La medidas tomadas este principio de semana contra el estado de Israel ya comienzan a tomar cuerpo oficialmente, después de que algunas fueran anunciadas hace varias semanas. El embargo de armas ya es oficial y la rotura de contratos de tecnología oficial también. Entre esos acuerdos rotos destaca el del proyecto de lanzacohetes Silam, una de las reformas estrellas que anunció en su día Margarita Robles, titular de la cartera de Defensa. Fuentes cercanas a la industria militar española piensan en empresas de fuera de Europa como puente para romper ese veto a Israel.
El caso es que para Robles el retomar que nuestro Ejército tuviera una capacidad propia para lanzar cohetes era fundamental, después de ver el importante papel que este tipo de armas ha tenido durante la Guerra de Ucrania y las necesidades futuras que nuestro país tiene en materia de Defensa. Tanto dentro de los compromisos firmados con sus aliados, como para la defensa de nuestras fronteras, especial al sur de nuestro país.
En este sentido, cabe recordar que el Ministerio de Defensa ha anulado los contratos asociados al lanzacohetes Silam tras una inversión de aproximadamente 576 millones de euros, aprobada a finales del año 2023. La anulación formal de los contratos se ha publicado en la Plataforma de Contratación Pública hace escasamente 48 horas. A esto hay que añadir los 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2, otra de las grandes necesidades de nuestro Ejército de Tierra para sus capacidades operativas. Ambos contratos suman la friolera cifra de 1.000 millones de euros, que en principio se destinarán para otro proyecto alternativo similar.
¿QUIÉN SE HACE CARGO AHORA DE ESTOS CONTRATOS?
Tras esta situación surgen varias dudas a las que el Ministerio de Defensa está dando respuesta opaca. En referencia a esto, desde la citada cartera ministerial están filtrando a varios medios de comunicación que la rescisión de estos contratos millonarios va a ser mucho más fácil de lo que las primeras informaciones relataron a la opinión pública. La clave es que estos dos contratos estaban pendientes de la formalización oficial, algo que según Defensa hace más fácil la ansiada rescisión.
Según el último informe del Centre Delàs, que salió hace unos meses, desde el anuncio del embargo a Israel, se han adjudicado contratos por más de 1.044,5 millones de euros sin impuestos. Una situación que pone en jaque las intenciones del Gobierno y que preocupan a Robles, que intenta mirar por los tiempos justos para llevar a cabo el citado rearme español, en el que diverso material de origen israelí tiene bastante importancia en alguno de los proyectos designados para cumplir con los objetivos de la OTAN y los aliados europeos de España.
Las empresas con las que nuestro país mantiene este tipo de negocios de negocios son principalmente Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems, los dos gigantes armamentísticos del país hebreo. Dentro de ellas hay un dato que no debemos olvidar. Ese no es otro, que la primera de las entidades citadas es de carácter público y con mucha influencia dentro de Israel. Aquí nace otro dato oscuro que el Gobierno ha intentado tapar para mantener contento a su principal socio en el ejecutivo central: Sumar, el más beligerante contra los israelíes.
Ese dato no es otro que, según informa articulo14.es, la participación de las compañías israelíes en los proyectos de Defensa se estructura, en el proyecto del SILAM, a través de una alianza de Elbit Systems con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), en la que también participa la alemana Expal Rheinmetall. Su participación ha permanecido oculta, ya que en su día la adjudicación se realizó a una UTE entre Escribano y Rheinmetall. Otra maniobra oscura del PSOE, utilizando su influencia sobre (EM&E) para ‘engañar’ a sus socios de Gobierno, que son fáciles de engañar en demasiadas ocasiones, como señalan irónicamente desde algunos sectores más radicales de la izquierda española.
Con esta situación, este medio ha consultado a fuentes cercanas a Defensa para ver cuales serían las posibles consecuencias reales, hay demasiadas especulaciones, con respecto a la anulación de estos contratos. Estas fuentes ha señalado que la ruptura de estos contratos si pueden traer consecuencias económicas para el estado español. Aunque estas no estén estipuladas de antemano, será el contratista el que deberá demostrar un perjuicio económico contra sus intereses tras la ruptura y, de esta forma, poder solicitar la indemnización. Muchos de estos litigios acaban en los tribunales, como es de esperar.
ACUERDOS SUBTERRÁNEOS
Con el desgaste electoral que puede suponer para el Gobierno de Sánchez el pago de una fuerte indemnización, fuentes cercanas a una gran empresa armamentística española, han asegurado que desde Defensa han estudiado la utilización de empresas pantallas para su adquisición y evitar de esta forma un litigio que puede costar una gran cantidad de dinero.
El método es sencillo, una empresa de otro país comprar el producto y lo revende al primer interesado como si fuese suyo. Según informan estas fuentes, este procedimiento se habría realizado ya en en España en diversas ocasiones supuestamente. Siendo la República Checa y Eslovaquia la residencia de las empresas utilizadas presuntamente para saltar los vetos a estos contratos por motivos políticos e ideológicos.
Pero la actual tendencia de la Unión Europea a restringir el comercio con Israel está, presuntamente, haciendo replantear esta estrategia. Y para ello, se ha pensado en varios países de fuera de Europa que pueden hacer llegar a España la tecnología Silam y de los misiles Spike. Algo que puede hacer enfadar, o no, a Sumar y otros socios del Gobierno, alguna de estas fuentes han llegado a comentar que puede llegar a tener el visto bueno de los mismos. Veremos, pero queda claro que, de momento, España no es país para lanzacohetes.
