Ante las tensiones desatadas por la posible compra de Escribano por parte de Indra, desde MONCLOA.COM hemos tenido acceso a un minucioso análisis de las licitaciones otorgadas a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) entre 2018 y 2025. Unos números que destapan un gran crecimiento empresarial sin parangón, levantando a su vez preguntas sobre la equidad del sistema. Lo que en sus orígenes fue un modesto taller familiar ha logrado, en apenas siete años, adjudicarse contratos públicos por un valor que supera los 742 millones de euros, con estimaciones que elevan la cifra real por encima de los 1.090 millones. Los datos revelan no solo una expansión vertiginosa, sino un patrón de adjudicaciones que para algunos analistas pone en jaque los principios de libre mercado, sugiriendo la construcción de un posible monopolio de facto que puede estar financiado altamente por fondos públicos.

Este ascenso meteórico, puede ser, según fuentes del sector, la historia de un éxito empresarial basado en la innovación y la competitividad. Pero algunos procedimientos opacos, la ausencia sistemática de competencia efectiva y una ingeniería financiera que, para algunos accionistas de Indra, supuestamente pueden enmascarar sobrevaloraciones iniciales que pueden ser los ejes sobre los que EM&E ha consolidado una posición dominante en el sector de defensa, transformándose de un actor marginal a un gigante estratégico en tiempo récord.

2023, EL AÑO QUE CAMBIÓ TODO

El ejercicio de 2023 marca un punto de inflexión en la trayectoria de EM&E. Con una facturación de 591,5 millones de euros en un solo año, la empresa experimentó un crecimiento del +2.283% respecto a 2022, multiplicando por 23 sus ingresos anuales. Para contextualizar la magnitud de este «salto cuántico», es preciso recordar que en 2022, la facturación de EM&E se situó en 25,8 millones de euros, una cifra que, aunque respetable, dista enormemente de la conseguida al año siguiente, que representa el 79,7% de toda su facturación histórica documentada.

Este crecimiento desmesurado es, desde una perspectiva estadística, prácticamente imposible sin una intervención externa o política directa. Raramente una empresa española logra multiplicar por 23 sus ingresos en tan poco tiempo sin que medie una fusión, una adquisición de gran calado o algún evento económico de extraordinaria envergadura. En el caso de EM&E, el catalizador de esta expansión sin precedentes fue un único contrato: el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM), adjudicado por 576,4 millones de euros. Este contrato, por sí solo, representa el 38,8% de todos los contratos históricos de la empresa, evidenciando una dependencia casi total de una única adjudicación.

La «anatomía» de la adjudicación del contrato SILAM es un ejemplo paradigmático de, según al informe que tuvo acceso MONCLOA.COM, la investigación sugiere como favoritismo gubernamental. El procedimiento empleado fue el de «negociado sin publicidad», una modalidad excepcional que, en teoría, se justifica solo en casos muy concretos de exclusividad técnica o urgencia. La justificación oficial esgrimida fue que EM&E era la «única empresa capacitada técnicamente» para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, la realidad contradice esta afirmación de forma flagrante: un abrumador 80% del trabajo tecnológico y de ingeniería del SILAM es realizado por la multinacional israelí Elbit Systems, cuya tecnología base (el sistema PULS) ya preexistía. El papel de EM&E en esta operación se reduce, en gran medida, al montaje de camiones y sistemas hidráulicos básicos, actuando esencialmente como un intermediario con márgenes de beneficio que, dada la escasa aportación tecnológica propia, resultan algo altos para los parámetros normalizados en el sector.

El momento de la adjudicación del SILAM, en diciembre de 2023. Coincide estratégicamente con la consolidación de la participación de EM&E en Indra (donde posee un 8% del capital), el cierre del ejercicio presupuestario y, de manera relevante, la preparación del eventual nombramiento de Ángel Escribano, uno de los directivos de la empresa, como presidente de Indra en 2025. Este patrón de «timing», para fuentes cercanas al PP, sugiere una coordinación política que excede la mera casualidad empresarial, apuntando a una estrategia premeditada para posicionar a EM&E como un actor central en el sector de defensa español.

AUSENCIA SISTEMÁTICA DE COMPETENCIA

Los datos relativos a la competencia en las licitaciones públicas de EM&E importantes y supuestamente revelan mostrar indicios de la construcción deliberada de un monopolio mediante la eliminación sistemática de cualquier rivalidad real. Un alarmante 69,8% de los contratos adjudicados a la empresa (33 de un total de 47) recibieron una única oferta. Esto se traduce en que 99 millones de euros, que representan el 60% del importe total analizado de contratos, fueron adjudicados sin ningún tipo de competencia real. El promedio de ofertas por contrato a lo largo de este periodo es de tan solo 2,04, una cifra que, además, ha mostrado una tendencia descendente, alcanzando un promedio de 1,0 oferta en los ejercicios 2023 y 2024, lo que indica un «monopolio absoluto» consolidado.

Estos procedimientos han sido una herramienta clave en esta estrategia. El 44,6% del importe total, equivalente a 84 millones de euros, se adjudicó a través del «procedimiento negociado sin publicidad». Esta modalidad, concebida para situaciones excepcionales, se ha convertido en una norma para EM&E. Entre los contratos principales adjudicados bajo esta presunta opacidad, destacan no solo el ya mencionado SILAM, sino también la intermediación de respiradores COVID por 29,8 millones de euros en 2020, espoletas por 14 millones en 2023, y múltiples contratos de Sistemas RWS (Remote Weapon Stations) que superan los 15 millones de euros acumulados.

Cuando la competencia nominal existía, los datos sugieren que EM&E empleó estrategias para minarla. Los «descuentos sospechosos» son un claro indicio. Un 32,6% de los contratos adjudicados a la empresa incluyen descuentos, con un promedio del 19,15%. Sin embargo, lo más llamativo son los casos extremos, con descuentos que llegaron a alcanzar hasta el 85,47%. Estos «descuentos extremos» no se interpretan como un signo de gran competitividad, sino más bien como una táctica de «sobrevaloración inicial deliberada» para crear una apariencia de competitividad mientras se garantiza la adjudicación. El patrón es recurrente en licitaciones «a medida»: se infla, supuestamente, y de forma artificial el presupuesto base, se ofrece un descuento «generoso» y significativo que elimina automáticamente a cualquier competidor real, y se genera la ilusión de un ahorro para la administración pública, cuando en realidad el precio inicial ya estaba inflado.

EL MULTIPLICADOR COVID: 9,9 a 732 MILLONES

La pandemia de COVID-19 marcó el punto exacto en el que EM&E dejó de ser una empresa familiar de perfil bajo para transformarse en un «contratista estratégico» del Estado. Antes de 2020, la empresa había acumulado 9,9 millones de euros en 7 contratos, lo que representaba apenas el 1,3% de su total histórico. A partir de 2020, sin embargo, la cifra se disparó a 732,2 millones de euros en 40 contratos, constituyendo un abrumador 98,7% de su facturación histórica. Este salto de 74 veces más financiación desde el inicio de la pandemia es una anomalía económica que no puede ignorarse.

El contrato de respiradores COVID-19 es un ejemplo paradigmático del modus operandi de EM&E y del presunto favoritismo. En plena crisis sanitaria, EM&E se adjudicó un contrato para el suministro de respiradores por 29,7 millones de euros. La investigación posterior ha revelado que el fabricante real de estos equipos era Hersill SA, una empresa con probada experiencia médica. El papel de EM&E, en este caso, fue el de un «intermediario sin supuesta experiencia sanitaria», sin aportar valor añadido en la fabricación. El coste de fabricación real de Hersill SA ascendió a 8,6 millones de euros, lo que implica un «margen de intermediación» de EM&E del 245% sobre el coste original. Este sobrecoste de 21,1 millones de euros se encuentra actualmente bajo investigación de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Esta operación consolida la fórmula del éxito de EM&E: Para fuentes cercanas a la investigación supone «cero riesgo, cero innovación, cero trabajo técnico», dependiente únicamente de la designación gubernamental.

CONCENTRACIÓN TEMPORAL COMO PATRÓN PRESUPUESTARIO

El análisis de la distribución temporal de los contratos adjudicados a EM&E revela una concentración en el cuarto trimestre de cada año, un patrón recurrente en las adjudicaciones políticas dirigidas, conocido como «gasto de cierre de ejercicio». El cuarto trimestre (octubre-diciembre) acumula 20 contratos, que suman 75,7 millones de euros, lo que representa el 42,6% del total de contratos y un porcentaje desproporcionado del importe global. En contraste, el tercer trimestre (julio-septiembre) registra solo 4 contratos por 1,4 millones de euros.

Estas fechas estratégicas no parecen ser una coincidencia. Los contratos más relevantes coinciden con momentos políticos clave: la adjudicación de los respiradores COVID en abril de 2020 en pleno pico pandémico; el contrato SILAM en diciembre de 2023, en el cierre presupuestario del año; y los sistemas antidrón en diciembre de 2024, un periodo crucial para la consolidación de poder en Indra. Esta sincronización entre eventos políticos y contratos millonarios refuerza la hipótesis de una estrategia planificada más allá de la lógica empresarial habitual.

INGIENERÍA DE NOMBRES

Una de las tácticas empleadas por EM&E que dificultan el seguimiento y análisis de sus actividades es la utilización de hasta 15 variaciones de su denominación social a lo largo del periodo analizado. Desde su denominación original como «MECANIZADOS ESCRIBANO S.L.» en 2018, la empresa ha transitado por nombres como «ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING S.L.», «ESCRIBANO MECHANICAL AND ENGINEERING SL», o la creación de la «UTE C-UAS» para contratos específicos, hasta llegar a «ESCRIBANO MECHANICAL AND ENGINEERING S.L.U» en 2025, además de otras diez variaciones.

Esta proliferación de nombres y denominaciones no parece responder a necesidades operativas o de diversificación de negocio, sino más bien a una «estrategia de compartimentación» que puede dificultar el análisis conjunto de sus actividades y el seguimiento de su crecimiento real. Esta técnica puede hacer que la magnitud de su expansión y el volumen de contratos adjudicados pasen desapercibidos a un escrutinio menos profundo, para los analistas consultados.

En el análisis por organismos adjudicadores podemos ver múltiples instituciones del Estado. La Subdirección General de Armamento encabeza la lista, otorgando 9 contratos a EM&E por un valor de 624,5 millones de euros, lo que representa un masivo 84,2% del importe total. Le siguen la Guardia Civil, con 10 contratos por 33,3 millones (4,5%); INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), responsable del contrato de respiradores COVID, con 1 contrato por 29,8 millones (4,0%); y la Armada, con 16 contratos por 24,7 millones (3,3%). El resto de organismos suman 11 contratos por 29,7 millones.

Un caso particularmente emblemático es el del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil. EM&E se ha convertido en el proveedor dominante de este sistema crucial para la vigilancia fronteriza, controlando 4 de los 7 lotes del contrato de mantenimiento. Con adjudicaciones para las zonas de Las Palmas (4,1 M€), Estrecho (4,9 M€), Sureste (4,7 M€) y Levante (5,1 M€), EM&E suma un total de 18,8 millones de euros, lo que representa el 66% del contrato total. Fuentes internas de la Guardia Civil han llegado a rebautizar este sistema como un «monopolio de facto», lamentando que los equipos «están más tiempo en mantenimiento que operativos». Esta concentración de contratos estratégicos de seguridad nacional en una empresa que, «hasta 2020, se dedicaba a los repuestos», subraya el favoritismo y las implicaciones operativas negativas de esta dependencia.

EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA

La curva de la competencia en las licitaciones de EM&E a lo largo de los años es un claro indicador de la «destrucción progresiva» de la rivalidad. En 2018, el promedio de ofertas fue de 1,0, lo que ya apunta a un monopolio desde el inicio. Hubo un ligero repunte en 2020 (2,5 ofertas) y 2021 (3,33 ofertas), lo que podría interpretarse como una «competencia inicial artificial» para legitimar las primeras adjudicaciones importantes. Sin embargo, esta tendencia se invirtió bruscamente, regresando al «monopolio absoluto» con un promedio de 1,0 ofertas en 2023 y 2024, una vez que la posición política de EM&E ya estaba consolidada.

Los «descuentos estratégicos» ofrecidos por EM&E también revelan una «sofisticada estrategia de manipulación de precios». El 32,6% de los contratos incluyen descuentos, con un promedio del 19,15%. Sin embargo, los descuentos superiores al 50% (registrados en 3 contratos), con un máximo del 85,47%, son particularmente llamativos. Esta «estrategia del descuento extremo» es característica de que posiblemente las licitaciones puedan ser dirigidas: presuntamente se infla artificialmente el presupuesto base, se ofrece un «descuento generoso» que automáticamente elimina a la competencia real, y se genera la apariencia de ahorro para la administración, cuando el precio de partida ya estaba sobrevalorado, lo que finalmente repercute en un mayor coste para el contribuyente.

COSTE REAL PARA EL CONTRIBUYENTE

El impacto presupuestario directo de estas adjudicaciones es innegable. Con 742 millones de euros documentados, que representan solo el 68% del total estimado, el coste real para el contribuyente supera ampliamente los mil millones de euros en un periodo de apenas siete años. A esto hay que sumar el posible «sobrecoste estimado de los respiradores» de 21,1 millones de euros, que sigue bajo investigación, y un «coste de oportunidad» incalculable debido a la destrucción de la competencia, lo que puede haber privado a la administración de precios potencialmente más bajos y soluciones más innovadoras.

Esta operación, de confirmarse los patrones de favoritismo, establece un precedente devastador para el sistema español. Y puede llegar a demostrar que cualquier empresa puede transformarse en un «campeón nacional» no por méritos propios o por la libre competencia, sino a través de «conexiones políticas» y «adjudicaciones dirigidas». Esto presuntamente puede llegar a pervertir completamente los principios de libre mercado, la competencia leal y la eficiencia en el gasto público, socavando la confianza de los ciudadanos en la administración.

La transformación de EM&E, de un taller familiar con 44 millones de euros de facturación en 2019 a un proyectado gigante de defensa con 430 millones en 2025, puede no ser una historia de éxito empresarial al uso.