La falta de apoyo y el abandono institucional hacia las familias en situación de CUME ha alcanzado un nuevo y dramático capítulo y van unos cuantos, según nos relata el propio colectivo y la Asociación ASFACUME. Con Mónica García, ministra de Sanidad, metida en el asunto y las quejas.
La portavoz de las familias, Ainhoa Urones, que también ocupa el cargo de vicepresidenta dentro de ASFACUME ha detallado para MONCLOA.COM la cronología de los hechos y ha denunciado la inacción del Ministerio de Sanidad, que dirige la citada Mónica García, al desentenderse de los problemas que enfrentan con la gestión de la prestación para el cuidado de menores con enfermedad grave, conocida como prestación CUME.
La acusación más grave se centra en una «privatización de facto» del servicio, al dejar su gestión y supervisión en manos de las mutuas colaboradoras, entidades privadas que, según los denunciantes, actúan con total impunidad y contra los intereses de las familias.
MUTUAS «BUSIVAS» Y UNA BUROCRACIA QUE ASFIXIA
Para explicar la delicada situación hay que recordar que la prestación CUME, regulada por el Real Decreto OMSS/48/2011, permite a los progenitores reducir su jornada laboral para el cuidado de sus hijos con enfermedades graves, recibiendo una compensación económica. Sin embargo, la realidad, según las familias, es muy distinta. Las mutuas, encargadas de gestionar este dinero que proviene del Fondo de Bienestar Social de la Seguridad Social, están poniendo «en tela de juicio» los certificados médicos de especialistas de la sanidad pública.
El portavoz de las familias señala a tres mutuas en particular por «abusos sistemáticos», siendo Umivale la que encabeza la lista. «Se lleva la palma en abusos», asegura. La estrategia de estas entidades consiste en exigir, en un plazo de diez días, informes médicos adicionales que, en muchos casos, son imposibles de conseguir a tiempo. Si la familia no cumple, la prestación es extinguida automáticamente.
«No tengo forma de acceder a un médico especialista y exigirle que en diez días me entregue un informe detallado», lamenta el portavoz. El Real Decreto no establece un plazo tan corto, lo que demuestra una actuación unilateral de las mutuas. Además, las familias denuncian que incluso si consiguen el informe, la mutua lo ignora, dando la razón a su propio médico y poniendo en riesgo el sustento económico de la familia. «El médico de la mutua considera, y pone en tela de juicio, lo que está certificando ese médico especialista», recalca.
NUEVE MESES DE ESPERA Y UN «MURO DE LAS LAMENTACIONES»
El clamor de las familias llegó a oídos del Ministerio de Sanidad, pero la respuesta, según el portavoz, ha sido nula. Tras nueve meses de espera, consiguieron una reunión con la directora general de Ordenación de la Seguridad Social, Marta Morano, y el subdirector, Diego Rodríguez. Sin embargo, la cita fue infructuosa. Los representantes ministeriales «echaron balones fuera», sugiriendo a los afectados que acudieran al Defensor del Pueblo o a Inspección de Trabajo, en lugar de asumir su responsabilidad de supervisión.
El portavoz compara el «botón de quejas» del ministerio con un «muro de las lamentaciones», ya que no interviene ni actúa como mediador. La denuncia se agrava con una contradicción interna: en 2022, la propia Dirección General de Ordenación emitió un oficio aclaratorio a las mutuas en el que les recordaba que no podían pedir informes adicionales ni de escolarización. «Lo dicen claramente y la mutua no hace caso a ordenación. Y ordenación mira para otro lado», enfatiza el denunciante.
«Es una situación de abuso de poder de la que la Seguridad Social es conocedora, pero, sobre todo, de una vulnerabilidad en la que progenitores, hijos e hijas se ven inmersos al tratar de ejercer un derecho que las carencias y dificultades actuales convierten en castigo hacia ellos, para quienes precisamente la CUME se creó para supuestamente proteger», remarcó Urones.
«Si a mí me extinguen la CUME de hoy para mañana, tengo derecho a hacer una reclamación previa, pero mientras me quedo sin cobrar»
MÓNICA GARCÍA BAJO LUPA
El portavoz de las familias de niños con TEA hace un señalamiento directo a la ministra de Sanidad, Mónica García, conocida por su defensa de la sanidad pública. La paradoja, según el denunciante, es que «la tía que dice que de la sanidad pública privatice este servicio», al permitir que entidades privadas gestionen una prestación vital para familias vulnerables. La situación es descrita como «bastante grave», con el riesgo de dejar sin ingresos a un progenitor que debe cuidar a su hijo, lo que podría tener consecuencias trágicas.
La única vía que les queda a estas familias es la judicialización, un proceso lento y costoso que agrava su ya difícil situación. «Si a mí me extinguen la CUME de hoy para mañana, tengo derecho a hacer una reclamación previa, pero mientras me quedo sin cobrar», concluye el portavoz. La lucha de estas familias se ha convertido en una carrera de fondo contra la burocracia y la aparente indiferencia de las autoridades que deberían velar por su bienestar.
