Un nuevo escándalo de presunta malversación y adjudicación a dedo vuelve a salpicar al PSOE y dar munición al PP contra los socialistas. Esta vez esta supuesta trama ha sacudido la tranquilidad de la localidad murciana de Calasparra. Allí, el grupo municipal del Partido Popular ha destapado supuestamente la adjudicación de un contrato menor de 9.680 euros por un «informe sobre la radio municipal» y la «grabación y edición de sintonías», un trabajo que, según denuncian los populares, nunca se realizó. Lo más grave, aseguran, es que el contrato fue concedido a una empresa con vínculos directos con altos cargos del PSOE, lo que levanta serias sospechas sobre el uso de fondos públicos.
El contrato, tramitado con una rapidez inusitada, ha sido calificado como «exprés» por la oposición. El Ayuntamiento de Calasparra adjudicó el servicio a la sociedad Comunicaciones y Producciones del Sureste S.L. en tan solo 48 horas, y supuestamente, la ejecución del trabajo se habría completado en un solo día, el 5 de abril de 2024. Sin embargo, tras meses de insistencia por parte del PP, ni el informe ni los audios han aparecido.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA CON RASTRO OPACO
La factura proforma, emitida el 27 de marzo de 2024, supuestamente detalla los conceptos por los que se pagaron casi 10.000 euros, una cifra que rozaba el límite legal de los contratos menores para evitar la competencia pública y la transparencia de una licitación abierta. La única factura emitida por esta empresa en los primeros cuatro meses del ejercicio fiscal ha incrementado las sospechas sobre la operación, que podría no ser más que una manera de desviar dinero público.
La opacidad del caso, según los populares, se ha hecho evidente a medida que la investigación del PP avanzaba. Tras solicitar por escrito en ocho ocasiones el acceso al supuesto informe y a las sintonías, la respuesta oficial brilló por su ausencia. Según fuentes de secretaría del Ayuntamiento, se ha reconocido que en el expediente no consta ningún informe ni archivo de audio, y que “se preguntará a la concejalía responsable” para dar una explicación. Desde la propia emisora municipal, confirman que ningún representante de la empresa adjudicataria ha visitado las instalaciones ni se ha entregado material alguno. Un hecho que, si se confirma, haría que este contrato fuera completamente ficticio.

CONEXIÓN SOCIALISTA
El rastro de la adjudicación lleva directamente a las cúpulas del PSOE. La empresa en cuestión, Comunicaciones y Producciones del Sureste S.L., fue constituida en 2023 y tiene como administrador único a Rafael de Paco López, ex Director de Comunicación del PSOE en la Región de Murcia y ex Jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno durante el mandato de Pepe Vélez, exalcalde socialista de Calasparra que actualmente está procesado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
La prensa regional describe a De Paco como «el hombre de máxima confianza de Pepe Vélez». La coincidencia temporal entre la creación de la sociedad, que no consta que tenga plantilla, sede operativa o historial de adjudicaciones, y su rápida obtención de un contrato municipal, alimenta los interrogantes. A juicio del PP de Calasparra, la alcaldesa Teresa García tiene la obligación de dar una explicación pública a todos los ciudadanos sobre esta operación.

INDICIOS DE CORRUPCIÓN
El Partido Popular de Calasparra advierte que el caso puede presentar indicios claros de irregularidad y podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. La lista de sospechas es larga: el pago de casi 10.000 euros por un servicio inexistente, la adjudicación directa a dedo, los evidentes vínculos políticos entre el adjudicatario y destacados dirigentes socialistas, y la posibilidad de que se haya certificado oficialmente la recepción de un trabajo que nunca se ejecutó.
La falta de transparencia por parte del equipo de gobierno, que ha ignorado las repetidas peticiones de información de la oposición durante más de un año, no hace sino incrementar las sospechas. Esta actitud, según el PP, demuestra que el PSOE de Calasparra no tiene interés en aclarar un asunto que afecta directamente a la gestión del dinero de los vecinos.

Para el PP, la pregunta es inevitable: ¿realmente la radio municipal necesitaba este servicio o se trató de una operación diseñada para adjudicar un contrato a una empresa afín al equipo de gobierno? La coincidencia de los plazos, el perfil del adjudicatario y la ausencia de resultados palpables alimentan las sospechas sobre la verdadera motivación de este contrato.
El Partido Popular exige explicaciones públicas, que se depuren responsabilidades políticas y administrativas y, si fuera necesario, trasladarán el caso a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas para que investiguen lo ocurrido. Califican el caso como «un insulto a los vecinos de Calasparra», y no descansarán hasta que se aclaren los hechos y se determinen si se han producido irregularidades con los fondos públicos.