El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana, que forma parte del Comité de
Reconstrucción para la DANA, constituido por el Gobierno de España a raíz de la tragedia humana del 29 de octubre de 2024, ha remitido al juzgado que instruye la causa por el fallecimiento de 219 personas un informe titulado «De la catástrofe medioambiental a la regeneración territorial. Bases para un Plan de Regeneración». En las 71 páginas del informe, supuestamente científico, hay varias críticas al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
El documento ha sido enviado de motu propio, nadie lo ha pedido, a la juez Nuria Ruiz, que instruye la causa por el fallecimiento de más de 200 personas, «por si resulta de su interés y quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que considere», firma la decana del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana, María Diago.
En la presentación dicen que el informe «analiza las causas ambientales y antrópicas de lo ocurrido y se proponen una serie de medidas que sean lo más resilientes posibles para dar seguridad vital a las personas frente a futuros eventos inundatorios, que cumplan con el Reglamento de Regeneración de la Naturaleza de la UE y que finalmente, sean económicamente ventajosas. Las hemos llamado las 30R, treinta medidas de Regeneración y Repliegue. En ellas, y por contradictorio que parezca, la implementación de infraestructuras hidráulicas ocupa el último lugar».
LAS CRÍTICAS A MAZÓN
A pesar de que el informe incide en recalcar en varias ocasiones que no está destinado a dirimir responsabilidades políticas, el documento critica en sus primeras páginas que «días después de la catástrofe inundatoria, el President de la Generalitat Valenciana en unas declaraciones a los medios aseguró que si se hubiera dispuesto el 29 de octubre de los sensores más modernos y de sistemas de Inteligencia Artificial se hubiera podido evitar la tragedia humana consiguiente. No deja de ser llamativo que cuando no se puede presumir, ni de conocimiento, ni de empatía, se invoque la Inteligencia Artificial, que ni es inteligente, ni mucho menos emocional. No fue, desde luego, la lA quien evitó que en la riada de 1957 el número de fallecidos fuera menor que en las barrancadas de 2024, ni que en la pantanada de 1982, a su vez, fueran todavía mucho menores. El teléfono, Radio Valencia, los receptores convencionales de radio, la megafonía y el boca-oreja fueron claves en el primer caso, y los radioaficionados, las emisoras de radio de la Ribera (como Radio Alzira), los radiotransistores y, de nuevo, la megafonía y el boca-oreja resultaron fundamentales en el segundo».
Y continúa aclarando que «aquí no nos centraremos en cómo una catástrofe natural acabó derivando en toda una tragedia humana, ni las responsabilidades existentes en relación a tal deriva».
Poco después repite de nuevo la crítica contra el Presidente de la Generalitat al hablar de la modificación de la Ley de Huertas, criticada por ecologistas y la oposición valenciana: «El Presidente de la Generalitat ha justificado la modificación de esa ley, y su Plan de Acción correspondiente, utilizando el preclaro argumento de que «la Ley de la Huerta fue la que impidió que se hicieran las obras en el barranco del Poyo)). Con lo que, para facilitar su ejecución lo más pronto posible, tal y como el texto de la nueva disposición establece, se suprime ‘el carácter vinculante de la consejería competente en materia de paisaje en relación con las condiciones para las infraestructuras en el ámbito de la Huerta de Valencia, dada la extraordinaria y urgente necesidad de reparar o de acometer, según los casos, determinadas infraestructuras, especialmente las hidráulicas». Sí, es que las medidas proteccionistas del pasado, al yugular obras que, como ha quedado de manifiesto en el presente, eran de una «extraordinaria y urgente necesidad», han contribuido irresponsablemente a multiplicar la catástrofe. Si, claro».
TAMBIÉN CRÍTICAS AL GOBIERNO DE… RAJOY
Y continúa criticando a Mazón, pero también al último gobierno de Rajoy, al escribir que «no parece tener importancia, por contra, el hecho de que tales obras hidráulicas no se dejaron de hacer por consideraciones ecológicas o paisajísticas, sino por la escasa voluntad política de aquellos que -del mismo color que quienes dirigen el actual Consell- regían entonces el Gobierno de Madrid, y por los recortes derivados de la crisis, primero financiera, luego crediticia y finalmente económica y social de aquellos años. Ni la ecología ni el paisaje tuvieron nada que ver. Pero ahora lo que importa es que ni una ni otro estorben, por ejemplo de cara a la instauración de futuras instalaciones deportivas singulares que, por su carácter, no sean susceptibles de su ubicación en el suelo urbano», en una tercera parte -considerada «degradada»- de la inicial superficie protegida por la ley original, unas 3.800 hectáreas aproximadamente, «en respuesta a las nuevas necesidades emergentes»».
Durante todo el informe de carácter científico las críticas políticas son frecuentes. Por ejemplo: «Las autoridades autonómicas del presente dejan atrás en su impulso a la estrategia de huida hacia adelante a determinadas autoridades locales como las comentadas. Ahí están -a modo de aviso para navegantes- las declaraciones de su principal cabeza, el actual Molt Honorable President de la Generalitat acusando a la «extremista» Ley estatal de Costas de promover el «fanatismo ecológico»; atacando las disposiciones europeas comunitarias porque «el dogmatismo climático y la rigidez normativa no pueden ser un freno»; defendiendo la prórroga de la central nuclear de Cofrentes, más allá de la fecha acordada para su cierre, «frente a los prejuicios ideológicos» o poniendo como ejemplo de «ecologismo, sostenibilidad y uso racional del agua» el actual trasvase Tajo-Segura».
El documento científico, fechado el pasado 5 de agosto e incorporado al sumario de la DANA, continúa recordando el papel de Mazón, «cuando en declaraciones a los medios el mismo 29 de octubre, antes de su famoso ágape, acusó de fake el argumento de quienes rechazan en la actividad turística la plena compatibilidad, que él comparte, entre «sostenibilidad y competitividad»; dicho en roman paladino, la entera compatibilidad entre ecología y crematística».
Y añade inmediatamente una crítica, ahora ya nada velada a Carlos Mazón: «Si no hubiera otras cuestiones -por todos conocidas- esa sucesión de interesadas sandeces calificaría plenamente al personaje. Lo malo es que tal desquiciante retórica de la cabeza del Gobierno Valenciano está acompañada de prioridades de gestión y disposiciones normativas en línea con el anterior argumentario. No solo inmediatamente antes del temporal macrotorrencial de octubre, sino después, un conjunto de resoluciones se han alineado con semejante filosofía política, caso de que semejante argumentario merezca tal nombre: el proyecto de Ley valenciana de Costas, más permisiva que la estatal; la posibilidad de construir hoteles y otros equipamientos desde 200 metros de la línea de costa en lugar de los anteriores 500 metros; la derogación parcial de la Ley de la Huerta; la conversión de los informes que fijan el crecimiento de los municipios de ser vinculantes a solo orientativos (…)».
Lo que sí deja claro el citado documento es su oposición a la realización de obras hidráulicas: «Las obras hidráulicas -y particularmente las de mayor envergadura- han de contemplarse como la última opción a emprender, debiendo tener preferencia sobre ellas las actuaciones no hidráulicas. Y caso de decantarse por una obra dada -al no ser viable su sustitución por un conjunto de medidas alternativas de carácter hidrológico e incluso transhidrológico- tal obra deberá completarse con una selección de estas últimas (…)».
