En esta semana, de gran movimiento judicial para ser agosto, la investigación sobre la llamada «trama Ábalos» que muto al ‘caso Koldo’ ha puesto el foco en una colaboradora estrecha del exministro, Jéssica Rodríguez, a quien se le atribuye haber recibido cerca de 44.000 euros de fondos públicos de manera presuntamente irregular. Concretamente a través de nóminas de empresas del ente público sin haber trabajado en ellas ningún día, según investigaciones de la Guardia Civil.
En este sentido, en un oficio judicial del Juzgado Central de Instrucción n.º 002, al que ha tenido acceso este medio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado certificaciones de pagos de las empresas públicas TRAGSATEC e INECO a la investigada.
La documentación revela que Jéssica Rodríguez García cobró 9.500,54 euros brutos de TRAGSATEC por una relación laboral que se extendió desde marzo hasta septiembre de 2021. Además, INECO le transfirió otros 34.477,85 euros. En total, la suma de los pagos asciende a 43.978,39 euros.
La Guardia Civil sostiene que estos pagos son parte de un «trato de favor» y que la contratación de Rodríguez se debió a su «relación particular» con el exministro, sin que se haya justificado la realización de trabajos para las cantidades recibidas. Las acusaciones no se limitan a los pagos, ya que se le investiga por presunta malversación continuada. El sumario del caso detalla que la trama también le habría pagado el alquiler de un piso de lujo en la capital y le habría proporcionado dinero en efectivo y viajes.
CASO KOLDO
Cabe recordar que Los tentáculos del «caso Koldo» se extienden hasta el entorno más cercano del exministro José Luis Ábalos, revelando una red de favores que habría beneficiado a Jéssica Rodríguez García, una mujer con quien, según las investigaciones, mantenía una «relación particular». Un oficio procedente del Juzgado Central de Instrucción n.º 002, en el marco de las Diligencias Previas n.º 65/2023, ha sacado a la luz la presunta malversación de fondos públicos a través de contrataciones y otros beneficios que la joven habría recibido sin que existiera justificación laboral.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su lucha contra la corrupción, solicitó a las empresas públicas TRAGSATEC e INECO toda la documentación de los pagos realizados a Rodríguez. La respuesta no se hizo esperar, y la información recopilada en este expediente judicial es contundente. El juez Ismael Moreno, que lidera la causa, ya ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal y del resto de las partes personadas las certificaciones que detallan los movimientos de dinero.
De acuerdo con los documentos oficiales, Jéssica Rodríguez García recibió un total de 43.978,39 euros de dinero público. Este monto se desglosa en dos fuentes principales, confirmando las sospechas de los investigadores. Por un lado, la Subdirectora de Organización y Administración de Recursos Humanos del Grupo TRAGSA, D.ª Raquel Yagüe Moreno, certifica que Rodríguez mantuvo una relación laboral con la empresa desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de 2021. Durante ese periodo de seis meses, percibió 9.500,54 euros brutos. La certificación detalla los conceptos: 6.138,48 euros de salario base, 1.178,62 de plus de convenio, una paga extra de junio, liquidaciones de pagas y vacaciones, y una indemnización por fin de contrato. Una lista exhaustiva de conceptos que, sin embargo, contrasta con las acusaciones de la Guardia Civil de que su actividad laboral era «nula».
El otro gran pagador fue INECO, la empresa pública de ingeniería de la que Rodríguez cobró 34.477,85 euros. Este pago, que supera con creces el de TRAGSATEC, ha levantado sospechas adicionales sobre la supuesta inactividad laboral de la mujer. La propia Jéssica Rodríguez, en su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que no acudía a trabajar en estas empresas y que sus gestiones de contratación las había realizado a través del hermano de Koldo García, Joseba. Unas declaraciones que, lejos de desvincularla, han abierto nuevas líneas de investigación.
ACUSACIONES MÁS ALLÁ DE EMPRESAS PÚBLICAS
Las acusaciones contra Jéssica Rodríguez no se limitan a los sueldos en empresas públicas. La Guardia Civil y diversas fuentes periodísticas sugieren que fue una «partícipe a título lucrativo» de la presunta malversación de caudales públicos. El sumario del caso revela una serie de «beneficios indebidos» que la trama habría puesto a su disposición. El más notorio es el pago del alquiler de un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid, cuyo coste mensual era de 2.700 euros. Se ha documentado que este alquiler lo pagaban inicialmente personas vinculadas al empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados.
Mensajes de audio y de texto intervenidos en el marco de la investigación muestran las tensiones que surgieron a raíz de estos pagos. Rodríguez se quejaba a Koldo García de que se iba a quedar «en la puta calle» si los pagos del piso cesaban. En un mensaje que envió tras ser desalojada del apartamento, increpó a Koldo con un contundente: «En esta mierda me has metido con el puto piso». Estos intercambios demuestran su conocimiento de la situación y la dependencia que tenía de los favores de la red.
Adicionalmente, se ha revelado que Rodríguez acompañó a Ábalos en viajes oficiales, como un desplazamiento a Moscú, por los que presuntamente cobraba un extra, además de recibir dinero en efectivo. La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que ha impulsado la investigación, considera que la contratación en empresas públicas era parte de un entramado mucho mayor para beneficiar al entorno más cercano del exministro. Aunque Jéssica Rodríguez negó haber pedido un trato de favor, la evidencia presentada por la UCO en el expediente judicial sugiere lo contrario. La investigación continúa en curso para determinar el alcance total de la implicación de todos los actores en esta compleja trama.
