#APUESTAS | Contenido para mayores de 18 años
El Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la prohibición de los bonos de bienvenida en el juego online.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Consumo que lidera Pablo Bustinduy, vuelve a levantar la liebre de los bonos de bienvenida en la industria del juego en línea. Se reactiva así un enfrentamiento con los operadores, las asociaciones y los empresarios del sector que parecía aparcado desde que, en abril de 2024, el Tribunal Supremo derogase algunos de los artículos más polémicos del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, más conocido como la “Ley Garzón”.
Motivos detrás de esta medida
El principal motivo por el que el Gobierno insiste en retomar el camino marcado por Alberto Garzón radica en la publicación, por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), de la Memoria Anual de Actividad del Juego 2024. El informe, publicado en abril, mostraba un incremento del número de jugadores online del 21,63%. Estos datos han provocado que salten las alarmas en Consumo, que no ha tardado en tomar medidas, por polémicas y controvertidas que puedan ser.
Para Bustinduy, detrás de este notable aumento de jugadores están los bonos de bienvenida. Estos bonos se utilizan para captar nuevos usuarios, a los que ofrecen desde tiradas gratis hasta la posibilidad de duplicar su depósito inicial. Es por eso que el ministro pretende recuperar el espíritu de la Ley Garzón, algo que ya advirtió el año pasado.
La enmienda de la discordia
Para lograrlo, Bustinduy ha incluido la enmienda 176 al Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que haría que esta normativa pase a incluir la prohibición de estos bonos de bienvenida, en la actualidad y tras el dictamen del Tribunal Supremo, presentes de nuevo en todos los casinos online en España. La intención de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar es que la votación de las enmiendas a esta ley se lleve a cabo cuanto antes, a ser posible incluso este mes de septiembre.
Lo que la enmienda 176 propone es, como indica la prestigiosa consultora PwC, “el restablecimiento de la regulación de la publicidad y promoción de las actividades de juego en línea al contexto previo a la Sentencia 527/2024, reincorporando al ordenamiento jurídico en una norma de rango legal las restricciones previstas en el Real Decreto 958/2020 que fueron anuladas por el Tribunal Supremo”.
No es la primera vez que el Gobierno trata de reintroducir las secciones anuladas por el Supremo en 2024. Ya lo intentaron hace unos meses, aprovechando la modificación de la Ley General de Salud Pública, cuyo objetivo era la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, que finalmente se aprobó como la Ley 7/2025, de 28 de julio.
Por entonces, se introdujo la enmienda como disposición final primera, pero el texto fue rechazado en las votaciones. Y es que resulta difícil justificar una enmienda que nada tenía que ver con el objetivo de la citada Ley 7/2025, ni tampoco con un Proyecto de Ley dedicado a la atención al cliente.
El caso es que, al existir ya jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, es necesario que cualquier limitación de este tipo se haga por ley, no por decreto. De ahí que la estrategia del Ministerio pase por blindar la prohibición en un texto con rango de ley, lo que aseguraría su permanencia en el tiempo.
La postura del sector del juego
Esta enmienda ha recibido duras críticas del sector, que la consideran alejada de la realidad del mercado, y porque entienden que incluye limitaciones adicionales poco fundamentadas o claras. Entre los críticos está el Consejo Empresarial del Sector del Juego (CeJuego), que ha pedido que el Estado se centre menos en regular el juego legal y más en combatir el ilegal, a la vez que solicita que «no se limite tanto la publicidad del juego legal, puesto que esto hace que no se distinga el juego legal y el ilegal».
Como no podía ser de otra manera, desde CeJuego han reivindicado la sentencia del Supremo, ya que, según la patronal del juego, “desde aquella sentencia, el ciudadano no ha percibido un aumento en la publicidad, ni en la cantidad de anuncios ni, sobre todo, en su agresividad. Existe un firme autocontrol del sector comprometido con una publicidad responsable». Y han criticado la forma en la que el Ministerio de Consumo está intentando reintroducir los artículos derogados, ya que consideran que “no es una manera transparente de legislar”.
También lanzan un dardo contra la supuesta hipocresía del Estado, ya que entienden que favorece el juego público frente al privado, y no muestran la misma preocupación por el enorme crecimiento que sus empresas, SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) y la ONCE, han experimentado desde la pandemia. Para CeJuego, “la actual asimetría que existe entre el juego público y el juego privado establece notables diferencias en restricciones y obligaciones entre ambos tipos de operador”.
Antecedentes fuera de España
Y mientras esto ocurre en España, fuera de nuestras fronteras tenemos situaciones como la de Italia, que en 2018 aprobó una de las regulaciones más estrictas del mundo respecto a la publicidad de los juegos de azar. O el “modelo alemán” tan alabado por el ministro Bustinduy, con sus límites de depósito conjuntos por jugador.
Si nos vamos al Reino Unido, la la Online Safety Act de 2023 está obligando, bajo el pretexto de proteger a los usuarios más vulnerables, a que distintas plataformas establezcan estrictos controles de verificación de identidad que, según algunos periodistas, intelectuales y organizaciones de derechos humanos, supone una amenaza contra la libertad de expresión.
Estos precedentes muestran que el futuro apunta a un mayor control, pero las posibles consecuencias (como en el caso de Alemania, donde muchos jugadores en riesgo han migrado a casinos sin licencia) han de ser analizadas y tenidas en cuenta.
