El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dirige José Manuel Alabres, ha puesto de manifiesto un compromiso creciente con la acción humanitaria, consolidando su papel en el escenario internacional. En los últimos cinco años, el presupuesto destinado a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se ha triplicado, pasando de 44,61 millones de euros en 2019 a superar los 133 millones en 2024. Este notable incremento, que representa un 7,4% más que en 2023, refleja una priorización clara de la ayuda humanitaria en la política exterior española.

En total, durante 2024, España ha canalizado más de 181 millones de euros a través de diversas vías, mayoritariamente mediante la AECID, para hacer frente a las urgencias humanitarias globales. Esta evolución posiciona a España entre los 25 principales donantes humanitarios del mundo, con la expectativa de mantener una trayectoria de crecimiento sostenido, tal y como lo estipula la reciente Ley 1/2023 de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. El objetivo es claro: fortalecer la capacidad de respuesta del país ante un panorama mundial cada vez más complejo y necesitado.

LA SOLIDARIDAD ESPAÑOLA COMO EJE DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Albares ha subrayado la trascendencia de esta apuesta. En sus declaraciones, el ministro socialista enfatizó que «la acción humanitaria no solo es una prioridad de la política exterior española, sino también una expresión de la solidaridad de la sociedad española y una herramienta clave para construir un mundo más seguro, justo y sostenible«. Esta visión va más allá de la mera asistencia, concibiéndola como un pilar fundamental para la estabilidad global y la promoción de los valores democráticos.

La intervención humanitaria española se ha desplegado en los epicentros de las crisis más acuciantes de nuestro tiempo, abarcando escenarios tan complejos como Gaza, Ucrania o Sudán. Sin embargo, la acción de la AECID no se limita a los focos mediáticos; también extiende su brazo a emergencias menos visibles pero igualmente devastadoras, como las que azotan a Haití o Mali. A lo largo de 2024, la AECID también ha respondido con celeridad a diversas emergencias imprevistas, como el huracán Beryl y la persistente crisis migratoria en Centroamérica, movilizando equipos especializados como el START (Spanish Technical Aid Response Team), una de las herramientas más valiosas de respuesta rápida. En total, la AECID destinó en 2024 15 millones de euros específicamente a intervenciones de emergencia.

La acción humanitaria se rige por principios inquebrantables: neutralidad, imparcialidad e independencia. Su misión primordial es salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad humana en situaciones de crisis, ya sean desencadenadas por conflictos armados o desastres naturales. Esto implica garantizar el acceso universal a bienes y servicios esenciales como alimentos, agua potable, refugio seguro, atención médica vital, protección física y psicológica, y la continuidad de servicios básicos como la educación en los contextos más adversos.

PREOCUPACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El año pasado marcó un hito sombrío: fue el más mortífero desde que hay registros para los trabajadores humanitarios, con un trágico balance de 377 muertes en todo el mundo. Gaza, Sudán o Ucrania son solo algunos de los lugares donde la valentía de estos profesionales se ha cobrado el precio más alto. Ante este dramático escenario, el Ministerio de Exteriores ha reiterado su firme defensa del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de todos los actores y en todos los contextos. La protección de la población civil y del personal humanitario se erige como una prioridad innegociable, en un momento en que su labor es, más que nunca, indispensable.

La magnitud de la necesidad humanitaria global es alarmante. Actualmente, más de 300 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el mundo. Esta cifra se ha casi duplicado en los últimos cinco años, una escalada atribuible al impacto combinado de más de 130 conflictos armados activos y los devastadores efectos del cambio climático. Paralelamente, el número de personas desplazadas forzosamente ha superado los 123 millones, marcando el mayor registro histórico. Para afrontar esta demanda sin precedentes, España no solo canaliza recursos directos, sino que también desarrolla activas acciones de diplomacia humanitaria, tanto en el ámbito bilateral como a través de la Unión Europea, buscando movilizar voluntades y recursos a nivel global.

PARAMETROS DEL PRESUPUESTO HUMANITARIO ESPAÑOL

La asignación presupuestaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a la AECID obedece a una serie de parámetros y criterios estratégicos, diseñados para optimizar la eficacia de la ayuda. Si bien las cifras exactas varían anualmente, los principales factores que modulan esta distribución son:

• El Plan Director de la Cooperación Española: Este documento no es solo una declaración de intenciones, sino el instrumento estratégico fundamental que vertebra la política de cooperación para el desarrollo de España. En él se establecen las prioridades geográficas, sectoriales y de género, constituyendo la hoja de ruta ineludible para la distribución de los fondos gestionados por la AECID. Es la brújula que orienta cada euro invertido.
• Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): El presupuesto de la AECID es una pieza clave dentro del engranaje de la AOD española. Su objetivo es acercarse a los compromisos internacionales en esta materia, especialmente la meta del 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) dedicada a la cooperación. La AECID juega un papel esencial en el esfuerzo colectivo del país para cumplir con esta ambiciosa promesa.
• Necesidades y prioridades geográficas: Los fondos se asignan de forma preferente a aquellas regiones y países que son socios históricos o que presentan las necesidades más acuciantes, identificadas en el marco de la Cooperación Española. Tradicionalmente, una parte sustancial de los recursos se ha dirigido a América Latina y el Caribe, África Subsahariana y los países del Mediterráneo, en base a lazos culturales, históricos, la situación socioeconómica y las necesidades locales.
• Criterios temáticos y sectoriales: Más allá de la geografía, los fondos se destinan a áreas de intervención específicas que el Gobierno considera prioritarias para el desarrollo global. Entre estas áreas estratégicas destacan:
  • Acción humanitaria: Con un notable y creciente aumento presupuestario, respondiendo a la escalada de crisis y emergencias.
  • Género: Una partida cada vez más significativa se dedica a iniciativas que fomentan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, reconociendo su papel transformador.
  • Desarrollo sostenible y ODS: La alineación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un criterio transversal y fundamental para la asignación de recursos a proyectos específicos, garantizando un enfoque holístico.
• Modalidades de financiación: El presupuesto se canaliza a través de un abanico diverso de herramientas y programas, diseñados para maximizar el impacto de la ayuda. Estos incluyen:
  • Subvenciones y ayudas: La AECID convoca anualmente subvenciones para proyectos implementados por organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y otros actores clave como universidades o empresas, que trabajan sobre el terreno.
  • Contribuciones a organismos multilaterales: Una parte esencial del presupuesto se destina a la financiación de organizaciones internacionales de desarrollo, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprovechando su alcance global y su experiencia.
  • Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE): Este es un instrumento financiero estratégico que permite la concesión de créditos y préstamos a proyectos de desarrollo en países socios, promoviendo la inversión y el crecimiento sostenible.

En definitiva, la distribución presupuestaria de la AECID es un proceso intrincado y altamente estratégico, que fusiona prioridades políticas, compromisos internacionales, las necesidades específicas de los países socios y la búsqueda constante de una mayor eficacia y eficiencia en la ayuda al desarrollo.

INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

A pesar de los recientes avances, la política de cooperación española no está exenta de críticas. Durante años, la principal objeción ha sido la falta de inversión sostenida en cooperación. Aunque España ha asumido compromisos internacionales, como el objetivo del 0,7% de la RNB a la AOD, el presupuesto real ha estado históricamente por debajo de lo prometido. Los incrementos recientes, aunque significativos, son percibidos por muchos como insuficientes ante los gigantescos desafíos globales. Esto no solo merma la capacidad de acción de la AECID, sino que también genera dudas sobre el compromiso político a largo plazo de España con el desarrollo.

Existe una brecha notable entre el compromiso y la realidad de las cifras. Las organizaciones de la sociedad civil y los expertos en cooperación han señalado reiteradamente que, si bien el discurso político enfatiza la importancia de la cooperación y su alineación con la Agenda 2030 y los ODS, las asignaciones presupuestarias no siempre lo respaldan con la fuerza necesaria. A esta disparidad se suma la volatilidad del presupuesto: las asignaciones han fluctuado de manera significativa en el pasado, una inestabilidad que dificulta la planificación de proyectos a largo plazo y la ejecución de programas de desarrollo sostenibles, impactando negativamente en la eficacia de la ayuda.

Las críticas también se extienden a la gestión y la eficacia de la ayuda. Un punto recurrente es la fragmentación de la AOD. La AECID no gestiona la totalidad de la ayuda oficial al desarrollo; una parte considerable se distribuye a través de otros ministerios. Esta dispersión puede obstaculizar la coherencia y la coordinación de la política de cooperación española en su conjunto, generando duplicidades o mermando la visión estratégica.

Una queja persistente es la falta de un «libro blanco» oficial que ofrezca un desglose claro y detallado de cómo se distribuye la AOD entre los diferentes ministerios. Esta ausencia de transparencia impide un análisis completo y una rendición de cuentas efectiva sobre la política de cooperación española y el impacto real de sus intervenciones. Además, algunos análisis sugieren que, incluso cuando el presupuesto aumenta, este no siempre va acompañado de un incremento proporcional en el personal técnico de la AECID, lo que puede limitar la capacidad operativa de la agencia para gestionar eficazmente los proyectos y los fondos. La burocracia y la lentitud en los procesos de aprobación y desembolso de las ayudas son otras quejas habituales que afectan la agilidad y la respuesta en situaciones de emergencia.

En resumen, las deficiencias no radican en un único punto, sino en una compleja interacción entre la discrepancia entre las aspiraciones políticas y la realidad presupuestaria, así como en los retos estructurales de coordinación y transparencia que, si no se abordan, pueden impedir que la ayuda de España sea tan eficaz y transformadora como podría y debería ser. La duplicación del presupuesto es un paso fundamental, pero la optimización de su gestión y la superación de las barreras burocráticas serán cruciales para asegurar el máximo impacto de la solidaridad española en un mundo que clama por asistencia.