado residente fiscal español, incluso viviendo en el extranjero.
De ser así, la regularización fiscal que llevó a cabo podría ser considerada «inveraz, incompleta o incorrecta», lo que podría acarrear graves consecuencias penales por posibles delitos contra la Hacienda Pública. El sindicato también pide investigar la naturaleza de las rentas que supuestamente ha obtenido Juan Carlos I por la venta de los derechos de documentales sobre su vida y por su intermediación en operaciones comerciales.
Los técnicos de Hacienda señalan que, si no se determina su residencia fiscal en España, el Rey emérito podría convertirse en un «apátrida fiscal», una situación que le permitiría no tributar por sus rentas ni en España ni en Emiratos Árabes Unidos. Según Gestha, la inacción de la Agencia Tributaria en este caso podría ser vista como un «consentimiento de un caso abusivo de doble no imposición».
