El 18 de agosto el juez Juan Carlos Peinado decidió imputar un nuevo delito, el quinto, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, malversación de caudales públicos por la utilización de su asesora Cristina Álvarez, contrata por Presidencia de Gobierno, para asuntos propios. Es la cuarta vez que Gómez comparecerá ante Peinado, las dos primeras decidió guardar silencio y la tercera sólo contestó a las preguntas de su abogado. Habrá que esperar a esta cuarta declaración.
En total la esposa de Pedro Sánchez acumula acusaciones por cinco delitos, que sumados supondrían hasta 17 años de cárcel, un panorama que se antoja difícil pero no del todo imposible. Es el peor momento para Pedro Sánchez tras la apertura de juicio oral a su Fiscal General del Estado y a la espera de que a su hermano David Sánchez le pase algo similar en Badajoz.
Es posible que tras esta declaración y después de que lleguen los mails de Presidencia del Gobierno con la cuenta de Begoña Gómez que el juez ha solicitado con la oposición de la defensa de la esposa del presidente, Peinado dé por concluida la investigación y pase a la fase de juicio oral con el permiso de la Audiencia Provincial de Madrid. De esta manera, la esposa del presidente se uniría a las preocupaciones más cercanas del presidente del Gobierno.
Si finalmente se cumple la hoja de ruta judicial como hasta ahora, Peinado acusará a Begoña Gómez de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Éste último es el más grave por la pena que contempla, hasta seis años de cárcel.
En un principio Peinado rechazó incluir tanto a Begoña Gómez como a su asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, como investigadas por malversación. Sin embargo, ahora, con el plazo de investigación cercano a prescribir Peinado decide incluir a las dos tras la querella presentada por el grupo político VOX.
De hecho, este miércoles están citadas a declarar tanto Cristina Álvarez como Begoña Gómez, después de que la última tuviese que adelantar su declaración por la imposibilidad de que acudiese su abogado el día 11 de septiembre, cuando inicialmente estaba citada.
En un auto la Audiencia Provincial de Madrid, el 12 de junio de 2025, se preguntaba «respecto de la investigada Cristina Álvarez ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?, la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada (Begoña Gómez) en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».
Esa posibilidad fue precisamente la que el juez Peinado investigó y usa como indicios para acusar de malversación a ambas mujeres «la declaración del vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos».
BEGOÑA GÓMEZ RECURRIÓ ANTE LA AUDIENCIA
La defensa de Begoña Gómez estima esta conducta, en un recurso de apelación presentado ante la Audiencia, como más propia de «una persona que hace un favor a otra para la que trabajas y con la que además mantienes una relación de amistad» que como la prueba de un delito. El abogado de Gómez estima también que en realidad Cristina Álvarez desempeña tareas logísticas y organizativas para la esposa del presidente del Gobierno y apela también para que la petición de todos los correos de Begoña Gómez con su cuenta de Presidencia desde 2018 sea rechazada.
El juez también constata la existencia de «un email dirigido a la Directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster, lo que parece exceder claramente sus funciones». A esto el abogado de Gómez aduce que la asesora recibía la copia de los mails porque estaba encargada de «coordinar la agenda de la esposa del presidente».
Todos esos datos serían, a juicio del juez instructor, «suficientes, en este momento procesal, de los que podría también deducirse la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración».
Así Peinado apuntalaba este nuevo delito contra Begoña Gómez y decidía en agosto «continuar con la investigación oportuna, en la pieza separada 08/2025 de las diligencias previas 1146/2024 seguidas en este juzgado». Es decir, aunque la investigación principal deba ser concluida Peinado se reserva la caducidad más tardía de la instrucción de la pieza separada relativa a Cristina Álvarez y el delito de malversación.
CARTA DE APOYO DE BEGOÑA GÓMEZ
Los hechos primarios por los que comenzó la investigación contra Begoña Gómez fue por la firma de dos cartas de recomendación a empresas del Grupo Barrabés en UTE con Innova Next para que acudieran a licitaciones públicas, alguna de ellas investigadas por la Fiscalía Europea al haber recibido ayudas de fondos Next Generation.
El delito de apropiación indebida se refiere a la presunta apropiación de una patente del software desarrollado para el máster que Gómez impartía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de Transformación Social Competitiva (TSC). Respecto al delito de de intrusismo laboral parece claro que Gómez no disponía de la titulación universitaria necesaria para impartir ni codirigir un máster. Estos dos nuevos delitos fueron incluidos a petición de la acusación popular de Hazte Oír.
Fuentes jurídicas consultadas por MONCLOA creen que el juez Peinado, que se jubila en 2026, quiere acelerar la instrucción de este caso como un broche a su larga carrera de juez instructor en los juzgados de Plaza de Castilla y dejar todo bien atado para enviar el caso a la Audiencia Provincial que deberá pronunciarse sobre la apertura de un más que posible juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno.
