Una providencia del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dictada este 3 de septiembre, niega al Parlamento de Navarra la información solicitada sobre el Caso Koldo, una causa que instruye el Alto Tribunal en todo lo relativo a Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, a Koldo García, asesor del ex ministro José Luis Ábalos y al comisionista Víctor de Aldama.
El Parlamento navarro pidió conocer la instrucción el pasado 7 de agosto para incorporarlo esa parte del sumario a la comisión de Investigación que comenzará este mes de septiembre.
Pero ahora el juez Puente ha respondido que «no ha lugar a remitir la documentación solicitada por dicha Asamblea Legislativa autonómica entre otras razones de no menor peso debido a que toda la interesada forma parte de la presente causa especial, que se halla en fase de instrucción. Es sabido que, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 301 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias del sumario serán reservadas, de tal modo que las mismas, incluso cuando no se hubiera decretado el secreto, no tienen carácter público, al punto que la autoridad o funcionario público que revelara indebidamente su contenido podría incurrir en la comisión de un hecho delictivo (…)».
La Comisión de Investigación del Parlamento navarro pidió por medio del presidente de ese parlamento, Unai Hualde Iglesias del PNV-Geroa Bai, al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional todos los informes relativos al Caso Koldo que afectan a Santos Cerdán y su influencia en las obras de Navarra, para poder estudiarlos y debatirlos en la comisión de investigación constituida en ese parlamento autonómico el 26 de junio de 2025. Pero ahora es el Supremo quien le ha dado respuesta, porque la causa está instruida por el Alto Tribunal.
PETICIÓN SOBRE SANTOS CERDÁN
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional el pasado 7 de agosto el Parlamento navarro explicaba que la Comisión de Investigación constituida el «26 de junio de 2025 sobre «Las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este, en el periodo comprendido en las cuatro últimas legislaturas parlamentarias, tanto a personas físicas como jurídicas señaladas en el marco de la Causa Especial 20775/2020, de la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo», ha acordado en la sesión celebrada el día 5 de agosto de 2025 requerir la siguiente información a las instituciones públicas, órganos y personas jurídicas que se relacionan a continuación».
Además, el Parlamento pedía que se remitiesen esos datos «al Parlamento de Navarra antes del día 15 de septiembre de 2025 en formato digital, citando expresamente el ordinal asignado a cada información. Para ello, deberá entregar la información a través de la sede electrónica del Parlamento de Navarra, utilizando el trámite de presentación Registros de Carácter Parlamentario e indicando el expediente».
Los documentos que se pedían eran el atestado de la UCO de 22 de febrero de 2024, que dio origen al Caso Koldo y un segundo informe de la UCO de la Guardia Civil, el numero 11/2024, de fecha 8 de octubre de 2024.
También el Parlamento navarro pidió la «declaración en sede judicial de D. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado de 21 de noviembre de 2024» y su posterior «escrito presentado en estas Diligencias por D. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado en el que se encuentra un apartado denominado “Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios”».
Este último documento tiene una especial relevancia para el parlamento navarro porque en él Aldama relataba el pago de una comisión, dinero en mano, a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE a modo de «mordida» por las obras conseguidas en Navarra.
En concreto el Parlamento navarro quiere investigar a fondo la concesión de 3 obras a la empresa Servinabar en aquella comunidad autónoma. El contrato que más claramente destaca de todos es la obra de la UTE formada por Acciona Construcción, Servinabar 2000 y Excavaciones Fermín Oses, por valor de 76.086.980 euros, que fue adjudicada en Navarra con al menos tres informes contrarios en la mesa de contratación de tres vocales que formaron parte de la misma, entre ellos el secretario y el interventor, que llegó a asegurar que la decisión tomada por el Gobierno de Navarra «no justifica las contrataciones».
Es una de las adjudicaciones que el Parlamento de Navarra quiere investigar ahora. Pero además de este contrato de 76 millones de euros la misma UTE, aunque en este caso eran solo Servinabar y Acciona, se adjudicó otro dos, en concreto dos lotes de otros contratos más grandes. Uno por valor de 6.800.670,70 euros y otro, financiado con fondos Next Generation de la UE por 7.810.03,73 euros más IVA. En ambos casos era para la construcción de viviendas en Pamplona.
En cualquier caso cualquiera de todos estos documentos han sido ampliamente publicados en la Prensa por diferentes medios, entre ellos MONCLOA.com.
