La asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presidida por Miguel Ángel Galán, ha presentado un denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) contra La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), entidad presidida por Javier Tebas, por «infracción del artículo 102 del tratado de la UE y artículo 2 LDC (abuso de posición) en el denominado fair play financiero».
La denuncia no es cosa de broma porque la asociación de Miguel Ángel Galán ya ha ganado importantes litigios en los juzgados a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y sus denuncias han destapado corruptelas de todo tipo, sobre todo en el mundo del fútbol, como el caso Rubiales. De hecho sus actuaciones han acabado con los tres últimos presidentes de la RFEF en un banquillo judicial, Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha.
Ahora la denuncia llega por una presunta infracción del artículo 102 de la Unión Europea (UE) relativo al abuso de posición dominante en el mercado interior de un país miembro y del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). Todo ello en el entorno del denominado fair play financiero por parte de LaLiga.
La denuncia recoge que el pasado 19 de junio de 2025 «se han validado las Normas de Elaboración de presupuestos de los clubes y SADS (Sociedades Anónimas Deportivas) de Laliga, siendo estas contrarias al articulo 2 de la LDC y al articulo 102 del tratado de la UE».
El objeto del escrito ante la CNMV recoge que LaLiga, «inspirada por el modelo de control financiero de la UEFA, impone un estricto control económico a los clubes. Este sistema de equilibrio financiero se implementa a través de un régimen de licencias que exige que los gastos de los clubes se ajusten a los ingresos, estableciendo ratios específicos. El objetivo declarado de este control es evitar pérdidas económicas y asegurar la estabilidad financiera».
Pero, a juicio de Galán, «este control férreo genera un efecto restrictivo en la competencia. La denuncia sostiene que, bajo la apariencia de una gestión responsable, este modelo enmascara un abuso de poder que perjudica la competitividad de los clubes con menores ingresos».
Como resultado, «los clubes más modestos no pueden asumir riesgos empresariales o realizar inversiones significativas para mejorar su rendimiento deportivo. Esto crea una barrera que les impide progresar y competir en igualdad de condiciones con los clubes más grandes, perpetuando así una estructura de poder desigual en el fútbol profesional español. En esencia, el control económico de la LNFP no solo restringe la capacidad de mejora de los clubes, sino que también limita la libre competencia en el mercado del fútbol», añade.
Al imponer este sistema, según el denunciante, «la LNFP consolida su poder, restringiendo la autonomía de los clubes y la capacidad de los más pequeños para desafiar el statu quo. Este desequilibrio estructural se traduce en una falta de dinamismo deportivo y comercial, ya que los clubes con menores recursos se ven forzados a una posición de desventaja permanente, impidiendo cualquier mejora en sus resultados que pudiera amenazar la posición de los equipos más poderosos».
FAIR PLAY FINANCIERO
El fair play financiero de LaLiga es un conjunto de normas diseñadas para garantizar la viabilidad económica y la estabilidad financiera de los clubes de fútbol. A diferencia de las normativas estatales, estas reglas son aprobadas y aplicadas por la propia Liga, basándose en la capacidad de autorregulación de las entidades deportivas. El objetivo fundamental y original era evitar que los clubes incurran en deudas excesivas o impagos, como los salarios de jugadores o deudas con la Hacienda Pública.
El principio fundamental es que los clubes no pueden gastar más de lo que ingresan. Esto se logra a través de la fijación de límites presupuestarios y ratios de gasto que los clubes deben cumplir para obtener licencias y competir. La implementación de este control busca evitar que los clubes adquieran ventajas competitivas ilegítimas, promoviendo así una competición más justa y con igualdad de oportunidades. Por ejemplo, el FC Barcelona no ha podido inscribir todavía al internacional Gerard Martín o a Héctor Fort como jugadores de la primera plantilla por la limitación impuesta por el fair play financiero.
EL SISTEMA PODRÍA ESTAR PERPETUANDO LA DESIGUALDAS EN LUGAR DE COMBATIRLA
Sin embargo, el sistema es criticado porque en la práctica podría estar perpetuando la desigualdad en lugar de combatirla, ya que los clubes con mayores ingresos tienen una mayor capacidad de gasto desde el inicio haciendo imposible la competencia de los más modestos.
La denuncia de Galán explica que estas reglas «podrían encubrir un abuso de posición de dominio por parte de la LNFP. Al restringir la capacidad de los clubes pequeños para asumir riesgos empresariales o invertir en talento, el sistema podría estar limitando la libre competencia, asegurando que los grandes clubes permanezcan en la cima de la tabla clasificatoria. En lugar de equilibrar la competición, podría estar impidiendo que los equipos más modestos mejoren su rendimiento deportivo, condenándolos a su situación actual o incluso a una peor».
Es decir, que la aplicación de esta normativa tiene un efecto directo en la capacidad de los clubes más modestos para asumir riesgos empresariales en su búsqueda de mejores resultados deportivos. Al no poder invertir de manera significativa en fichajes o infraestructura para competir con los clubes más ricos, estos equipos se ven condenados a permanecer en una posición de desventaja.
La denuncia cuestiona si «el objetivo real del fair play financiero es la estabilidad del sistema o, por el contrario, la perpetuación de un statu quo que beneficia a los clubes dominantes y bloquea la movilidad de otros equipos en la clasificación».
Pero además, las normas que imponen el equilibrio financiero a los clubes de fútbol no emanan del poder legislativo, sino que son adoptadas en el ámbito de las organizaciones deportivas privadas, a las cuales los clubes se encuentran afiliados. En el contexto español, las entidades de referencia son la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y, de manera primordial, la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP).
Y dado que tanto la «RFEF como la LNFP actúan como sujetos de derecho privado al establecer estas normas, la legalidad de las mismas puede ser cuestionada desde la perspectiva del Derecho de la Competencia. Esta consideración abre la puerta a examinar si las medidas de control económico, al ser impuestas por entidades que ostentan una posición dominante en el mercado, podrían constituir un abuso de posición de dominio. En esencia, se investiga si, bajo la justificación de promover la estabilidad financiera, dichas regulaciones están restringiendo la competencia y limitando la capacidad de acción de los clubes, en beneficio de la posición de las propias organizaciones rectoras», recoge la denuncia ante la CNMC.
Tener una posición de dominio en el mercado español no es un hecho delictivo en si mismo, pero sí podría ser ilegal «abusar de dicha posición, por ejemplo, imponiendo medidas basadas en el fair play financiero que limiten la capacidad de competencia de los clubes adscritos a la LNFP. Así, no hay duda que en virtud de los referenciados artículos 12 y 41.2 de la Ley del Deporte la LNFP dispone, por expresa previsión legal, de facultades de autotutela y gestión de los intereses de los clubes de fútbol. De ello resulta que la LNFP despliega una posición de dominio en el mercado del fútbol español dado que, entre otras razones, es un órgano exclusivo, goza de competencias exclusivas y la afiliación por parte de los clubes de fútbol profesionales es obligatoria», dice el denunciante.
Además, las propias normas de LaLiga recogen sanciones graves por el incumplimiento del fair play financiero, como el descenso de categoría del club que no se adecue a los ratios de gastos impuestos. «De este modo, la LNFP, en su posición de dominio sobre la organización del fútbol profesional español, puede estar llevando a cabo un ejercicio abusivo a través de sus normas sobre equilibrio financiero, lo cual estaría prohibido en virtud del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia», según la denuncia.
DESVENTAJAS FRENTE A LA COMPETENCIA EUROPEA
Sostiene también la denuncia que estas conductas «tienen un efecto significativo en el comercio intracomunitario, ya que las estrictas normativas de control financiero de la LNFP afectan directamente la competitividad de los clubes españoles en el mercado europeo».
Y añade que «el riguroso fair play financiero de LaLiga sitúa a clubes españoles, incluso a los de élite como el Real Madrid y el FC Barcelona, en una desventaja económica frente a sus homólogos de la Premier League, la Serie A o la Ligue 1. Mientras que en otras ligas las restricciones a la inyección de capital son menos severas, los clubes españoles se enfrentan a un límite salarial que exige una proporción de gasto de 1:1 con sus ingresos. Este control estricto reduce su capacidad para competir en el mercado de fichajes y retener a jugadores clave».
Para cumplir con las normas, los clubes españoles como el Getafe se han visto obligados a desprenderse de jugadores importantes, como la reciente venta de Uche a la Premier League inglesa.
Clubes europeos como el Manchester City y el Paris Saint-Germain (PSG), por ejemplo, han sido objeto de denuncias de fair play financiero a nivel de la UEFA, pero las normativas de sus respectivas ligas nacionales, la Premier League y la Ligue 1, han sido históricamente más laxas, permitiendo a sus propietarios inyectar capital de manera considerable. El PSG, propiedad del fondo de inversión Qatar Sports Investments, pudo fichar a jugadores como Neymar y Mbappé por cantidades astronómicas sin las restricciones tan severas que enfrentaría un club español. De manera similar, el Manchester City, financiado por el Abu Dhabi United Group, ha invertido masivamente en su plantilla y en infraestructura, creando un equipo dominante que no habría sido posible bajo las reglas españolas.
La regla española establece que los clubes de fútbol pueden invertir en fichajes e inscripciones la misma cantidad de dinero que han ingresado o ahorrado en salarios. Esto significa que por cada euro de ahorro o ingreso que un club genera, puede gastar un euro en nuevo personal. Esta norma fue diseñada para garantizar la sostenibilidad financiera de la competición, obligando a los clubes a equilibrar sus finanzas, y representa un regreso a las condiciones de operación normales del mercado de fichajes para aquellos clubes que la cumplen.
El límite salarial, también conocido como límite de coste de la plantilla deportiva, es fundamentalmente una limitación al gasto de clubes en la confección de sus equipos. Es decir, «LaLiga calcula cuánto dinero puede asumir un club y establece un tope de gasto que el club puede apurar o no», dice Galán.
LÍMITE SALARIAL
Para calcular este límite salarial se tienen en cuenta todos los gastos e ingresos que conllevan la gestión de un club dentro de una temporada. Es decir, LaLiga hace un balance de todo lo que entra en caja (derechos de imagen, derechos de televisión, patrocinadores, ticketing, ventas de jugadores…) y los gastos y deudas contraídas. A partir de ahí, calcula cuánto es razonable que un equipo gaste en sueldos, diferenciando entre plantilla deportiva inscribible, donde entran los futbolistas y el cuerpo técnico, y plantilla no inscribible, donde se incluye el filial o trabajadores del club.
El limite salarial es una cifra tope, que un club puede o no agotar, aunque no la puede sobrepasar. En caso de pasarse del limite salarial, LaLiga puede establecer penalizaciones que dificultan la inscripción de nuevos jugadores, al menos hasta que el gasto no es aligerado. Es por ello que muchos equipos, cada verano, deben dar salida a varios futbolistas para poder inscribir a sus nuevos fichajes.
El escrito termina pidiendo al Consejo de la CNMC que «teniendo por presentado este escrito y sus documentos adjuntos, se sirva admitirlo y, en mérito de lo expuesto, tenga por formulada la presente denuncia por abuso de posición de dominio por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)».
Por tanto, también solicita al mismo Consejo que «declare la existencia de una infracción y que imponga las medidas correcticas adecuadas, que ordene el cese inmediato de la conducta infractora y que imponga la sanción correspondiente».
