Lejos de la supuesta tranquilidad que tradicionalmente ha caracterizado el mes de agosto en la agenda mediática, los periodistas de tribunales en España se enfrentan a una semana de intensa actividad. Dos de los casos más sonados de los últimos meses, el caso Begoña Gómez y el caso Koldo, han vuelto a primera plana, obligando a despachos y redacciones a trabajar a pleno rendimiento mientras el resto del país disfruta de sus vacaciones.
La atención se ha centrado en el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto nuevas diligencias informativas contra él, sumándose a las quejas ya existentes por parte del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Esta nueva investigación disciplinaria, confirmada por diversas fuentes jurídicas, se ha incoado a raíz de una queja presentada por el diputado socialista Guillermo Hita.
La denuncia de Hita acusa a Peinado de “dejación de deberes” en un procedimiento por presunta malversación de fondos en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. Según la acusación, el juez archivó la causa después de que expirara el plazo de instrucción, a pesar de que las acusaciones populares, ejercidas por Más Madrid y Podemos, habían solicitado la prórroga con suficiente antelación. En concreto, la investigación se centraba en un supuesto sobreprecio pagado al medio digital Okdiario por la organización de unas jornadas sobre movilidad. La causa, iniciada en mayo de 2023, fue archivada en un auto del 9 de julio de este año, tres semanas después de que el magistrado, por un aparente error, intentara prorrogarla fuera del plazo legal.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha solicitado las alegaciones del juez Peinado para decidir si el caso amerita la apertura de un expediente sancionador o si, por el contrario, se archiva la queja. Esta es la tercera vez que el magistrado es investigado por el CGPJ. Las dos anteriores diligencias fueron abiertas tras las quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños, una a raíz del interrogatorio a Bolaños como testigo y la otra por la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo en el marco de la investigación que Peinado dirige contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
EL ‘CASO KOLDO’ SIGUE SU CURSO: TURNO PARA JÉSICA RODRÍGUEZ
En un frente judicial completamente distinto, pero igualmente mediático, el caso Koldo continúa avanzando. Desde la Audiencia Nacional, el juez instructor ha recibido información crucial sobre los pagos realizados a Jésica Rodríguez, la expareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Las empresas públicas Tragsatec e Ineco han aportado la documentación requerida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2, a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La información, detallada en los documentos aportados, revela que Rodríguez recibió un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada en ambas compañías. Tragsatec confirmó haberle abonado 9.500,54 euros brutos entre marzo y septiembre de 2021. Por su parte, Ineco precisó que pagó 34.477,86 euros entre marzo de 2019 y diciembre de 2021.
Estas cifras adquieren una relevancia particular al contrastarse con las declaraciones que la propia Rodríguez hizo ante el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero. En su declaración como testigo, Jésica Rodríguez reconoció que, pese a haber recibido un salario, no llegó a realizar trabajo alguno en dichas compañías durante el tiempo que duraron sus contratos. Esta contradicción entre los pagos recibidos y la ausencia de trabajo efectivo es uno de los puntos clave que la investigación está intentando dilucidar, buscando determinar si su contratación fue un favor o una contraprestación en el marco de la presunta trama de corrupción que se investiga.
Mientras los focos mediáticos se dividen entre las diligencias del CGPJ contra el juez que investiga a Begoña Gómez y las revelaciones del caso Koldo, la actividad en los juzgados de Madrid y de la Audiencia Nacional no cesa. El verano de 2025 se ha convertido en un periodo atípico y frenético para la justicia española, que afronta algunas de las causas más sensibles y complejas de la política del país, con un otoño caliente a la vuelta de la esquina y que dará mucho que hablar y que escribir.
