En plena crisis de acceso a la vivienda y con una presión creciente sobre los barrios más tensionados, el Ayuntamiento de Málaga y el Consell de la Comunidad Valenciana han tomado medidas drásticas para frenar el auge de los pisos turísticos ilegales. Mientras tanto, en Madrid, el 90% de los pisos turísticos operan sin licencia, y la falta de inspecciones reales por parte del consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP) permite la expansión sin control de un fenómeno que vacía el parque residencial y encarece el alquiler.
La comparación entre estas tres instituciones gobernadas por el Partido Popular muestra visiones muy diferentes dentro del mismo partido, con casos como el del alcalde malagueño, Francisco de la Torre, marcando el paso frente a la inacción en la capital.
MADRID, PARAÍSO DE LA ILEGALIDAD TURÍSTICA
El Ayuntamiento de Madrid ha admitido recientemente que el 90% de los pisos turísticos en la ciudad están operando sin licencia. Esto significa que miles de inmuebles funcionan al margen de la legalidad, sin que exista un cuerpo de inspectores activos que sancione esta situación.
A pesar del reconocimiento de esta realidad, no se ha impulsado ninguna medida efectiva para detener o revertir la proliferación de estos alojamientos irregulares. La consecuencia directa es la expulsión de vecinos de zonas céntricas y la desaparición del alquiler residencial de larga duración, sustituido por un modelo mucho más lucrativo para los propietarios: el turístico.
MÁLAGA, MORATORIA Y CONTROL
El alcalde Francisco de la Torre (también del PP) ha sido claro: suspender nuevas licencias para viviendas turísticas es una prioridad para garantizar un equilibrio entre el uso turístico y residencial del parque inmobiliario.
Esta decisión, ya aprobada por la Junta de Gobierno Local, implica que durante los próximos tres años, o hasta que se apruebe la nueva normativa del PGOU, no se emitirán nuevas licencias. Esta moratoria es la culminación de un proceso que ha incluido medidas restrictivas anteriores: primero, se prohibieron licencias a inmuebles sin accesos independientes dentro del edificio; luego, se vetaron nuevos pisos turísticos en 43 barrios donde estos superaban el 8% del parque residencial.
Además, se ha exigido a la Junta de Andalucía la eliminación del registro de aquellas viviendas que incumplen las nuevas condiciones. Actualmente, Málaga cuenta con 12.754 viviendas con licencia, aunque solo 8.596 están operativas. La diferencia entre licencias activas y viviendas efectivamente alquiladas plantea también la necesidad de actualizar registros y mejorar el control administrativo.
Para lograrlo, el consistorio ha anunciado que recurrirá a compañías externas con el objetivo de detectar y sancionar a las viviendas ilegales.
20.000 PISOS ILEGALES
La Comunidad Valenciana, por su parte, ha mostrado también un enfoque firme en el último año. Desde que se aprobó una nueva normativa que endurece las condiciones para operar un piso turístico, se ha logrado cerrar cerca de 20.000 alojamientos ilegales.
Según la consellera de Turismo, Marián Cano, la clave ha sido el aumento de inspecciones, la renovación de licencias cada cinco años y la potestad otorgada a los ayuntamientos para regular y sancionar. El balance es significativo: solo en el último año, la Dirección General de Turismo ha dado de baja a más de 10.600 viviendas del registro por no contar con la referencia catastral correspondiente. Otras 886 fueron eliminadas por irregularidades fiscales.
La consellera destaca que la normativa ha conseguido el respaldo del sector, aunque la patronal APTUR critica su aplicación desigual por parte de algunos ayuntamientos. Eso sí, desde el Consell se insiste en que los pisos turísticos apenas representan el 1,7% del total de viviendas en la región, lo que, según ellos, desliga directamente esta actividad del problema del acceso a la vivienda.
Esta visión contrasta con la de otros gobiernos locales que sí establecen una relación directa entre el auge del alquiler turístico y la falta de viviendas disponibles para los residentes.
DISTINTOS CRITERIOS DENTRO DEL PP
Lo llamativo de este panorama es que las tres instituciones están gobernadas por el Partido Popular, lo que demuestra la existencia de enfoques radicalmente distintos dentro del mismo espacio político. En un momento en que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, la actitud de los distintos gobiernos municipales frente a los pisos turísticos se convierte en un factor clave.
El desafío, por tanto, no es solo legal o urbanístico, sino también político: regular el turismo sin matar la gallina de los huevos de oro, pero sin que esa gallina expulse a los vecinos de sus hogares. Y, por el momento, mientras algunas ciudades del PP dan ejemplo, otras siguen sin asumir su responsabilidad.
