La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha valorado con satisfacción la decisión del Congreso de no aprobar la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, calificándola de «resolución responsable» que evita un «grave perjuicio» al sistema de atención a la dependencia en España.
La patronal, que representa a las empresas del sector de cuidados, ha expresado su alivio ante una medida que, de haberse aprobado, habría supuesto un riesgo evidente para la continuidad del servicio que reciben miles de personas dependientes. AESTE insiste en que el sector enfrenta una crisis estructural de falta de personal, y una reducción de jornada sin una previsión de recursos adicionales habría incrementado la necesidad de contratación, debilitando un sistema ya de por sí tensionado.
«Esta reforma no estaba teniendo en cuenta las especificidades de cada sector, entre ellos el de los cuidados,» ha declarado Josune Méndez, secretaria general de AESTE. En su opinión, el camino para mejorar las condiciones laborales no es otro que un Pacto de Estado por los Cuidados, en el marco del cual la negociación colectiva sea la vía para abordar mejoras.
UN EQUILIBRIO FRÁGIL: ENTRE DERECHOS LABORALES Y SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO
AESTE defiende que cualquier mejora en las condiciones laborales, como la reducción de la jornada, debe ser abordada mediante el diálogo social y la negociación colectiva, permitiendo que empresas y trabajadores alcancen acuerdos adaptados a las realidades de cada territorio. La asociación subraya que la imposición de una jornada más corta habría generado tensiones en la gestión y un incremento de costes difícil de asumir para muchas entidades, poniendo en riesgo su viabilidad.
«El proceso de mejora de las condiciones laborales debe ir acompañado de una financiación adecuada y de políticas que apoyen la formación, la retribución y la flexibilidad organizativa», sostiene la asociación. Solo de esta manera, argumentan, se podrá avanzar de manera gradual y responsable, sin comprometer la calidad y la continuidad de los servicios de dependencia.
Con el rechazo a la propuesta, AESTE reitera su compromiso con la búsqueda de soluciones que equilibren la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector con la sostenibilidad de los servicios. La organización, que abarca todo el territorio español, se posiciona como una voz clave en el debate sobre el futuro del sistema de cuidados en España.
DURA DERROTA EN EL CONGRESO PARA EL PSOE DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
En este sentido, el Partido Popular (PP) ha intensificado su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo la convocatoria de elecciones generales tras el revés sufrido por el Ejecutivo en el Congreso con la votación sobre la reducción de la jornada laboral. En una declaración contundente, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha remarcado que la votación demostró que «no hay una mayoría en el Parlamento» y, en su opinión, tampoco una «mayoría social» que respalde al actual Gobierno.
«Habría que convocar elecciones generales para que los españoles determinen qué país quieren a futuro», ha sentenciado Bravo, interpretando el fracaso de la ley de jornada laboral como un síntoma de la debilidad del Ejecutivo.
El dirigente popular ha sido especialmente crítico con la gestión del Gobierno de coalición, acusándolos de ser incapaces de alcanzar consensos. «El Ejecutivo de Sánchez no es capaz de poner de acuerdo, de alcanzar un consenso con la patronal y los sindicatos», ha declarado, subrayando que, por el contrario, lo que sí logran es «enfrentarlos».
Bravo también ha entrado de lleno en la polémica con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien ha acusado de mentir públicamente. En respuesta a unas declaraciones de Díaz en las que aseguraba que el PP se había comprometido a una reunión sobre la jornada laboral antes de agosto, Bravo ha sido categórico. «Eso es literalmente falso. Jamás me ha convocado a una reunión, jamás me ha dicho de hablar de este ámbito», ha asegurado, desmintiendo cualquier tipo de acercamiento o compromiso previo con la ministra.
Las declaraciones de Juan Bravo no solo marcan la posición del PP frente a la fallida ley de jornada laboral, sino que también elevan la presión sobre el Gobierno de Sánchez, situando la petición de nuevas elecciones en el centro del debate político tras un nuevo fracaso parlamentario del Ejecutivo.
CONTROVERSIA POR EL NO DE LOS POPULARES
La controvertida propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las iniciativas estrella del Gobierno de coalición, ha encontrado en el PP a su principal y más férreo opositor. El rechazo de la formación conservadora no es meramente político, sino que se sustenta en un entramado de argumentos que van desde la crítica al proceso de negociación hasta la preocupación por el impacto económico y la viabilidad sectorial.
El primer gran escollo, según el PP, es la ausencia de consenso con la patronal. A pesar de las negociaciones con los sindicatos UGT y CC.OO., la CEOE se descolgó del acuerdo, un hecho que los populares interpretan como una «imposición» unilateral del Ejecutivo. La premisa del PP es clara: una reforma de tal calado debe ser fruto del diálogo social, con el visto bueno de los tres grandes actores (Gobierno, sindicatos y empresarios), para garantizar su éxito y sostenibilidad.
A este frente se une la preocupación por el riesgo económico. El Partido Popular sostiene que una reducción de jornada sin una disminución salarial, como se plantea, supondría un aumento de los costes laborales para las empresas. Esta subida, afirman, podría traducirse en una pérdida de competitividad y, en última instancia, en la destrucción de empleo, especialmente en el tejido de pequeñas y medianas empresas que forman la columna vertebral de la economía española.
Además, el PP considera que la propuesta adolece de falta de realismo y de un enfoque sectorial. Los populares argumentan que no es posible aplicar la misma medida de manera uniforme a todos los ámbitos laborales. Sectores como el de la atención a la dependencia, que ya enfrenta serias dificultades para cubrir puestos de trabajo, se verían gravemente afectados por la medida, lo que podría poner en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
Frente a la imposición legislativa, el PP aboga por la negociación colectiva como la vía preferente para mejorar las condiciones laborales. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo cree que es en el ámbito de cada empresa o sector donde se pueden alcanzar acuerdos más flexibles y adaptados a las necesidades reales de trabajadores y empleadores, superando así la rigidez de una ley generalista.
Más allá de los argumentos técnicos, el rechazo del PP también se enmarca en una estrategia política más amplia. La votación se ha interpretado como una derrota para el Gobierno y una forma de evidenciar la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante sus propuestas más ambiciosas. Con esta postura, el PP se consolida como la voz de la oposición, señalando lo que considera una gestión «incapaz» y desvinculada de la realidad del tejido productivo español.
