La Agencia Tributaria (AEAT) ha retenido algo más de 40.461,93 euros en concepto de devolución a Francisco Javier Cillán, imputado por el juzgado central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional en la causa Hidrocarburos. En un escrito enviado por AEAT al juez Santiago Pedraz el pasado 17 de julio, la agencia tributaria pone en conocimiento del Juzgado que ha procedido a retener dos cantidades correspondientes a la devolución de los ejercicios 2023 y 2024 de Cillán, considera el «contable» de Villafuel, empresa situada por la UCO en el epicentro del fraude millonario por impago del IVA.
El documento titulado «Acuerdo de retención cautelar de devolución en virtud del artículo 81.9 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria» recoge que «de conformidad con el artículo 81.9 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) (…) adjunto se remiten los acuerdos de retención cautelar de
devoluciones adoptados en relación a Cillán Contreras Francisco Javier, tramitándose expediente ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional» y añade que «las devoluciones retenidas seguirán generando intereses a favor del investigado hasta que por este órgano judicial no se proceda a su ratificación (…)».
DOS EJERCICIOS FISCALES
El documento de la AEAT, firmado por el Delegado Especial Adjunto de la AEAT en la Comunidad de Madrid, relata que la Audiencia Nacional sigue procedimiento contra Cillán por un delito fiscal contra la Hacienda Pública estimado en 182.513.923,15 euros. Hacienda le reconoce una devolución por el ejercicio 2024 de 22.221,86€ y por el ejercicio 2023 le reconoce 18.240,07€. En total, ambas cantidades sumadas ascienden a 40.461,93€.
Pero la AEAT considera que «la acumulación de presupuestos fácticos que originan el proceso penal determinan que Cillán Contreras es un obligado tributario, respecto del que existen indicios de comisión de un delito contra la Hacienda Pública, lo que supone que dicho obligado puede ser declarado responsable de la eventual responsabilidad civil y los intereses que, en el marco de dicho procedimiento penal se determine».
Además, dice Hacienda que «considerando que en el presente caso por un lado, el importe de la cantidad presuntamente defraudada, y por otro, el origen de la deuda, pues la misma derivaría de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, lo cual implica, necesariamente, la existencia de dolo, esto es, de una voluntad consciente y querida de obtener como resultado un beneficio patrimonial basado en la defraudación a las arcas públicas, existen indicios suficientes que hacen necesaria la adopción de esta medida cautelar de retención de devolución para evitar que el denunciante abone al imputado las devoluciones a su favor y que posteriormente éste, cuando resulte deudor del mismo, no satisfaga las cantidades a que resulte obligado».
EL ACUERDO ES «LA RETENCIÓN CAUTELAR DEL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA»
Por tanto, el acuerdo es «la retención cautelar del pago de la devolución tributaria que deba realizar la Administración Tributaria al obligado al pago Cillán Contreras Francisco Javier, por importe de 22.221,86 euros y mantener la misma hasta que el órgano judicial adopte la decisión
procedente». Exactamente lo mismo hace Hacienda respecto al pago de los 18.240,07€.
Pero ¿quién es Francisco Javier Cillán? Para los investigadores de la UCO es una figura importante dentro del entramado de Hidrocarburos, tanto que destacan que en algunas llamadas recibidas por María Luisa Rivas, administradora de Villafuel, «le solicita al llamante que espere dado que, necesita dar acceso a la llamada a Javier Cillán, jefe de operaciones y contable de la
operadora Villafuel SL», según el informe de la Guardia Civil.
DIRECTOR COMERCIAL EN HIDROCARBUROS
Para la UCO «es necesario exponer esta conversación en cuanto al contenido que representa pues, dadas las funciones que lleva a cabo Francisco Javier Cillán como director comercial de Villafuel SL, estaría al tanto y tendría el conocimiento de las posibles irregularidades que conllevarían, y a pesar de ello continúa desarrollando sus cometidos».
Además, los investigadores señalan que «los padres de Francisco Javier Cillán dirigen un despacho de abogados, de manera que puede asesorarse de ellos a la hora de la toma de decisiones, si bien expone María Luisa Rivas, que éste «no pregunta a sus padres, no es algo que quiera abrirse a ellos», evidenciando que el investigado tiene un claro conocimiento de las irregularidades que pueden conllevar las mismas, guardando el debido sigilo en la exposición de sus actividades ante su familia».
Sin embargo, Cillán declaró ante el juez Pedraz, que instruye la causa Hidrocarburos, que su trabajo se limitaba a tomar apuntes contables de lo que le iban diciendo.
Pero para la Guardia Civil, Cillán es algo más que un contable de Hidrocarburos, porque de las llamadas «se desprende que la figura de Javier Cillán realmente desempeña un rol de más relevancia, desempeñando labores de jefe de operaciones y contable de la mercantil, realizando labores de supervisión, prácticas de estratégicas, producción y prestación de servicios, desarrollando procesos de ofertas y el mantenimiento de la actividad operacional de la operadora Villafuel SL».
Además, Javier Cillán tendría conocimiento de «la trama defraudatoria de Villafuel SL y la operativa comercial desarrollada para lograr el perfeccionamiento del fraude a través de la disposición de las suministradoras interpuestas sobre las que esta supuesta organización criminal hizo recaer la responsabilidad del impago del IVA, que recordemos, tal y como detalla en informe la AEAT, habría cometido un fraude cuantificado en el año 2022 en 5.617.524,78 euros, en 2023 de 166.861.420,81 euros y en 2024 de 10.034.977,56 euros, arrojando la suma total de 182.513.923,15 euros».
La investigación del caso Hidrocarburos permitió descubrir que Cillán «es responsable de ejecución operaciones bancarias de derivas de capital destinadas al extranjero de las mercantiles instrumentales interpuestas y creadas ad hoc para la comisión del presunto fraude, por lo que es conocedor del alejamiento de capital a Portugal, China, Venezuela, Luxemburgo y Suiza», según el informe de la UCO.
