El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha su maquinaria interna a raíz de una queja formal presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, conocido por la investigación que mantiene abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se enfrenta ahora a una diligencia informativa, un procedimiento habitual en el seno del CGPJ para determinar si las actuaciones de un juez ameritan una investigación disciplinaria más profunda.
La noticia, desvelada por ‘El Confidencial’, sitúa el foco en el polémico interrogatorio al que Bolaños fue sometido el pasado 16 de abril. El ministro, citado como testigo en la causa de Begoña Gómez, declaró desde su despacho en Moncloa, lugar al que se desplazaron Peinado y su equipo. Lo que debía ser una declaración protocolaria se convirtió en un tenso careo, con el juez reprochando a Bolaños que contestara con «evasivas» y llegando a cuestionar su actitud en varios momentos.
«Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso»
Según los audios, el juez Peinado advirtió al ministro que se vería «obligado» a organizar un careo para contrastar sus respuestas. «Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso», replicó Bolaños, a lo que el magistrado insistió en que sus respuestas no podían basarse en «creencias», sino en «conocimientos».
El momento de mayor tensión se produjo cuando el juez, al ver que el ministro esbozaba una sonrisa, le interpeló: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa». La respuesta de Bolaños fue directa: «Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa». El magistrado concluyó el incidente diciendo que quizá el ministro «no está habituado a un interrogatorio».
DOS DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO HABITUAL
La queja de Bolaños contra el juez Peinado no es una, sino dos. La primera denuncia fue presentada el 4 de junio, y la segunda, el 29 de julio, después de que el Tribunal Supremo archivara la exposición razonada que Peinado había enviado contra el ministro. En dicha exposición, el magistrado pedía investigar a Bolaños por presuntos delitos de malversación, en relación con el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en 2018, y de falso testimonio.
Fuentes ministeriales han revelado que la intención de Bolaños no era hacer pública su queja, sino que sus denuncias sirvieran para corregir «comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la justicia». Esta discreción, sin embargo, no impidió que el propio juez Peinado hiciera referencia al procedimiento en el auto del pasado lunes, en el que imputó un delito de malversación a Begoña Gómez y la citó a declarar en septiembre.
En esa resolución, el instructor afirmó haber tenido conocimiento de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, mantiene diligencias informativas en su contra, aunque no especificó quién había presentado la queja. Asimismo, el juez aprovechó para señalar que aún no ha recibido notificación oficial de la decisión del Supremo de archivar su exposición razonada.
UN INTERROGATORIO LLENO DE FRICCIONES
El interrogatorio, que forma el núcleo de la queja del ministro, se centró en la figura de Cristina Álvarez y el nombramiento como asesora de la mujer del presidente. Bolaños se desligó del proceso, pero defendió la legalidad de la designación.
El juez Peinado, sin embargo, se mostró insatisfecho con las respuestas del ministro, a quien le reprochó en varias ocasiones su forma de contestar. El magistrado le preguntó si estaba seguro de sus respuestas o simplemente «creía» en la veracidad de lo que afirmaba, a lo que Bolaños respondía: «Creo que se ajusta a la realidad».
«Vamos a ver, una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos», le interrumpió el juez, a lo que el ministro le pidió que no le interrumpiera. El magistrado continuó, insistiendo en que los testigos debían basarse en «conocimientos», no en «suposiciones o creencias», y que el modo de contestar del ministro era «una forma de contestar con evasivas que la ley del procedimiento criminal contempla como negarse a conocer».
Esta tensa confrontación subraya las fricciones existentes entre el poder judicial y el ejecutivo, evidenciando las complejidades y sensibilidades que rodean un caso que ha captado la atención mediática y política. Con las diligencias informativas en curso, el CGPJ deberá determinar si el juez Peinado cruzó la línea de lo apropiado durante el interrogatorio, un paso que podría tener consecuencias disciplinarias para el magistrado en el futuro.
