La educación en España se enfrenta a un desafío mayúsculo que persiste a pesar de los avances normativos: la inclusión de la diversidad LGTBI+. En un escenario político y social que ha visto la aprobación de leyes clave, la realidad en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente, según un exhaustivo informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y la Universidad de Salamanca. El estudio, titulado «Radiografía de la educación en diversidad LGTBI+», revela que, a pesar de los marcos legales, los centros educativos siguen siendo espacios hostiles para muchos jóvenes.
El análisis, que se basa en la encuesta «Estado LGTBI+ 2025», ofrece una visión detallada de una situación paradójica. Por un lado, la población LGTBI+ en España muestra un nivel educativo superior a la media de la población general, con un 41,9% que ha alcanzado estudios universitarios, frente al 26,7% de la población total. Este dato podría interpretarse como una muestra de progreso, pero el informe advierte de profundas desigualdades internas. Como subraya María Rodríguez, responsable de investigación de la FELGTBI+, «estos datos evidencian que, pese a los avances, persisten barreras educativas significativas para ciertos grupos dentro del colectivo LGTBI+, especialmente para las personas trans y no binarias». Las cifras respaldan su afirmación: mientras que el 21% de los hombres trans no ha superado la educación primaria, un 6% de las personas no binarias no ha completado sus estudios.
AULAS, FOCO DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN
La aparente libertad en el entorno educativo se desvanece al examinar las cifras sobre visibilidad y seguridad. El informe destaca que, si bien la mayoría de los jóvenes LGTBI+ se sienten cómodos con sus amistades cercanas, esta visibilidad se reduce drásticamente en los centros de estudio. Solo un 25% se siente visible con sus compañeros de instituto y un 21% en la universidad. Más preocupante aún es que el 40% de los jóvenes encuestados afirma no haber podido expresarse libremente en su etapa educativa, lo que perpetúa un clima de silencio y temor.
El centro de enseñanza, lamentablemente, se ha posicionado como el segundo lugar donde se producen más situaciones de odio y discriminación, solo superado por la calle. El 15,29% de los incidentes de odio ocurren en estos espacios, y este porcentaje se eleva al 21,2% entre los jóvenes de 18 a 24 años. La violencia es una realidad que afecta a más de la mitad de las personas LGTBI+ en la etapa de Educación Secundaria, que han sido víctimas de algún tipo de agresión o discriminación.
Ante esta alarmante situación, la respuesta de la comunidad educativa es insuficiente. El informe señala que la principal reacción ante los incidentes de odio proviene de la familia de la víctima (más de un tercio de los casos), lo que indica que son los principales detectores de estas situaciones, y no los propios centros educativos. “La familia sigue siendo el principal detector de estas situaciones, mientras que las instituciones educativas aún no responden de manera suficiente”, añade Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+. Esto demuestra que los mecanismos de detección y apoyo en las escuelas no están funcionando de manera adecuada, perpetuando un círculo de invisibilidad y acoso.
UNA LEGISLACIÓN SIN ACCIÓN Y CONTRADICCIONES
El informe también analiza la implementación de las políticas LGTBI+ a nivel autonómico, revelando un panorama heterogéneo y, en ocasiones, contradictorio. Aunque casi todas las Comunidades Autónomas tienen leyes o protocolos para proteger al alumnado LGTBI+, su aplicación efectiva es desigual. A pesar de la promulgación de la Ley 4/2023, que establece un marco favorable, muchas comunidades no han pasado de la teoría a la práctica.
El estudio compara la situación actual con un informe de 2020, que situaba a regiones como Aragón, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra a la cabeza en el reconocimiento de derechos. Cinco años después, el mapa ha cambiado. Si bien algunas, como Castilla-La Mancha, han experimentado avances significativos, otras, como la Comunidad de Madrid o Murcia, han retrocedido en la aplicación de sus propias leyes, condicionados por discursos políticos contrarios a la igualdad. Este contraste evidencia que el progreso no depende únicamente de la existencia de leyes, sino de la voluntad política y de una dotación adecuada de recursos.
«Los marcos legales son necesarios, pero insuficientes. Lo que está en juego no es solo tener protocolos escritos, sino garantizar que en cada centro educativo el alumnado LGTBI+ pueda sentirse seguro, respetado y visible», advierte Paula Iglesias. El estudio constata problemas comunes en todo el territorio español, como la falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de una evaluación de resultados y una dependencia excesiva de iniciativas individuales o de asociaciones.
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
El informe no solo diagnostica el problema, sino que también ofrece una hoja de ruta para el futuro. Los autores instan a los gobiernos a renovar su compromiso político y a destinar recursos a programas bien financiados y reglamentados para abordar los tres puntos más urgentes:
- Formación y capacitación del profesorado: Es crucial que los educadores cuenten con las herramientas necesarias para abordar la diversidad, prevenir el odio y responder de manera efectiva a los incidentes de discriminación en las aulas.
- Lucha contra la violencia: Se deben implementar protocolos claros y efectivos para detectar y sancionar las agresiones y la discriminación, garantizando que los centros educativos sean lugares seguros.
- Transformación de los espacios educativos: El objetivo final es convertir las escuelas en entornos amables e inclusivos, donde todos los alumnos se sientan seguros y aceptados, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
En definitiva, la «Radiografía de la educación en diversidad LGTBI+» es un llamado de atención a las autoridades para que pasen de las palabras a los hechos. La igualdad educativa solo se logrará cuando la normativa se transforme en prácticas efectivas en cada aula, garantizando que ningún estudiante se sienta invisible o inseguro. El informe evidencia la urgencia de pasar de los protocolos a la acción real y evaluable, porque sin compromiso institucional, recursos y responsabilidad compartida, la deuda pendiente de la educación en España seguirá creciendo.
