La solidez institucional del PNV, forjada durante décadas al calor de una gestión técnica aparentemente impoluta, comienza a mostrar grietas preocupantes. Los recientes escándalos que vinculan al partido con adjudicaciones millonarias a empresarios cercanos, sin concurrencia real ni transparencia efectiva, podrían evidenciar la existencia un modelo clientelar sostenido en la opacidad, el amiguismo y la connivencia política.
El caso del Ayuntamiento de Beasain, gobernado por el PNV, ilustra a la perfección los presuntos vicios de este sistema. Allí, la empresa Montai fue adjudicataria de un contrato por casi medio millón de euros para el montaje de infraestructuras en eventos municipales, pese a haber obtenido cero puntos en la licitación.
La oferta no presentaba ni una mínima mejora económica, ni compromisos adicionales de mantenimiento o limpieza. Sin embargo, no solo se aceptó, sino que se formalizó y se hizo efectiva. La justificación fue simple: Montai, que ya fue acusada hace años por Podemos de formar parte de la red clientelar del PNV, era la única empresa presentada.
Lo que no se dice es por qué ninguna otra compañía se atrevió a competir. Detrás de Montai se encuentra Aitor Elorza, empresario y militante del PNV en Gipuzkoa. Elorza ha reconocido recientemente en sede judicial que su grupo de empresas utilizó mecanismos para burlar los límites legales en la adjudicación directa de contratos públicos, como el cambio de CIF entre sociedades del mismo entramado empresarial.
En Hondarribia, otro feudo tradicional del PNV, Montai y sus marcas asociadas facturaron cientos de miles de euros sin concurso durante años. El patrón se repite: adjudicaciones sin competencia y uso abusivo de contratos menores.
NAVARRA
Alegure, una sociedad sin empleados que, asociada con Acciona, se embolsó más de 600.000 euros en Navarra a través de unas obras del Gobierno foral liderado por la coalición Geroa Bai, que integra al brazo navarro del PNV. El caso Alegure, además, tiene ramificaciones inquietantes. Su constitución coincidió con la licitación de un colegio público por más de 3 millones de euros.
La compañía fue fundada por Iñaki Alzaga, presidente del Grupo Noticias, que es un conglomerado mediático alineado con el nacionalismo vasco y sostenido por subvenciones públicas.
Su socio en esa operación fue Antxon Alonso, empresario próximo a Santos Cerdán, presunto epicentro del llamado ‘caso Koldo’. Alzaga ha evitado dar explicaciones sobre su papel en esta operación, pero su entrada y salida exprés del proyecto, así como su posterior silencio, refuerzan la sospecha de un uso instrumental de la sociedad para acceder al negocio público sin controles.
Ante estas revelaciones, y pese a que el ‘caso Montoro’ cerca Génova 13 como antes lo hicieron Gürtel y tantos otros casos de corrupción, el Partido Popular no ha perdido el tiempo en articular una ofensiva política contra el PNV.
Javier de Andrés, su líder en Euskadi, acusa a los jeltzales de estar inmersos en una red de favoritismos. Y aunque el PNV ha intentado desmarcarse del ‘caso Koldo’ y sus conexiones con el PSOE, lo cierto es que las fronteras entre las redes empresariales de ambos partidos comienzan a difuminarse peligrosamente.
El partido de Alberto Núñez Feijóo intenta presentar al PNV como parte del ‘bloque de la corrupción socialista’, justo cuando necesita erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus apoyos parlamentarios.
La maquinaria mediática afín al PP ha multiplicado su atención sobre los negocios del nacionalismo vasco, mientras guarda silencio o minimiza escándalos similares en territorios gobernados por los populares.
El PNV, por su parte, se refugia en el victimismo, denunciando una ‘guerra sucia’ mediática impulsada desde Madrid. Y aunque es cierto que el aparato de propaganda del PP ha encontrado en estos casos un filón para su cruzada contra el bloque de investidura, esto no exime a los jeltzales de responsabilidades.
