El sindicato Jupol, la organización mayoritaria dentro de la Policía Nacional, ha lanzado este jueves un contundente llamado al Gobierno de España, urgiendo la firma de acuerdos de readmisión con países clave como Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal. El objetivo, según el sindicato, es claro: implementar la «devolución automática» de migrantes que han accedido al territorio español de forma irregular, una medida que, aseguran, es fundamental para desmantelar las redes de inmigración ilegal, neutralizar el «efecto llamada» y, en última instancia, salvaguardar la seguridad nacional.
La propuesta de Jupol se presenta como una estrategia vital para controlar los flujos migratorios y poner fin a un sistema que consideran insostenible. En el centro de su argumento está la convicción de que la ausencia de mecanismos de retorno eficientes y expeditos no solo perpetúa, sino que también incentiva los peligrosos viajes clandestinos, a menudo en condiciones inhumanas y con un alto coste en vidas humanas.
Para justificar la viabilidad y necesidad de su demanda, el sindicato ha puesto como ejemplo un acuerdo bilateral ya existente entre España y Francia. Este pacto establece que «cualquier persona que entre en Francia de forma irregular y se acredite o presuma que llegó a la Unión Europea a través de España» debe ser «devuelta automáticamente» a territorio español. Jupol aboga por replicar este modelo, aplicando el mismo principio a las naciones africanas mencionadas, de modo que cualquier individuo que alcance España de manera irregular pueda ser «readmitido» en sus países de origen «sin dilaciones ni trámites innecesarios».
La lógica detrás de esta postura es, para el sindicato, eminentemente práctica y humanitaria. Argumentan que la inmediatez en la devolución de las embarcaciones, como los cayucos, procedentes de estos países o que hayan transitado por ellos, eliminaría el incentivo económico para las mafias. «Cuando un cayuco que proceda de estos países o haya pasado por ellos sea devuelto de manera inmediata, se eliminará el incentivo para que las mafias sigan enviando embarcaciones abarrotadas y en condiciones inhumanas», reza el comunicado. Lejos de ser percibida como una medida hostil, Jupol la defiende como una acción «de protección de vidas humanas», al disuadir a los traficantes de personas de exponer a los migrantes a riesgos extremos en el mar.
LA PRESIÓN POLICIAL: «UN COMBUSTIBLE PARA EL NEGOCIO CRIMINAL»
El sindicato no solo aboga por un cambio en la política de readmisión, sino que también critica duramente el modelo actual de gestión migratoria. Bajo su perspectiva, un enfoque «basado en la acogida sin retorno en la mayoría de los casos» no solo es «insostenible», sino que actúa como un «combustible del negocio criminal». Esta falta de una política de retorno efectiva, sostienen, fomenta la persistencia y el crecimiento de las mafias dedicadas al tráfico de personas, que explotan la desesperación de los migrantes y se lucran con la debilidad del sistema.
La situación actual, según Jupol, recae con una «presión operativa y emocional» cada vez mayor sobre los hombros de los agentes de policía. Cada desembarco de migrantes desencadena una «compleja cadena de actuaciones» que exige una dedicación exhaustiva de recursos humanos y materiales. Los efectivos policiales se ven inmersos en tareas que abarcan desde el rescate inicial en el mar y la recepción de las embarcaciones en puerto, hasta la identificación exhaustiva de los migrantes. Posteriormente, deben encargarse de la tramitación de expedientes, la custodia de las personas en situación irregular, una labor que a menudo se complica por la saturación de los centros de internamiento, y la coordinación constante con los juzgados y los servicios sociales.
Esta carga operativa, sumada a la naturaleza delicada y a menudo traumática de los casos individuales, provoca un desgaste significativo en los agentes. El sindicato lamenta una «falta crónica de recursos humanos y materiales», una carencia que, aseguran, compromete la capacidad de la Policía Nacional para afrontar con garantías un fenómeno migratorio en constante evolución y con volúmenes cada vez más elevados. La infraestructura existente y el personal disponible no son suficientes para absorber la demanda que implica la gestión integral de estos flujos, desde la primera atención hasta el proceso de retorno o integración.
En resumen, la voz de Jupol se alza para pedir una reevaluación profunda de la política migratoria española. No solo se trata de una cuestión de seguridad nacional, sino también de eficiencia en la gestión y, crucialmente, de una medida que, según el sindicato, protegería a los propios migrantes de los peligros a los que se exponen en su intento de alcanzar Europa de forma irregular. La propuesta de los acuerdos de readmisión automática se presenta, así, como una solución integral que buscaría aliviar la presión sobre las fuerzas de seguridad, desincentivar el negocio de las mafias y establecer un control más efectivo sobre la inmigración irregular.
