El fútbol español vuelve a ser escenario de una confrontación que tiene pinta de acabar en los tribunales. En esta ocasión, el protagonista es Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien se enfrenta a una denuncia formal ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por un presunto y grave quebrantamiento del deber de confidencialidad. La querella, presentada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, acusa a Tebas de cometer cinco infracciones muy graves, conforme a lo establecido en el artículo 76.2.a) de la Ley del Deporte, lo que podría acarrearle importantes consecuencias disciplinarias.
El origen de este jaleo se remonta al pasado 2 de abril de 2025. En esa fecha, LaLiga y su máximo dirigente emitieron un comunicado que, según la denuncia, reveló con una «inusitada» transparencia detalles económicos confidenciales del Fútbol Club Barcelona. En el centro de la polémica se encontraba la afirmación de que el club azulgrana se hallaba nuevamente en una situación de incumplimiento del ‘fair play financiero’. Esta condición, de confirmarse, supondría un impedimento crucial para la inscripción de dos jugadores clave en los planes deportivos del Barça: Dani Olmo y Pau Víctor, de forma especial el primero por el que los catalanes habían pagado cerca de 60 millones de euros esa misma temporada.
La nota de LaLiga detallaba que la patronal había detectado que el auditor del Barça no había registrado adecuadamente en las cuentas del club una inyección de 100 millones de euros. Este capital provenía de la venta de los 475 asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, una operación que el club catalán consideraba vital para su saneamiento económico y su capacidad de maniobra en el mercado de fichajes. LaLiga no solo puso en duda la correcta contabilización de esta transacción, sino que además anunció su intención de denunciar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al auditor que había certificado la operación, alegando una posible irregularidad en el reflejo de la transacción.
La cronología de los hechos añade más leña al fuego y al indignación del club catalán. Tras el polémico comunicado inicial, el FC Barcelona procedió a entregar a LaLiga sus Estados Financieros Intermedios. Sin embargo, en estos documentos, la mencionada operación de los 100 millones no aparecía registrada en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, en contra de lo que el club había certificado inicialmente. LaLiga, amparándose en la aplicación de las Normas de Elaboración de Presupuestos (NEP), ratificó que, debido a esta omisión, el Barça carecía de saldo y capacidad de inscripción para nuevos jugadores, manteniendo así su posición respecto al ‘fair play’ financiero.
DECLARACIONES PÚBLICAS
Pero la controversia no se limitó a un único comunicado. La denuncia subraya que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, continuó realizando declaraciones públicas insistentes sobre la situación financiera del FC Barcelona. En reiteradas ocasiones, y a pesar de la delicadeza de la información, Tebas mencionó abiertamente la imposibilidad del club de operar bajo la «regla 1:1» (lo que significa poder invertir la misma cantidad que se libera con ventas o ahorros) y la necesidad del Barça de «vender y ajustar mucho sus cuentas» para poder realizar fichajes. Estas manifestaciones, ampliamente recogidas por diversos medios, profundizaron la percepción de que la información económica del club estaba siendo divulgada de manera constante y sin el consentimiento de la entidad afectada.
Un giro significativo en esta trama ocurrió el 8 de abril de 2025. Ese día, Javier Tebas ordenó la eliminación del comunicado inicial del 2 de abril de la página web de LaLiga. Si bien esta acción podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la vulneración de la confidencialidad, no tardó en aparecer un nuevo comunicado de LaLiga. En este, la patronal intentaba justificar la divulgación previa de la información, argumentando que el deber de confidencialidad «no puede interpretarse como absoluto o incondicionado». Según LaLiga, la divulgación estaba justificada para «salvaguardar principios o bienes jurídicos superiores, como el derecho al honor, la transparencia asociativa y la integridad de la competición», especialmente ante «noticias inexactas y declaraciones que cuestionaban sin justificación alguna la integridad del proceder de LaLiga».
La reacción del club barcelonés no se hizo esperar. El 7 de abril de 2025, un día antes de la retirada del comunicado de LaLiga, el club emitió su propia nota oficial. En ella, expresaba su «sorpresa e indignación» por la publicación de una «nota informativa» sobre sus operaciones corporativas sin su conocimiento ni consentimiento. El club catalán criticó «duramente el comportamiento de LaLiga» por hacer públicos detalles de su información financiera y decisiones de los órganos de LaLiga contra el club. Para el Barça, estos hechos constituían un «incumplimiento flagrante de las obligaciones de confidencialidad» que LaLiga tiene con uno de sus afiliados, además de una «expresa violación del artículo 5 del Reglamento para la elaboración de los presupuestos».
EL ENTRAMADO LEGAL: CSD, TAD Y LEGITIMIDAD DEL DENUNCIANTE
La denuncia contra Javier Tebas no solo pone en el centro del debate la ética y las obligaciones de confidencialidad en el deporte profesional, sino que también arroja luz sobre el complejo entramado legal del fútbol español. La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ha presentado su acción ante el CSD, el máximo organismo público del deporte en España. Sin embargo, la propia denuncia y la jurisprudencia reciente de la Audiencia Nacional establecen que el CSD, aunque es el receptor inicial, tiene la obligación de trasladar la querella al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
El TAD, un órgano adscrito al CSD pero con autonomía funcional, es el ente competente para tramitar y resolver expedientes disciplinarios de esta naturaleza. La denuncia argumenta con solvencia que el TAD posee la potestad disciplinaria sobre el presidente de LaLiga, basándose en la interpretación sistemática de la Ley del Deporte y el Real Decreto que la desarrolla. Es decir, el TAD es el tribunal que evaluará si las acciones de Javier Tebas constituyen efectivamente un incumplimiento grave del deber de confidencialidad y, en caso afirmativo, determinará las sanciones correspondientes.
La legitimidad de la «Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte» para interponer esta denuncia es un pilar fundamental en el proceso. Representada por Miguel Ángel Galán Castellanos, esta organización sin ánimo de lucro tiene un objetivo estatutario claro: «controlar y vigilar a la Liga de Fútbol Profesional». Esta misión, en defensa del interés general, la transparencia y la buena gobernanza en el deporte, le otorga la «legitimidad activa» necesaria para presentar este tipo de acciones. La asociación se posiciona como un baluarte de la sociedad civil en la vigilancia del poder público y la protección de los valores constitucionales, respaldada por recientes sentencias del Tribunal Supremo que reafirman el papel de las asociaciones en la defensa de intereses colectivos, incluso en el ámbito penal a través de la figura de la acusación popular.
Esta denuncia contra Javier Tebas abre un nuevo capítulo en las tensiones recurrentes entre LaLiga y algunos de sus clubes, particularmente el FC Barcelona. Más allá de las implicaciones económicas o deportivas, el caso pone de manifiesto la importancia de la confidencialidad en la gestión de datos sensibles y las obligaciones inherentes a los cargos de máxima responsabilidad en el deporte profesional. La resolución del TAD será clave para definir los límites de la transparencia y la privacidad en un sector con tanta repercusión social y económica.
