Hace apenas una semana el juez Juan Carlos Peinado decidió imputar un nuevo delito a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, malversación de caudales públicos. En total la mujer de Sánchez acumula cinco delitos, que sumados supondrían hasta 17 años de cárcel, un panorama que se antoja difícil pero no del todo imposible. En cualquier caso, es posible que en septiembre el juez Peinado decida dar por finalizada la instrucción y mande el asunto a la Audiencia Provincial de Madrid para que, siguiendo el procedimiento, decida la apertura de un juicio oral.
El pasado 18 de agosto el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la investigación contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional sumaba el delito de malversación, el más grave de todos por la pena que contempla, hasta seis años de cárcel.
NUEVO DELITO PARA BEGOÑA GÓMEZ
La imputación de este nuevo delito de malversación llega después de que Peinado rechazase incluir tanto a Begoña Gómez como a su asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, como investigadas por este hecho. Sin embargo, ahora, con el plazo de investigación cercano a prescribir Peinado decide incluir a las dos. De hecho, cita a declarar a Cristina Álvarez para el próximo 10 de septiembre a las 11 de la mañana y a Begoña Álvarez el día siguiente, 11 de septiembre, a las 10 y media de la mañana.
El 20 de enero de 2025 el partido político VOX presentaba una querella contra ambas mujeres y el delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín, ex jefe del Gabinete de Presidencia, por malversación de caudales públicos. La querella cayó por turno de reparto en el juzgado de instrucción 7 que se inhibió del asunto a favor del juzgado de Peinado.
Pero Juan Carlos Peinado solo admitió a trámite la querella en el caso de Francisco Martín y desestimó la parte de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez.
NUEVAS IMPUTADAS
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, el 12 de junio de 2025, se preguntaba «respecto de la investigada Cristina Álvarez ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?, la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada (Begoña Gómez) en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».
Sin embargo, el juez estima ahora que sirve como ejemplo de estos indicios «la declaración del vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos».
El juez también constata la existencia de «un email dirigido a la Directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster, lo que parece exceder claramente sus funciones».
Todos esos datos serían, a juicio del juez instructor, «suficientes, en este momento procesal, de los que podría también deducirse la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración».
De esta manera Peinado apuntala un nuevo delito contra Begoña Gómez y «procede continuar con la investigación oportuna, en la pieza separada 08/2025 de las diligencias previas 1146/2024 seguidas en este juzgado». Es decir, aunque la investigación principal deba ser concluida Peinado se reserva la caducidad más tardía de la instrucción de la pieza separada relativa a Cristina Álvarez.
Los hechos primarios por los que comenzó la investigación contra Begoña Gómez fue por la firma de dos cartas de recomendación a empresas del Grupo Barrabés en UTE con Innova Next para que acudieran a licitaciones públicas, alguna de ellas investigadas por la Fiscalía Europea al haber recibido ayudas de fondos Next Generation.
El delito de apropiación indebida se refiere a la presunta apropiación de una patente del software desarrollado para el máster que Gómez impartía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de Transformación Social Competitiva (TSC). Respecto al delito de de intrusismo laboral parece claro que Gómez no disponía de la titulación universitaria necesaria para impartir ni codirigir un máster. Estos dos nuevos delitos fueron incluidos a petición de la acusación popular de Hazte Oír.
Hay quienes opinan en fuentes jurídicas que el juez Peinado, que se jubila en 2026, quiere acelerar la instrucción de este caso, como un broche a su larga carrera de juez instructor y dejar todo bien atado para enviar el caso a la Audiencia Provincial que deberá pronunciarse sobre la apertura de un más que posible juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno.
