Ya nadie duda de que la agenda política nacional va a estar marcada por la agenda judicial durante los próximos meses. Pero no sólo los casos más mediáticos van a influir en el devenir de la política nacional, hay muchos juicios que afectan a políticos que trabajan en las autonomías y en los ayuntamientos. Son juicios se van a celebrar durante los próximos 3 meses y que permanecen alejados del foco mediático por los otros casos más importantes a nivel nacional. Son la Causa Cofely en Madrid, la trama eólica en Castilla y León, el caso Novo Carthago en Murcia y el caso Pujol en Cataluña, entre otros.
Las causas que afectan al Fiscal General del Estado, a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez, el Caso Koldo con la pieza separada de Santos Cerdán, ex número 3 del partido e incluso el caso Leire Díez, considerada la «fontanera» del PSOE, son lo suficientemente importantes para mantener el constante debate en la política nacional. Pero a nivel autonómico otros juicios amenazan con mantener el pulso de las oposiciones y los partidos en los gobiernos regionales.
LA PIEZA COFELY AFECTA A LA AUTONOMÍA DE MADRID
El juicio sobre la pieza Cofely, derivada de la Causa Púnica, se reanuda en septiembre. Las últimas sesiones celebradas en la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo dejaron la declaración de Constantino Álvarez, director comercial de la empresa Cofely entre 2012 y 2014, imputado en la causa y que llegó a un pacto con la Fiscalía para reducir su pena, quien aseguró haber evitado que la corrupción se extendiera desde Madrid a Barcelona.
El juicio sienta en el banquillo a 36 personas, entre ellos 9 ex alcaldes del PP y PSOE de localidades de la Comunidad de Madrid. Los responsables políticos están acusados de adjudicar contratos por servicios energéticos a cambio de comisiones y regalos. Los implicados son los ayuntamientos de Torrejón de Velasco (4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado-Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589). En total, algo ás de 224 millones de euros.
Entre los imputados está el ex alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas del PP, el de Parla, José María Fraile del PSOE y Antonio Sánchez, ex alcalde Serranillos del Vale por la Unión Democrática Madrileña (UDMA). Ellos han pactado con la Fiscalía el reconocimiento de los delitos a cambio de penas menores.
Otros seis ex alcaldes del PP no reconocen los hechos, son José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado-Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla La Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
La declaración de Constantino Álvarez fue importante porque dijo que la empresa Cofely había contratado como conseguidor al constructor David Marjaliza por sus contactos en los ayuntamientos madrileños. Marjaliza está investigado en la causa Púnica por su relación con Francisco Granados, ex consejero de la comunidad de Madrid con el gobierno de Esperanza Aguirre.
Otro imputado, Pedro García, responsable de Mercado Público en el departamento comercial de Cofely, dio detalles sobre cantidades comprometidas por Marjaliza para el pago de comisiones a los responsables municipales. García dijo que en los ayuntamientos de Parla, Collado-Villalba y Móstoles les llegaron a exigir 600.000 euros de comisión para conseguir la adjudicación del contrato, una cantidad que luego renegociaron en los tres casos.
TRAMA EÓLICA DE CASTILLA Y LEÓN
La sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid abrirá el 15 de septiembre las cuestiones previas antes del juicio contra la trama eólica de Castilla y León cuyas sesiones están previstas celebrarse hasta enero de 2026.
La causa tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector importante para la economía de la región y favoreció una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos. El escrito de acusación de la Fiscalía es muy extenso y señalaba a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de aquellas indemnizaciones exigidas al ex viceconsejero y secretario general de Economía, Rafael Delgado, principal imputado siempre y cuando éste no pueda hacer frente a las mismas, que ascienden a 24,1 millones de euros, de los cuales 11,2 millones serán solidariamente con Iberdrola Renovables de Castilla y León, 7,84 millones de euros solidariamente con Sinae Inversiones Eólicas y otros 5 millones también solidariamente con Parque Eólica la Boga.
En total son 16 imputados por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal. La mayor de las penas solicitadas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es la pedida para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 por el partido UPyD y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva, del PP, ya fallecido.
En la lista de imputados figuran otros 10 empresarios que pertenecen a diferentes empresas de energía renovable y el ex director de Energía y Minas de la Junta, Manuel Ordóñez, para quien la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación. El conjunto de penas solicitadas llega a los 138 años de prisión y 844 millones de euros en multas.
LA CAUSA NOVO CARTHAGO DE MURCIA
La Audiencia Provincial de Murcia ha señalado el comienzo del juicio contra los ex consejeros Antonio Cerdá, de Agricultura y Aguas y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, entre otros acusados, para el 29 de septiembre de este año y previsiblemente, con final el 11 de noviembre. La causa orbita sobre corrupción urbanística y recalificaciones junto al Mar Menor. También figuran como acusados otros altos cargos de Calidad Ambiental, Vivienda y Ordenación del territorio.
Como testigos están citados a declarar el ex presidente murciano Ramón Luis Valcárcel, el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués y la ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.
El caso se inició tras una investigación sobre la recalificación de terrenos próximos al Mar Menor, en concreto en San Ginés de la Jara, destinado a la construcción de unas 10.000 viviendas. Pero esos terrenos teñían calificación de espacio natural protegido y no era urbanizable. A los acusados se les imputa delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
EL CASO PUJOL E HIJOS
El 10 de noviembre de 2025 la Audiencia Nacional comenzará el juicio contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y sus siete hijos por presuntos delitos de blanqueo, asociación ilícita, contra la Hacienda Pública y falsedad. Las vistas se han programado hasta abril de 2026. La Fiscalía pide 9 años de prisión para el ex presidente catalán y 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, su hijo mayor.
La instrucción se cerró en 2020 tras casi una década de investigaciones sobre el origen y gestión del patrimonio familiar en el extranjero. Será un proceso largo, con centenares de testigos llamados a declarar. El Caso Pujol afecta políticamente a los antiguos políticos de CiU, ahora integrados en su mayoría en Junts, formación todavía liderada por el fugado Carles Puigdemont.
