El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, denuncia públicamente la «gravísima irresponsabilidad institucional» demostrada durante los altercados ocurridos en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, un evento deportivo de alcance internacional en el que se puso en riesgo la vida y la integridad física de ciclistas, espectadores, ciudadanos y de los propios agentes de la Policía Nacional. Y han exigido la dimisión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, la del ministro del Interior Grande-Marlaska y la del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, máxima autoridad policial en la región.
Desde este sindicato «queremos comenzar reconociendo la entrega, profesionalidad y sacrificio de todos los policías nacionales que formaron parte del dispositivo. La intervención de los agentes sobre el terreno fue impecable y evitó un balance aún más trágico, a pesar de las gravísimas carencias, la falta de coordinación y la ausencia de respaldo político. Una vez más, han sido los policías quienes, con su trabajo, han impedido que una situación límite terminara en una catástrofe mayor».
Según Jupol, el operativo policial estuvo condicionado por decisiones políticas y no por criterios policiales. «.
Y añaden que «se permitió la presencia de individuos y colectivos que se sabía de antemano que podían provocar altercados, sin aplicar protocolos básicos como el embolsamiento y la expulsión, que en otras ocasiones han resultado eficaces para prevenir incidentes. Por el contrario, se optó por mantenerlos en las inmediaciones, hasta que finalmente desencadenaron los violentos disturbios que todos hemos podido ver».
Los policías siguen explicando que «en los puntos más conflictivos no se solicitaron los apoyos necesarios y, cuando los equipos en primera línea pedían refuerzos, recibían como respuesta el más absoluto silencio. No se trató solo de una ausencia de recursos, sino de un abandono operativo deliberado, que dejó vendidos a decenas de agentes y generó una situación de riesgo extremo».
JUPOL denuncia con especial contundencia la actitud de determinados líderes políticos que, «de forma imprudente y temeraria, decidieron acudir a las movilizaciones acompañados de sus escoltas y se mezclaron entre los grupos radicales que participaron activamente en los actos violentos».
Estos comportamientos no solo suponen una falta absoluta de responsabilidad institucional, sino que «generan una peligrosa confusión entre la protesta política y la violencia callejera, alentando a los radicales y situando en una posición de mayor vulnerabilidad a los propios policías encargados de garantizar la seguridad. La presencia de representantes públicos en escenarios dominados por violentos legitima de facto su actuación y alimenta un clima de impunidad y confrontación», añaden.
22 POLICÍAS HERIDOS
El balance de estos incidentes no deja lugar a dudas: 22 agentes de la Policía Nacional resultaron heridos en el ejercicio de sus funciones. «Hombres y mujeres que, una vez más, han puesto su vida al servicio de la seguridad de todos y que han pagado el precio de decisiones políticas irresponsables. Que tras este resultado el delegado del Gobierno en Madrid se atreva a calificar los incidentes como “pacíficos” es un insulto intolerable hacia nuestros compañeros y una burla hacia toda la ciudadanía», recogen en un comunicado.
Por todo lo anterior, desde JUPOL «exigimos la dimisión inmediata de tres responsables políticos: el presidente del Gobierno, por alentar y blanquear este tipo de movilizaciones, contribuyendo a generar el clima de crispación y violencia que derivó en los altercados. Es inadmisible que el máximo representante del Ejecutivo justifique actuaciones que ponen en riesgo a ciudadanos y policías».
Además, del ministro del Interior, como máximo responsable político del operativo, «por permitir que criterios políticos se antepusieran a las necesidades operativas. Su gestión ha sido nefasta, y su incapacidad para garantizar la seguridad de todos quedó en evidencia».
Y, por último, del delegado del Gobierno en Madrid, por sus «declaraciones inaceptables calificando los incidentes como “pacíficos” y por su responsabilidad directa en la descoordinación del dispositivo. Con 22 policías heridos, hablar de pacifismo es un desprecio a la verdad y a los profesionales lesionados».
Lo ocurrido en Madrid no puede analizarse como un incidente aislado. El boicot alentado desde determinadas instituciones contra un evento deportivo de proyección internacional constituye un ataque a la convivencia democrática y un desprecio hacia miles de ciudadanos que participaron o asistieron pacíficamente a la Vuelta. «Este tipo de actitudes, además de irresponsables, podrían incluso ser constitutivas de delito», aseguran.
Jupol «seguirá denunciando estas graves irresponsabilidades políticas y reclamando que se garantice que la Policía Nacional pueda trabajar bajo criterios exclusivamente técnicos y operativos, libres de presiones políticas, que se refuercen las plantillas en toda España y se dote a los agentes de los medios materiales y humanos necesarios y que se depuren responsabilidades políticas y se asuma, de una vez por todas, que la seguridad ciudadana no puede ser utilizada como arma partidista. La seguridad de los españoles y la integridad de los policías nacionales no pueden ser moneda de cambio en el juego político», concluyen.
