Una de las acusaciones populares en el Caso Leire ha reclamado al juzgado de Instrucción 9 de Madrid que instruye las denuncias contra Leire Díez, ex militante del PSOE descubierta cuando trabajaba como «fontanera» del partido para intentar desacreditar las acusaciones en varios casos, que afectan al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, los 140 archivos entregados en un pendrive por la periodista a, supuestamente, Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista, en la sede nacional del PSOE.
En concreto, la acusación de Hazte Oír, reclama esta documentación por dos vías diferentes, de una parte pide que se libre oficio a la «Fiscalía para que aporte la información y documentos así como las grabaciones y demás archivos digitales que contiene el dispositivo USB y otros dispositivos que le fuera facilitado por el PSOE y que supuestamente contiene las grabaciones y material que le facilitó al mismo la propia investigada María Leire Díez Castro».
Asimismo, Hazte Oír, reclama que «se requiera al PSOE para que aporte la información y documentos que le pudiera haber entregado María Leire Díez Castro, así como cualquier posible copia que hubiera podido realizar tanto de dicha documentación como del pendrive o dispositivos en los que se contenían las grabaciones y demás archivos digitales y que les fue entregado por la propia investigada María Leire Díez Castro».
La acusación popular pide al juzgado que remita toda esa información a los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elaboren un informe «en relación a su contenido y los hechos aquí investigados, así como concrete las fechas y metadatos de cada archivo y proceda a comparar si las copias son idénticas o se han realizado modificaciones de cualquier tipo».
También piden al juzgado que se intervengan los dispositivos móviles de Leire Díez y sus correos electrónicos «utilizados por la investigada entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025» y que, de nuevo, sea la UCO quien indague en esa posibilidad. Asimismo, la asociación pide que el PSOE informe sobre la relación de la ex militante con el partido, «si fue afiliada, ocupó cargo orgánico, fue contratada, si hubo pago de alguna contraprestación económica por sus posibles servicios y en su caso el importe de los mismos, las fechas de pago (…)», según el mismo escrito.
Respecto a la petición que se hace al PSOE, argumenta Hazte Oír que «el pasado 3 de junio la investigada acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz para entregar un dispositivo USB con 224 gigabytes, conteniendo el mismo las informaciones y grabaciones por ella recabadas sobre diversos fiscales y jueces relacionados con los procedimientos penales que afectan a los intereses del partido (…)».
La acusación popular califica la adopción de la medida de intervención de los dispositivos móviles de Leire Díez de «urgente» y argumenta que «teniendo en consideración que la declaración de la investigada no se realizará hasta el 11 de noviembre de 2025, resulta evidente que no recabar información de sus dispositivos y correos facilitaría que ésta proceda al borrado de evidencias fundamentales para la investigación, dificultando así la misma» y ponen como ejemplo el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, diciendo que «el propio Fiscal General del Estado (…) procedió al borrado de sus dispositivos, dificultando de forma relevante el desarrollo de la investigación. Pues bien, entiende esta parte que resulta necesario llevar a cabo las actuaciones necesarias para evitar que un caso así se repita en esta causa» y desarrollan los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada.
LA «FONTANERA» CITADA EN NOVIEMBRE
Hay que recordar que el juez Arturo Zamarriego, titular del juzgado de Instrucción 9 de Madrid, citó el próximo 11 de noviembre como investigada a la ex militante del PSOE Leire Díez por los audios en los que se la escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción al apreciar presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El titular del Juzgado de Instrucción9 de Madrid llama como testigos el mismo día al abogado Jacobo Teijelo -que actualmente defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán-, al empresario Javier Pérez Dolset y al comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’ Rubén Villalba.
De esta forma, el juez admite a trámite -como pidió la Fiscalía- la denuncia de Hazte Oír contra Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, deja claro que la misma «no puede admitirse por el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos» en relación «con el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario, ya que para proceder por dicho delito es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal».
El instructor apunta que, en la denuncia, se viene a alegar que Díez, «a la sazón militante del PSOE, recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas». «En base a ello, Díez se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos», explicaba el juez.
ASISTENTES A ESA REUNIÓN
En dicha reunión, añade, estaban también presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. «La denunciada ofreció a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO», apunta el juez.
El magistrado afirma que Hazte Oír denunció que la «fontanera» del PSOE, se reunió en el mes de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’, »para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista».
Además de las mencionadas citaciones, el juez también llama el 11 de noviembre a los periodistas que se hicieron eco de los audios en los que Díez ofertaba los favores judiciales a fin de tomarles declaración como testigos.
Se trata del segundo juzgado madrileño que decide abrir causa sobre las actividades de la «fontanera» socialista, tras el Juzgado de Instrucción Número 2, que inició diligencias por presunto tráfico de influencias después de una denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).
DENUNCIAS PENDIENTES
Además de esas dos denuncias, hay otras que ya han sido repartidas pero están pendientes de resolución: la de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en el juzgado 26 y la de Iustitia Europa en el juzgado 44.
Leire Díez tiene un pasado político, fue teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria), apoyó a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales y fue directora de Relaciones Institucionales para Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del líder del PSOE.
La ex militante socialista encuadró el contenido de los audios en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado, «en ningún caso en nombre de nadie ni en representación de nadie». «Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE», aseguró ante la Prensa en una polémica rueda de Prensa celebrada a principios de junio.
