La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha rechazado la petición del coportavoz de los Comunes y secretario primero de la Mesa de la Cámara, Gerardo Pisarello, de que se dirigiera al Tribunal Supremo para preguntarle si está ordenando diligencias de investigaciones de diputados o aforados sin el debido proceso reglamentario dentro de la investigación del Caso Koldo, lo que supondría el riesgo de vulnerar la inmunidad parlamentaria en caso de no solicitar el correspondiente suplicatorio al Congreso.
Pisarello realizó esta solicitud a raíz de las informaciones relativas al denominado Caso Koldo que aludían a un auto que emplazaba la Unidad Central Operativa (UCO) a analizar las conversaciones entre el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres o «cualquier otra persona aforada».
Recientemente, la defensa de Cerdán reclamó al Tribunal Supremo que requiriera a la UCO para que identificara a los aforados que investigan y que se avisase al Congreso de que «un número indeterminado de aforados» estaban «siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio».
ARMENGOL ES LA ENCARGADA DE PREGUNTAR
Pisarello dirigió su petición a la Mesa del Congreso porque las relaciones con otras instituciones corresponden a la presidenta de la Cámara. Pero Armengol expuso que entre sus funciones está velar por los derechos y prerrogativas de los parlamentarios y que actuará en consecuencia si en algún momento percibe que no se respetan. La presidenta de la Cámara daba así a entender que esa situación no se ha producido hasta el momento, por lo que no va a tomar ninguna medida al respecto. También el PP se posicionó contra la petición del diputado de Sumar.
Hace unos días la representación procesal de Cerdán reclamó al Supremo que requiriera a la UCO para que identificara a los aforados que investigan y que se avisase al Congreso de que «un número indeterminado de aforados» estaban «siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio».
En su escrito el diputado Pisarello subrayaba que la inmunidad parlamentaria es una «garantía institucional» del Congreso y «no un privilegio personal», por lo que exhortaba a la Mesa de la Cámara Baja a dirigirse al Supremo para que le informara de qué diputados están siendo objetos de investigación, «desde cuándo y mediante qué actuaciones concretas».
También solicitaba que, en función de la respuesta, se informara a los diputados afectados para «salvaguardar su derecho a la defensa». En opinión de Pisarello, en caso de confirmarse la existencia de investigaciones sobre diputados sin suplicatorio, la Mesa debería instar al Tribunal Supremo «a remitir la correspondiente exposición razonada para su tramitación conforme a Reglamento».
Pero las presidenta del Congreso rechazaba la petición porque no existe la constancia de que Torres o ella misma estén siendo objeto de ninguna investigación ordenada por el Tribunal Supremo.
Otra cuestión, que ha ocurrido en más de una ocasión en esta investigación, es que en los dispositivos móviles incautados y que se están todavía volcando se encuentren conversaciones de mensajería entre alguno de los investigados y cargos políticos que gocen de aforamiento. Pero en cualquier caso, serán conversaciones interceptadas a los investigados y no a los citados cargos.
Desde el comienzo de las investigaciones del Caso Koldo tanto Francina Armengol, por su condición de ex presidenta de Baleares, como Ángel Víctor Torres, por haber sido presidente de Canarias durante la pandemia del Covid se encuentran en el punto de mira porque sus respectivas comunidades autónomas firmaron contratos para la compra de mascarillas a la misma empresa investigada dentro de la misma causa, Soluciones de Gestión, que a su vez obtuvo contratos por valor de 53 millones de euros con diferentes administraciones públicas.
