El presidente de la Comisión de Peticiones de la Comisión Europea, Bogdan Rzonca, ha anunciado mediante carta que «la Comisión de Peticiones ha examinado su petición y la ha declarado admisible, ya que el asunto que usted plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea». La respuesta de Rzonca es a una denuncia realizada el pasado mes de junio por la asociación Hazte Oír contra el proyecto de ley conocido como Ley Bolaños de reforma de la Justicia.
Continúa diciendo el presidente de la Comisión escribiendo que «por ello, he pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto. Teniendo en cuenta el asunto de que se trata, he remitido también su petición para información a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo».
El pasado mes de junio la asociación Hazte Oír denunciaba ante la Unión Europea los planes de la conocida como Ley Bolaños para controlar la instrucción judicial, con el respaldo de 70.000 firmas ciudadanas.
La plataforma ciudadana Hazte Oír denunciaba ante la Unión Europea la conocida como Ley Bolaños y al mismo tiempo entrega más de 70.000 firmas en el Parlamento Europeo de Madrid, recogidas en tiempo récord para exigir que se respete la independencia judicial y, también, que la Fiscalía no instruya las causas judiciales.
La iniciativa surgía «tras el interés del del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar, antes del verano, una reforma que apartaría a los jueces de las investigaciones judiciales para entregarlas en exclusiva a la Fiscalía, dando a esta el control de las diligencias de investigación llevadas a cabo por la UCO», explicaban desde Hazte Oír en una nota.
La llamada “Ley Bolaños”, impulsada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pretende que las causas judiciales queden bajo el control de la Fiscalía, un órgano cuya independencia «es una característica ausente para la inmensa mayoría de los españoles», añadían desde Hazte Oír.
La denuncia analizaba las diferentes advertencias a Sánchez desde instituciones europeas respecto a la dependencia de la Fiscalía y, también un elemento clave: la falsa adaptación al sistema europeo por parte de Bolaños en la reforma que pretende. «Bolaños dirá que esto es para asemejarnos a la Unión Europea pero es falso» indicaban desde Hazte Oír.
Desde Hazte Oír añaden que esta reforma daría a la Fiscalía poderes sin precedentes: no solo dirigiría las investigaciones, sino que podría supervisar directamente la actuación de unidades policiales como la UCO de la Guardia Civil. «Es un movimiento a la desesperada de Sánchez, acorralado por los escándalos judiciales que cercan a su entorno más cercano: su esposa imputada, su hermano en el banquillo y su Fiscal General al borde del procesamiento», afirmó Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír.
BOLAÑOS YA FRACASÓ
La plataforma recuerda que esta ofensiva legislativa llega tras el fracaso de la conocida como “Ley Begoña”, que pretendía eliminar las acusaciones populares, figura jurídica gracias a la cual se han podido investigar numerosos casos de corrupción.
Gracias a la presión ciudadana e internacional, aquella reforma no salió adelante. «Ahora, Sánchez lo intenta de nuevo, usando a Bolaños como peón para blindarse judicialmente», denunciaba Arsuaga. «La ciudadanía española no va a quedarse de brazos cruzados mientras se destruyen los pilares del Estado de Derecho. Europa debe actuar antes de que sea demasiado tarde», concluía la organización.
El proyecto de Ley ya ha provocado las protestas de jueces y fiscales que a primeros de julio convocaron varios días de huelga contra la controvertida ley que entre sus planes busca modificar los procedimientos de ingreso en las carreras judicial y fiscal, así como la estructura de la Fiscalía, con el objetivo de adaptarla a un nuevo modelo de proceso penal en el que las instrucciones serán responsabilidad de los fiscales en lugar de los jueces.
MANIFIESTO
El pasado 11 de junio representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales -menos las progresistas- advirtieron de que la «independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».
Se refirieron, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal -que ya ha superado el primer trámite en el Congreso de los Diputados- y al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Para las asociaciones convocantes, la reforma que afecta a todos los togados, «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
También criticaron que incluya medidas «como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces» y que pretenda «crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Asimismo, reprocharon al Ejecutivo que ponga «falsamente a Europa como excusa» para modificar la base de ambas carreras, «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño».
Una de las medidas más polémicas de la llamada Ley Bolaños es el anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía, ya que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», señalaban.
Y alertan de que que esto, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
Las firmantes, además, lamentaban que todas estas reformas tengan lugar en «un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno».
