La edición 2025 de La Vuelta Ciclista a España ha quedado envuelta en una controversia que trasciende el ámbito deportivo. La presencia del equipo Israel-Premier Tech ha provocado protestas en varias ciudades y ha abierto un debate ético de fondo. Pero más allá de las manifestaciones, lo que está saliendo a la luz es el frágil equilibrio de intereses que sostiene la carrera.
En el centro está Unipublic, la empresa organizadora, que evita cargar contra el PSOE pese al enfado de la organización contra el aliento de Pedro Sánchez hacia los manifestantes. El motivo de esta contención es sencillo: Unipublic, aunque en teoría es una empresa privada, depende del apoyo directo e indirecto del poder político, y en particular del PSOE, tanto para la financiación del evento como para su difusión y viabilidad territorial.
EMPRESA ESPAÑOLA BAJO MANDO FRANCÉS
Desde 2008, La Vuelta es gestionada por Unipublic, una empresa española especializada en organización de eventos deportivos. Sin embargo, desde hace más de una década, Unipublic pertenece al gigante francés Amaury Sport Organisation (ASO), organizador también del Tour de Francia, el Dakar y otras grandes pruebas del calendario mundial.
ASO aporta la maquinaria internacional, los contactos globales y la estrategia comercial. Pero la ejecución en España depende completamente de las alianzas locales: ayuntamientos, diputaciones, cabildos, gobiernos autonómicos, Correos y RTVE. Y en ese mapa, el PSOE tiene ordeno y mando.
Uno de los grandes silencios de esta polémica es el volumen de dinero público que sostiene a La Vuelta. Aunque ASO y Unipublic presentan el evento como una empresa privada, los recursos públicos son fundamentales.
Desde 2019, el patrocinador principal del evento es Correos, una empresa pública cuyo presidente es nombrado por el Gobierno. Su contrato asciende a 2 millones de euros anuales, recientemente renovado hasta 2027.
Por su parte, RTVE no solo emite la carrera: lidera el consorcio europeo encargado de la retransmisión, lo que implica recursos técnicos, humanos y financieros millonarios. A esto hay que sumar el apoyo directo de instituciones como el Consejo Superior de Deportes, que en 2023 otorgó un millón de euros para la organización de La Vuelta Femenina.
La Vuelta se presenta como una competición privada, pero funciona como un evento público externalizado. Esta situación convierte a Unipublic en una empresa cautiva: ni puede ni quiere enfrentarse al Gobierno, por miedo a perder el acceso a estos recursos clave. La idea de La Vuelta era cerrar su edición 2026 en Canarias.
Pero la declaración del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha marcado un punto de inflexión. La negativa rotunda del dirigente de Nueva Canarias a acoger etapas si participa el equipo israelí es también una advertencia a la organización.
GUILLÉN
El director de La Vuelta, Javier Guillén, ha intentado navegar entre aguas turbulentas. Defiende que la inclusión de Israel-Premier Tech se basa en «criterios deportivos», y asegura que respeta las protestas pacíficas.
Sin embargo, trabajadores de la organización fueron vistos retirando banderas palestinas del recorrido, y tras una protesta en Figueres, Guillén anunció una denuncia contra los manifestantes. El desgaste de su imagen es evidente.
Guillén representa la cara visible de una organización que, en la práctica, no puede tomar decisiones autónomas. Si ASO o Unipublic quisieran vetar al equipo israelí para 2026, necesitarían el visto bueno de la UCI, que hace cuatro años vetó a Rusia y ahora no parece estar por la labor con Israel pese al genocidio que están perpetrando en Palestina.
CAMPAÑA
Los colectivos propalestinos han intensificado su campaña. Bajo el lema «Deporte sin genocidio», redes como RESCOP, BDS o la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel exigen la exclusión inmediata del equipo Israel-Premier Tech.
Su argumento es que si Rusia fue apartada de competiciones por invadir Ucrania, ¿por qué se permite que un equipo vinculado al Estado israelí participe, mientras se perpetran crímenes en Gaza?
Para estas organizaciones, permitir la participación del equipo israelí no es neutralidad, sino complicidad. La financiación pública de La Vuelta convierte el evento en un acto político por omisión, donde el silencio vale tanto como el apoyo explícito.
