La gran ola de calor que ha azotado al País Vasco en los últimos días ha revelado, una vez más, las profundas fallas en la gestión del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha levantado la voz de alarma ante una situación que califica de “grave” e “insostenible”: agentes de la Ertzaintza se ven obligados a patrullar bajo temperaturas extremas, que han alcanzado picos de 50 grados en Bilbao, sin que la Administración garantice su derecho básico a una hidratación adecuada. La denuncia del sindicato no solo expone un problema logístico, sino que destapa una preocupante falta de consideración hacia la salud y seguridad de los agentes, a quienes, según el Si.P.E., el Gobierno está “despreciando” y “poniendo en riesgo” de manera irresponsable.
La indignación de los ertzainas no es un hecho aislado, sino la culminación de un patrón de desidia institucional. La respuesta del Departamento de Seguridad ante la ola de calor ha sido, según el sindicato, una mezcla de “ambigüedad” e “ineficacia”. Se han emitido instrucciones vagas que se limitan a sugerir que “el que necesite agua que la pida”, una fórmula que el Si.P.E. considera “impracticable” y un insulto a la inteligencia. “Como si garantizar la hidratación de los agentes fuese un privilegio y no una obligación básica de la Administración”, sentencian desde el sindicato. Este enfoque, lejos de resolver el problema, lo agrava. En el terreno, bajo el sol abrasador, no siempre es posible detenerse para solicitar agua; la distribución, insisten, debería ser “general y asegurada para todos los agentes, sin excepciones”.
La situación ha revivido el fantasma de anteriores crisis de gestión. El Si.P.E. recuerda el episodio de los mosquitos tigre, donde la solución oficial fue distribuir repelentes en las comisarías, pero nunca se aseguró que estos llegaran a quienes más los necesitaban: los agentes de calle. Este precedente, advierten, demuestra un patrón de desconexión entre las decisiones administrativas y la cruda realidad del trabajo policial. No basta con almacenar recursos; la verdadera responsabilidad reside en asegurar que estos lleguen a su destino de manera oportuna y efectiva. La salud de los ertzainas no puede depender de la burocracia ni de la “suerte”.
UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Más allá de la denuncia sindical, la problemática adquiere una dimensión de salud pública. Exponer a los agentes a temperaturas tan elevadas sin una hidratación adecuada no solo pone en riesgo su integridad física –con el peligro de golpes de calor, deshidratación y desmayos– sino que también compromete su rendimiento operativo. Un agente deshidratado es un agente menos eficaz, lo que podría tener consecuencias directas en la seguridad ciudadana. En palabras del Si.P.E.: “en jornadas con temperaturas históricas, los ertzainas están trabajando sin posibilidad de hidratarse de manera adecuada, con el consiguiente riesgo para su salud, para su rendimiento y, en última instancia, para la seguridad ciudadana que deben garantizar”.
La irresponsabilidad de la gestión actual se manifiesta en su enfoque. Las botellas de agua se han acumulado en las dependencias policiales, pero rara vez se distribuyen entre las patrullas que están en la calle, sufriendo en primera persona las consecuencias del calor extremo. El sindicato acusa al Gobierno de descargar la responsabilidad en los propios agentes, una estrategia que tachan de “absoluta irresponsabilidad”. A su juicio, es el Gobierno Vasco quien tiene la obligación de garantizar una distribución “equitativa, eficaz y automática” de los recursos, sin que nadie tenga que reclamarlos.
DEL COMUNICADO A LA ACCIÓN: AMENAZA DE MOVILIZACIONES
La paciencia del Si.P.E. se ha agotado. El sindicato ha advertido que no se quedará “de brazos cruzados” ante lo que percibe como un desprecio sistemático. Si la situación no cambia de forma inmediata, están preparados para escalar el conflicto. El sindicato ha puesto sobre la mesa la posibilidad de “movilizaciones, concentraciones y acciones sindicales contundentes” para exigir condiciones de trabajo “dignas” y el respeto que, consideran, la plantilla merece. La salud de los ertzainas, subrayan, “no se negocia, se garantiza”.
Esta amenaza de conflicto no es una bravata, sino un grito de auxilio de un colectivo que se siente abandonado. El comunicado concluye con un claro ultimátum al Gobierno Vasco y al Departamento de Seguridad: deben dejar de lado la “política de parches y órdenes vagas” y adoptar “medidas reales, claras y efectivas” para proteger a los ertzainas. Hacer lo contrario, advierten, equivale a “dar la espalda a quienes cada día ponen en riesgo su vida por la seguridad de todos los vascos”. La situación es crítica y, si no se toman medidas drásticas, el conflicto está servido.
