La consultora Deloitte Consulting L.S.U. asegura al juez Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por cinco delitos, que «nunca tuvo acceso directo al software y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento. Por este motivo no contamos con los ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales de los códigos fuente del software de referencia».
La consultor respondía así a una petición del juez Peinado enviada a Deloitte, Google y Minsait (Indra) para que pusieran a disposición del juzgado de Instrucción 41 de Madrid todo los «códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables» de la Cátedra de TSC de la UCM.
Es posible que Deloitte, concesionaria de dos contratos de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) por 18.148,79€ y 60.500€, respectivamente, no tenga nada de la información requerida por Peinado. Pero resulta curioso que aunque no tenga esa información concreta tampoco le ofrezca al juez en su respuesta cualquier otro documento sobre la TSC que conste en sus archivos.
Otras empresas que participaron en alguna u otra medida en la cátedra de Begoña Gómez tampoco tenían la información concreta que pedía Peinado, pero sí ofrecieron al juez instructor otros documentos relacionados con la cátedra, aunque no los hubiese solicitado ex profeso.
En una escueta respuesta enviada el pasado 31 de julio a un requerimiento de Peinado hecho el 13 de julio, dice que «la prestación de servicios profesionales por parte de Deloitte a favor de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina del proyecto» y añaden que «dicha oficina de proyecto, creada y en funcionamiento antes del comienzo de la intervención de Deloitte Consulting había sido constituida como el órgano encargado de coordinar los trabajos necesarios para la creación y desarrollo de un software con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la mediación del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva».
En el segundo punto de su respuesta dice Deloitte que «en la ejecución de la labor de soporte y asesoría a la oficina de proyecto, Deloitte Consulting nunca tuvo acceso directo al software y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento. Por este motivo, no contamos con los ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales de los códigos fuente del software de referencia». El documento no tiene la firma de nadie en concreto, sino un sello general de Deloitte Consulting SLU.
Sin embargo, la primera propuesta de Deloitte para colaborar en la cátedra de Gómez, un contrato menor que le fue adjudicado por 14.999 euros, antes de impuestos, justo un euro por debajo de someter la adjudicación a concurso público, recogía en uno de sus puntos como condición indispensable que la «UCM facilitará el stack tecnológico utilizado en la solución».
Un «stack tecnológico» es «el conjunto de lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, herramientas y plataformas que se utilizan para desarrollar y ejecutar una aplicación o sistema», según la definición que hace del mismo la Inteligencia Artificial de Google. Por tanto, o bien la UCM no facilitó esta información a Deloitte o la consultora no se la exigió a pesar de su propuesta en el presupuesto…
Los stacks tecnológicos suelen incluir lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, servidores, sistemas operativos y hardware y herramientas de automatización y análisis. Tiene, por tanto, mucha lógica que Deloitte pidiese esa información para poder trabajar.
SEGUNDO CONTRATO POR 60.500 EUROS
Además, la consultora fue precisamente contratada en la segunda ocasión en noviembre de 2023 por 60.500 euros (IVA incluido) para la «Asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa». En realidad, se trataba de terminar el software de TSC de Begoña Gómez, después de que Google e Indra se hubiesen negado a seguir trabajando gratis en el mismo, tal y como declararon sus responsables en sede judicial.
El primer contrato, de diciembre de 2022, con Deloitte fue calificado por las acusaciones populares en el caso Begoña Gómez como «contrato fantasma», porque no se licitó con publicidad y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) lo denunció en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que el juez Peinado lo investigase, éste y todos los que se dieron por la famosa cátedra de Begoña Gómez.
Para explicarlo hay que ir hasta el 1 de diciembre de 2022 a las 12.55 horas la asistente personal de Begoña Gómez para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense, Blanca de Juan, se dirigía un correo a si misma con copia oculta a tres direcciones de empresas expertas en auditar procesos de desarrollo tecnológico, como la plataforma que Begoña Gómez quería desarrollar para su proyecto de cátedra.
A nadie le resultó entonces extraño que De Juan explicaba que «el trabajo se deberá llevar a cabo antes de la finalización de 2022», es decir, sólo un mes, pero además al final del mail añadía que «debido a la premura del plazo de ejecución, se considerarán propuestas recibidas hasta mañana (2 de diciembre) a las 13.00 horas».
Sólo se presentó uno, Deloitte, que evidentemente se adjudicó el contrato por 18.148,79 euros, pagados el 9 de marzo de 2023, curiosamente el mismo día que se firmó el Informe del Órgano de Contratación de la UCM, necesario para justificar la contratación, cuatro meses después.
La consultora respondió rápidamente al correo de De Juan, en concreto a las 8.40 horas del día siguiente. La oferta era de 14.999 euros, sin IVA, evitando así el límite por 1 euro de 15.000 euros para subirlo a la Plataforma de Contratación del Sector Público donde tendría que haber sido sometido a una convocatoria de licitación pública, con mayor control y siguiendo los plazos establecidos por ley, mucho mayores a 30 días.
El proceso lo había iniciado la propia Begoña Gómez el 29 de noviembre de 2022 al establecer en un folio la «memoria de necesidades» de la Cátedra: «La plataforma requiere de un desarrollo tecnológico desde cero, por lo que hay involucradas diferentes perfiles de diferentes organizaciones» y añadía que «se trata de un proyecto ambicioso y complejo con multitud de actores y multitud de retos a nivel de concepto y a nivel tecnológico».
La conclusión era que «para ello requerimos el apoyo de un proceso de asesoría-acompañamiento que nos ayude (con una visión externa) a evaluar los riesgos del proceso y proponer acciones de mejora». El documento está firmado por la propia Begoña Gómez, como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
MEMORIA FIRMADA POR BEGOÑA GÓMEZ
Dos días después, el 1 de diciembre de 2022 Blanca de Juan mandaría el mismo mail a tres direcciones diferentes que copiaba «literalmente» el documento de la memoria de necesidades firmado por Begoña Gómez y sólo fue contestado por Deloitte.
Ese correo enviado a las tres empresas, mínimo necesario para cumplir el trámite legal, estaba dirigido a un directivo concreto de Deloitte, otro a una dirección general de Techxonn y el tercero a otro directivo de Minsait, filial de tecnológica de Indra. El único que contestó en plazo fue el «Socio Responsable de Consultoría EIT» de Deloitte, Juan Pedro Gravel, con una propuesta en un documento adjunto en formato PDF y Word.
Tampoco nadie ha explicado todavía al juez Peinado que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios si es normal elaborar un documento y una respuesta tan rápida.
«Estimada Blanca, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta para asistirles en el proceso Asesoría-acompañamiento para evaluar los riesgos del proceso y proponer acciones de mejora en la implementación de la plataforma de gestión y medición de impacto para PYMES. (…) Esperamos que el contenido responda a su solicitud», respondía el responsable de Deloitte el 2 de diciembre a las 8.40 horas de la mañana sobre la petición para la cátedra de Begoña Gómez.
El 24 de octubre de 2023 la universidad adjudicaría otro contrato, firmado por el mismo responsable de Deloitte que contestó al mail inicial de la secretaria de Gómez, por 72.000 euros (60.500 sin IVA) para un «Servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid. En esta ocasión el contrato sí superó los 15.000 euros y por tanto tuvo que ser publicitado en a la Plataforma de Contratación del Sector Público. A pesar de ello sólo otra empresa se presentó, aunque perdió frente a Deloitte.
El software que Begoña Gómez deseaba desarrollar para la cátedra comenzó a gestarse en 2022, por eso quizás la urgencia de contratar una auditoría externa. En la elaboración del mismo participaron Minsait (filial de Indra), Telefónica y el gigante estadounidense Google. Todas se retiraron con el software desarrollado al 80 por ciento cuando empezaron a encontrar problemas. Ese 20 por ciento que quedaba fue el que se adjudicó Deloitte a finales de 2023 por 72.000 euros hasta poder terminar el famoso software.
LA UCM NO ENCONTRÓ DATOS
La Universidad Complutense dirigió en junio de 2024 un escrito a la Escuela de Gobierno, de la cual depende la Cátedra de Begoña Gómez, para requerir «todos los detalles relacionados con el contrato menor», en referencia a ese primer contrato con Deloitte.
Sin embargo, la Escuela de Gobierno respondió que no había recibido «el resultado de los trabajos en ningún tipo de formato» y consideró que estos debían estar en poder «de la Dirección de la propia Cátedra».
La Complutense decidió entonces solicitar a Begoña Gómez los documentos o archivos que demostraran que el servicio concedido a Deloitte era real y se había prestado. La directora del Máster en Transformación Social Competitiva contestó el 12 de junio con un simple acuse de recibo, vía mail, que recogía que «le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones».
Sin embargo, posteriormente la Universidad destaca en su informe que investigó el asunto que la esposa de Sánchez no llegó a proporcionar ninguna prueba. El 24 de junio se convocó la comisión de control de la Cátedra. En el orden del día se incluía el análisis de la documentación pendiente de entrega, pero Begoña Gómez solicitó el aplazamiento de la reunión hasta el 4 de julio siguiente, alegando «motivos personales», pero ese día tampoco acudió.
A pesar de todas las trabas a la investigación de Peinado, la esposa del presidente el Gobierno está acusada de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional y hace unas semanas también del delito de malversación, el más grave de todos por la pena que contempla, hasta seis años de cárcel.
