El Govern de Baleares está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias legales para frenar la llegada de menores no acompañados (menas) al archipiélago después de que el Gobierno apruebe por decreto el reparto de estos menores inmigrantes por todo el territorio nacional. Baleares es la primera comunidad autónoma que se enfrenta claramente al problema, pero otras 10 donde gobierna el Partido Popular ya han anunciado que seguirán el mismo camino si el reparto no es proporcionado. Desde Canarias ya han criticado la postura de Baleares, desde marzo han recibido unos 500 menores más que se suman a los más de2.500 que ya acogen en Canarias, en total, son unos 4.000 para repartir por toda España.
El ejecutivo balear de la popular Marga Prohens ha amenazado con llegar hasta el Tribunal Supremo si finalmente llegan a Baleares el próximo jueves los 49 menores previstos y no descarta pedir ante el Alto Tribunal la paralización cautelar de esta medida. Prohens argumenta desde hace semanas que «no les podemos acoger en condiciones de dignidad. No hay medios, no hay profesionales, no hay centros. Posiblemente nos veremos obligados a habilitar espacios en los que ningún menor debería vivir nunca».
De hecho, el Consell de Mallorca y el Govern valoran la posibilidad de habilitar un lugar de primera acogida de emergencia de menores en el antiguo cuartel de Son Tous, aunque separado físicamente del actual Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATE).
Al mismo tiempo, la consejera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, remitía este lunes una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que solicitaba frenar el traslado de esos 49 menores al archipiélago. Todo ello se une al recurso interpuesto en marzo de este año ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería por 11 comunidades autónomas, donde se recoge este reparto de migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, por todo el territorio español.
NUEVO DECRETO PARA LOS MENAS
Todo esto ocurre después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes el número de menores que cada comunidad autónoma puede acoger. Lo hizo a través de un Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía, es decir, cuántos menores migrantes no acompañados puede acoger cada territorio. Aunque la norma no fija el número exacto de traslados, si es importante porque permitirá a cada comunidad declarar contingencia migratoria extraordinaria en aquellas comunidades que el número supere en tres veces su capacidad ordinaria.
De hecho, según los datos publicados por el Ministerio en julio, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana recibirán casi la mitad de los menores: 677, 647 y 571 respectivamente. En total, 1.895 de los aproximadamente 4.000 que se trasladarán desde Canarias irán a esas tres comunidades, curiosamente todas con gobierno del PP.
También recibirán un número relevante Castilla-La Mancha, Galicia o Aragón, con 251. En cambio, Cataluña y País Vasco no están obligadas a acoger a ninguno, después de haber soportado una mayor presión en años anteriores; pero la Generalitat catalana ha aceptado recibir a 31 de ellos voluntariamente.
Para financiar el proceso, el Gobierno ha habilitado un fondo de 100 millones de euros. Con él cubrirá los tres primeros meses de estancia de los menores en las comunidades de destino y mantendrá la ayuda a aquellas que superen su capacidad ordinaria.
CANARIAS ABRE EL FUEGO
A partir de la aprobación de este Real Decreto y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno prevé que el próximo jueves 28 de agosto podrán comenzar los traslados de los menores migrantes no acompañados desde los territorios sobreocupados a la Península ya que se espera que Canarias sea la primera solicitante de estos traslados
Ahora tras la aprobación de la ley El último paso ya está dado. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que fija cuántos menores migrantes no acompañados debe acoger cada comunidad autónoma. No es un simple trámite: con él, Canarias, Ceuta y Melilla, lugares donde los centros llevan meses triplicando su capacidad, podrán pedir oficialmente al Estado que declare la contingencia migratoria en su territorio. Ese sello es lo que permite que los casi 4.000 menores hacinados en esas zonas empiecen a ser reubicados por toda España.
La secuencia está marcada en el calendario. Este miércoles, 27 de agosto, Canarias prevé solicitar esta contingencia y para que sea aprobada un día después por el Ministerio de Juventud e Infancia. El del archipiélago canario será el pistoletazo de salida. Después, hay 15 días para trasladarlos.
