Otra vez la transfobia y los ataques al colectivo LGTBI+ saltan a la palestra informativa después de que un exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego, hiciera declaraciones tránsfobas y se burlara del colectivo trans en un acto organizado por Vox en las mismísimas dependencias del Congreso de los Diputados. La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) ha reaccionado con una condena firme, calificando el incidente como una afrenta a la dignidad humana y una prueba irrefutable de la urgencia de un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio.
Las palabras del exmagistrado Borrego no solo cuestionaron la identidad de las personas trans, sino que también pusieron en tela de juicio las normativas vigentes diseñadas para proteger los derechos y la integridad física de las personas LGTBI+ y las mujeres. La gravedad del suceso se multiplica al considerar el escenario y la figura que lo protagoniza.
«El Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía española, un lugar que debe reflejar la voz de toda la ciudadanía y fomentar la convivencia pacífica. Quien pronuncia discursos de odio en este recinto socava los pilares de nuestra democracia», afirmó la FELGTBI+ en un comunicado de prensa, donde también destacó la responsabilidad de un magistrado, cuya función es garantizar el cumplimiento normativo. «Cuando un magistrado pronuncia este tipo de discursos, no solo contraviene su mandato de servicio público, sino que, además, erosiona la confianza de la ciudadanía en la Justicia».
Este último punto resuena especialmente en la comunidad LGTBI+, que históricamente ha enfrentado una profunda desconfianza en las instituciones. Según el informe «Estado del odio: Estado LGTBI+ 2025», de la propia federación, existe una alarmante tasa de infradenuncia en casos de delitos de odio. Solo un 26,82% de las víctimas formaliza una denuncia ante la policía, mientras que un significativo 46,09% no recurre a ninguna autoridad.
LA SOMBRA DE LA INFRADENUNCIA
La presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha desglosado las razones detrás de esta silenciosa realidad. Más de la mitad de las víctimas (52%) cree que denunciar no servirá de nada. Un 39,39% argumenta que la falta de pruebas les hace pensar que las autoridades no les darán credibilidad. Incluso, un 32,73% sencillamente piensa que no les creerán.
«El colectivo LGTBI+ es un grupo históricamente discriminado que, en ocasiones, ha llegado a normalizar la violencia que sufre a diario», explica Iglesias. Esta normalización se refleja en cifras dolorosas: un 36,97% de las personas no da importancia a las agresiones sufridas, y un 32,12% evita denunciar por vergüenza.
Las agresiones varían en su naturaleza, pero su impacto es devastador. La modalidad más común son las agresiones físicas leves, como empujones o agarrones, seguidas de la agresión sexual, la agresión física grave y la agresión sexual con intimidación. En un plano menos físico, pero igualmente dañino, los insultos, el trato degradante y el rechazo social son las formas de acoso más frecuentes.
La discriminación no se limita a las calles o a los espacios públicos. El ámbito laboral es un foco de vulnerabilidad, con despidos, negación de ascensos y no contrataciones como las formas más comunes de discriminación.
EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA: UN EFECTO DIRECTO DEL ODIO
Los discursos como el del exmagistrado Borrego no son meras palabras; tienen consecuencias tangibles y violentas. «El impacto de estos discursos no es simbólico», recalca la FELGTBI+, «sino que se traduce en violencia real, convirtiéndose en la antesala a los delitos de odio».
El informe «Estado del Odio» muestra una escalada alarmante: las agresiones físicas y verbales a la población LGTBI+ se han duplicado en solo un año, pasando del 6,8% en 2024 al 16,3% en 2025. Esto significa que, aproximadamente, 812.000 personas fueron agredidas en el último año, una cifra que subraya la enorme vulnerabilidad del colectivo y la urgencia de medidas efectivas para proteger sus derechos.
Borrego, en su intervención, hizo alusión a la ley LGTBI+ de Canarias, que se encuentra bajo amenaza de modificaciones que buscan recortar derechos ya conquistados. Esta referencia no es casual y se inscribe en un contexto de intentos de desmantelar los avances legislativos en materia de diversidad e igualdad. La FELGTBI+ advierte que estos ataques no solo ponen en riesgo a las personas trans, sino al conjunto de la comunidad LGTBI+.
HACIA UN FUTURO DE RESPETO: EL LLAMADO A LA ACCIÓN
Ante este panorama, la FELGTBI+ ha anunciado que remitirá las declaraciones de Borrego a la Fiscalía para que se valoren las medidas oportunas. Sin embargo, su principal demanda va más allá de un caso individual y apunta a una solución estructural: un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos vulnerables.
Esta iniciativa, impulsada por la federación junto a más de una docena de entidades de derechos humanos, busca blindar los avances normativos y revertir el aumento de las agresiones. Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, destaca que para acabar con la infradenuncia y el odio, es necesario un esfuerzo coordinado.
En primer lugar, propone reforzar la formación del personal encargado de la recogida de denuncias para garantizar un acompañamiento adecuado a las víctimas. En segundo lugar, insta a dotar de recursos a las entidades LGTBI+, que han demostrado ser canales de denuncia y apoyo vital para las víctimas. Finalmente, llama a las Administraciones Públicas a lanzar una estrategia común de fomento de la confianza y a aprobar el mencionado Pacto de Estado.
El incidente protagonizado por el exmagistrado Borrego en el Congreso no es un hecho aislado, sino un síntoma de una lacra que, según la FELGTBI+, «mancha los pilares de una sociedad que presume de ser justa, igualitaria y democrática». La pelota está ahora en el tejado de las instituciones, que deben responder a la violencia con acciones concretas y no solo con palabras. La urgencia de un compromiso firme es, hoy más que nunca, evidente.
