Dicen los mentideros políticos que un nuevo y agudo frente de batalla se ha abierto entre el Partido Popular y el Ministerio de Transportes. Algo muy lejos de la realidad, puesto que eses frente ya venía de muy lejos y los rivales que intervienen en esa guerra se tenían muchas ganas. Los gobiernos autonómicos del PP han lanzado un ataque directo, iban a poquitos, contra el ministro Óscar Puente, denunciando la «imposición inmediata» de un nuevo mapa concesional de transportes por carretera que, a su juicio, es «letal» y amenaza con «discriminar» a millones de españoles.
En una carta oficial, exigen la convocatoria urgente de la Conferencia Nacional de Transportes, acusando al gobierno de ignorar los mecanismos de cogobernanza para imponer una reforma que elimina rutas, paradas y servicios y aumenta los trasbordos, afectando a la igualdad territorial. «Lo que puede ser considerado una nueva puñalada contra la España vaciada».
Para los populares el rediseño de la nueva estrategia de la cartera que dirige Puente esta realizado de espaldas a la Ley. La controversia estalló tras el ultimátum del Ministerio de Transportes, que durante el mes de julio exigió a los directores generales de las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se pronunciaran sobre el nuevo mapa antes de una fecha límite. Esta imposición, según la misiva de los populares, es una violación flagrante del espíritu de colaboración y de la propia normativa que rige las relaciones entre el Gobierno central y las autonomías. El PP subraya la necesidad de un «trabajo conjunto y transparente», planificado en un marco de «máxima colaboración» y con actuaciones «coordinadas y consensuadas». La Conferencia Nacional de Transportes, cuya última reunión se remonta a julio de 2022, es el foro legalmente establecido para este tipo de debates. El artículo 13.1 de su reglamento estipula que debe reunirse al menos una vez cada seis meses, un plazo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado sistemáticamente, según la oposición.
Los gobiernos del PP insisten en que el transporte público por carretera es un servicio esencial que debe regirse por los principios de accesibilidad, eficiencia y asequibilidad, y que cualquier rediseño debe coordinarse con los sistemas autonómicos para no generar un caos logístico. La falta de este diálogo no solo es una descortesía política, sino una grave irresponsabilidad que afecta directamente a la movilidad de los ciudadanos. La ausencia de cogobernanza, aseguran, no es un hecho aislado, sino un «patrón general de actuación» del Ejecutivo, que convoca a los órganos de interlocución de manera irregular y sin la documentación necesaria para un debate serio.
CIFRAS ALARMANTES: MÁS DE 3 MILLONES DE DESCONECTADOS
El meollo de la denuncia del Partido Popular reside en las cifras que, supuestamente, maneja el propio Ministerio de Transportes. Un análisis detallado de la reforma, que el PP califica de «letal», revela un panorama desolador. Los datos son contundentes y, si se confirman, representan un golpe sin precedentes a la movilidad rural y la conectividad interterritorial.
De acuerdo con la información facilitada por el PP, los cambios propuestos por el nuevo mapa concesional son los siguientes:
- Eliminación de rutas: Se suprimirían 456 rutas, lo que representa una reducción del 47,20%.
- Población desconectada: Un total de 3,25 millones de personas quedarían sin acceso al servicio de autobús estatal, lo que crea una brecha de desigualdad entre territorios.
- Reducción de paradas: Se eliminarían alrededor de 9.305 paradas, haciendo más difícil el acceso a los servicios de transporte para miles de ciudadanos.
- Menos vehículos/km: La reforma se traduciría en una reducción de 73,45 millones de vehículos-kilómetros, lo que equivale a un 30,77% menos de servicio.
- Municipios sin parada: 1.417 municipios dejarían de tener una parada de autobús estatal, un drástico descenso del 74,11% que golpearía duramente a las zonas rurales y menos pobladas.
Estas cifras, si son correctas, dibujan un escenario de desmantelamiento de la red de transporte público interurbano que, en opinión del PP, atenta directamente contra la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos españoles.
RÉPLICA SOCIALISTA: «PLANTEAMIENTOS CADUCOS» Y CRÍTICAS A MADRID
Mientras el PP alzaba la voz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no tardaba en responder, aunque no de manera directa a la misiva. En un evento celebrado en Madrid en el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2025, el titular de Transportes, acompañado del secretario de Transportes del PSOE, Arcadi España, defendió la gestión socialista y arremetió contra lo que calificó de «ataques sin precedentes» y «planteamientos absolutamente caducos» de la derecha.
Arcadi España, en un claro intento de desviar la atención, inició el debate con una pregunta retórica: «¿cree que si el ministro de Transportes no fuera Óscar Puente habría estos ataques?». España sugirió que el revuelo mediático sobre el transporte es un ataque orquestado, comparando el caos en la red ferroviaria y de metro de Madrid, gestionada por el PP, con el supuesto silencio mediático.
Puente, por su parte, se mostró impasible ante las críticas y las contextualizó como una ofensiva más contra el Gobierno de Sánchez, similar a la que, según él, se produjo durante la DANA. Para respaldar su argumento, el ministro se lanzó a una comparación histórica sobre la adquisición de trenes. «En 15 años los Gobiernos del PP compraron 30 trenes, una parte de esos 30 trenes son los 106 que están llegando ahora. Los 700 trenes restantes de la red ferroviaria de interés general española han sido comprados por gobiernos socialistas», afirmó tajante, insinuando que la gestión del PP en materia de transporte ha sido ineficiente.
El ministro también aprovechó la ocasión para criticar el modelo de movilidad que, según él, propugna el Partido Popular. Lo describió como una visión del siglo XX, centrada en el vehículo privado y en la libertad «exclusiva» para quienes tienen un coche de alta gama, en contraste con el modelo socialista, que prioriza el transporte público y la «política social» para los más vulnerables.
La crítica más dura de Puente fue dirigida a la capital: «Madrid es un ejemplo de una ciudad con una movilidad del siglo XX. No es una movilidad del siglo XXI. A mí me da rabia». Calificó la postura de la derecha en movilidad como «puro aislacionismo y pura incultura», y citó ejemplos de ciudades como Valladolid o Logroño donde, tras el cambio de gobierno, se han destruido carriles bici, lo que tildó de «aberración».
El debate sobre el futuro del transporte público en España está servido y la solución no está cerca, mientras las zonas rurales de España siguen sumando agravios y puntos para perder población. Mientras los gobiernos autonómicos del PP se preparan para una batalla legal y política contra el nuevo mapa concesional, el Ministerio de Transportes defiende su reforma como un paso valiente hacia una movilidad sostenible y equitativa. La confrontación, lejos de apaciguarse, se intensifica, y el verdadero damnificado podría ser, una vez más, el ciudadano de a pie, que ve cómo un servicio esencial se convierte en el centro de una disputa política que poco aporta a su vida cotidiana.
