La representación legal de Fernando Merino Vera, ex delegado de la constructora Acciona en la zona norte de España y uno de los empresarios imputado en el Caso Koldo por el pago de mordidas a cambio de la obtención de obras públicas, ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que sostiene que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «atribuye a mi mandante una supuesta intervención activa en la consecución de ciertas adjudicaciones en una obra en la localidad de Úbeda» de manera errónea y reclama al Alto Tribunal subsanar ese error.
Según el abogado de Merino, el auto judicial del Supremo base de la imputación del empresario, recoge que «igualmente, aparece indiciariamente justificado que don Fernando Merino Vera pudiera haber tenido también, en relación ahora con la defensa de los intereses de una empresa distinta, Obras Públicas y Regadíos (OPR), con cuyos representantes mantenía relación de parentesco, intervención activa en la consecución de ciertas adjudicaciones en una obra en la localidad de Úbeda, como detalladamente se describe en el oficio policial referido».
La defensa de Merino en el Caso Koldo destaca a que en este informe policial «ha habido un error, posiblemente por la interpretación que hace la propia UCO y dicho error se ha transcrito en el auto de desestimación objeto de esta aclaración, con motivo de la denominada obra de Úbeda a Torreperogil, modificado en la A-32; por lo que se debe aclarar y subsanar detalladamente tal error, tanto la secuencia temporal de dicha obra, como la ausencia de participación del Sr. Merino en ella, pues dicha afirmación, que constituye uno de los pilares de la imputación, parte de un grave y manifiesto error fáctico que desvirtúa por completo la naturaleza de la actuación del Sr. Merino Vera».
Y añade el escrito que «como se demostrará, no existió ninguna «adjudicación» en la que pudiera intervenir, sino un procedimiento de modificación de un contrato ya existente, reglado y fiscalizado, en el que ni mi representado ni la empresa contratista tuvieron participación alguna en su redacción o aprobación sustantiva».
DEFENSA EN EL CASO KOLDO
Merino Vera ofrece en su defensa al Tribunal Supremo una aclaración cronológica de la consecución y desarrollo de ese contrato denominado «Proyecto Modificado nº2, autovía A-32, Linares-Albacete, Carretera N-322 de Córdoba a Valencia, Tramo: Úbeda-Torreperogil». Luego relata una serie de hechos ligados a esta licitación.
Asegura Merino a través de su letrado que entre febrero y julio de 2008 «la obra original fue licitada y adjudicada en estas fechas respectivamente, mucho antes de los hechos que se investigan».
En septiembre de 2015, «el Director General de Carreteras resuelve aprobar provisionalmente el proyecto de trazado de la modificación nº 1 y ordena la incoación del expediente de información pública del proyecto de trazado» y continúa explicando que «a raíz de esto, los ayuntamientos de Torreperogil, Sabiote y Úbeda solicitan formalmente la incorporación de mejoras (tales como la ampliación de los caminos de servicio y la mejora del drenaje de la zona inundada denominada «el campillo»)».
En marzo de 2019, «la demarcación de Carreteras de Granada, por iniciativa propia y en respuesta a las solicitudes municipales, envía una propuesta de «Modificado nº 2″. Es esencial destacar que, conforme a la legislación de contratos del sector público la empresa contratista no participa en la relación de los proyectos modificados, que son elaborados íntegramente por la Administración y/o su Asistencia Técnica», sigue el escrito.
En abril de 2019, siguiendo el relato de los hechos, «la Dirección General de Carreteras autoriza la propuesta y concede un plazo de tres meses a la Demarcación para la redacción del proyecto definitivo». Así el abogado sigue explicando los avatares de esa licitación hasta llegar al 19 de diciembre de 2019 cuando «se aprueba económica y definitivamente el «Modificado nº 2″ ajustándose al límite de 8 meses que marca la ley».
Por tanto, la conclusión del abogado de Merino es que «como se desprende de esta cronología, la afirmación de que el Sr. Merino Vera intervino en una «adjudicación» es fáctica y jurídicamente imposible. El proceso fue una modificación contractual, a instancia de la propia Administración y redactado por la misma, y la obra ya se encontraba adjudicada a OPR desde 2009, no es una nueva licitación, ni mucho menos una adjudicación».
Y pide «que se libre atento oficio a la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental (…) dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que informe y certifique sobre los siguientes extremos» y pasa a nombrar las fechas ya mencionadas anteriormente.
El abogado sostiene que «esta diligencia es indispensable para corregir el error fáctico que sustenta las medidas cautelares y para permitir a este Instructor y a la Sala una valoración cabal de los hechos, garantizado así el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia de mi mandante».
El escrito entró el 1 de septiembre en el Tribunal Supremo, que todavía no ha dado respuesta en ningún sentido a la petición del empresario Fernando Merino.
ACCIONA SEÑALADA POR LA FISCALÍA
Hay que recordar que los investigadores de la UCO de Guardia Civil reflejan en sus informes que Koldo García y Fernando Agustín Merino se conocieron en 2015 en Navarra, cuando Merino era el Director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona, al hilo de la obra «Mina Muga o Mina de Sangüesa» en la que esta empresa «tuvo que presentarse formando UTE con la local Servinabar para conseguir la adjudicación, tal y como reconoció el propio Merino» en su declaración ante el juez. «Servinabar, vinculada a Joseba Antxon Alonso y a Santos Cerdán, es una sociedad creada ad hoc para lucrarse en esta obra y en otras venideras, sin que conste ninguna contribución precisa a ellas», escribía el fiscal Anticorrupción.
Tanto los investigadores de la UCO como las acusaciones populares coinciden en la existencia de suficientes indicios «que establecen la connivencia de Fernando Agustín Merino, Director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona Construcción entre 2015 y 2019 con el investigado, Koldo García, asesor del también investigado en esta causa, el Ministro José Luis Ábalos, para obtener a cambio de presuntos beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)», reflejó el informe del fiscal para el juez instructor.
«Merino inicia así una relación con los también investigados en esta causa Joseba Antxon Alonso y Santos Cerdán que se extiende después a su participación en otras obras en Navarra de la UTE Acciona/Servinabar como el proyecto panadero o supermercado el panadero de Eugui y Navarra Arena, un pabellón deportivo en Pamplona», añadía la Fiscalía en el sumario del Caso Koldo.
La relación entre Koldo García y Fernando Merino, «a quien el primero llama «cordobés” o “cordo” se torna en estos años especialmente intensa. Precisamente este apodo ha sido rechazado por Merino en su declaración judicial, pese a que existe evidencia de ello en la agenda de Koldo García y hasta Santos Cerdán escribió a este el 12-10-2017 para pedirle que cambiara una cena con “cordo”. No tiene este apodo mayor interés que el de permitir identificar a Merino en las relaciones con el resto de los miembros de la presunta organización criminal», añade en su escrito del pasado mes de julio, para el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción.
