El sindicato Jupol de Policía Nacional ha informado de que el Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha admitido a trámite el acto de conciliación previo a la interposición de una querella penal por presuntas injurias graves con publicidad contra la diputada y portavoz de Podemos, Ione Belarra. El Juzgado de 1ª Instancia Nº 60 de Madrid ha fijado el acto de conciliación para el próximo 27 de octubre.
Este procedimiento judicial se origina tras las declaraciones públicas realizadas por Belarra el pasado 15 de julio en la localidad de Torre Pacheco, en las que acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de contar con una infiltración de «ideología neofascista» y de promover un «terrorismo nazi de extrema derecha». A estas manifestaciones se suma un mensaje publicado el 21 de julio en la red social X (antes Twitter), en el que acusó a la Policía Nacional de realizar «redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país», afirmando además la existencia de un supuesto «racismo institucional» en el cuerpo.
Desde Jupol se considera que estas afirmaciones constituyen «un grave atentado contra el honor, la profesionalidad y la neutralidad política de los agentes de la Policía Nacional, acusaciones infundadas que buscan dañar la imagen pública de una institución que trabaja cada día con plena sujeción a la legalidad, sin discriminación alguna ni motivación ideológica», explican en un comunicado.
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, señala que «la admisión a trámite de este acto de conciliación es un paso fundamental para frenar los ataques injustos y falsos que se lanzan desde determinados sectores políticos contra la Policía Nacional. No se puede acusar a nuestros agentes de racismo ni de connivencia con ideologías extremistas sin asumir responsabilidades legales».
En ese acto de conciliación, Jupol reclamará a Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, así como disculpas públicas por las declaraciones y publicaciones injuriosas.
Del mismo modo, el sindicato reclama la eliminación inmediata del tuit del 21 de julio y su sustitución por un mensaje de disculpa y una indemnización de 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados a la imagen y honor de la Policía Nacional.
El sindicato advierte que, de no alcanzarse un acuerdo en este proceso, «interpondrá una querella penal por injurias graves con publicidad contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, agravantes que pueden conllevar consecuencias penales significativas».
Jupol recuerda que «el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un pilar esencial en toda democracia y que ningún cargo público puede ampararse en su posición institucional para lanzar acusaciones falsas y ofensivas contra quienes velan día a día por la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos».
