La notica de estos últimos días y la que está encendiendo cada vez más el panorama político polarizado que tenemos tiene un protagonista feo y bastante doloroso, ese no es otro que la violencia de género, un mal que sigue planeando sobre España. Y es que por desgracia para todos la seguridad de las mujeres se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el Gobierno y la oposición. El detonante: los fallos denunciados en los dispositivos telemáticos del sistema Cometa, diseñados para proteger a las víctimas de sus agresores. La tensión, que ha escalado hasta el Congreso de los Diputados. Con un hecho preocupante, la falta de consenso en una temática muy importante para nuestra sociedad.
A esta nueva batalla entre PSOE y PP se ha sumado otra voz y lo ha hecho de forma contundente. Esta nueva aparición ha sido la de Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular. En una entrevista en Onda Madrid, De los Santos no se anduvo con rodeos, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de una «irresponsabilidad, desafección y desinterés» que, a su juicio, ha provocado que las mujeres «cada día estén menos seguras.
El dirigente popular, con un tono vehemente, calificó la situación de «terrible y alarmante», señalando la gravedad de que «46 mujeres estuvieran en peligro de muerte» a causa de los fallos en estos dispositivos. Sus críticas no se quedaron ahí; apuntó directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien exigió la dimisión, tildando su salida de «el único acto responsable» que podría hacer desde su llegada al ministerio.
De los Santos denunció una presunta estrategia del Gobierno para «silenciar» y «abandonar» la lucha contra la violencia machista, al tiempo que acusaba a la administración de hacer pasar por «mentirosas» a las víctimas que han alzado la voz en los medios de comunicación para «explicar su calvario. El vicesecretario del PP cuestionó con dureza la respuesta del Gobierno ante los fallos: «¿Es que tenemos que ver a una mujer nuevamente asesinada para tomar cartas en el asunto?».
El dirigente conservador no solo puso el foco en la ministra Redondo, sino también en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que recriminó no haber «multiplicado los dispositivos» para asegurar la protección de las mujeres. La denuncia se extendió al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien, según De los Santos, «también recibió una carta en la que se le alertaba» de la situación y «no puso tampoco ninguna herramienta para resolverlo».
En un ataque frontal, el político del PP puso en tela de juicio la credibilidad del Gobierno, que, a su parecer, «ha vendido su moral para que Sánchez siga en la Moncloa». El mensaje de De los Santos es claro: el Ejecutivo ha abandonado a las víctimas, no las cree y, en su afán por mantenerse en el poder, ha «dinamitado» el feminismo, un movimiento que debería ser una herramienta de protección para todas las mujeres.
EL MINISTERIO DE IGUALDAD SE DEFIENDE DE LAS DURAS ACUSACIONES DEL PP
Ante la avalancha de críticas, el Ministerio de Igualdad salió a defender su gestión a través de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza. En la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Martínez Perza no descartó posibles penalizaciones para la empresa responsable del sistema, afirmando que «estamos auditando todo esto» y que «las penalizaciones en un contrato están ahí».
La delegada intentó bajar la temperatura del debate, matizando que las denuncias sobre los fallos en los dispositivos no eran «errores», sino «incidencias» que «van a seguir sucediendo» en un sistema tecnológico de esta envergadura. Para dar una idea de la magnitud, aseguró que de 30 millones de geoposicionamientos diarios, solo se registra un 0,0004% de errores técnicos.
Martínez Perza reconoció que la incidencia en la migración de datos fue un problema, pero aseguró que «quedó resuelta en diciembre del 2024». A pesar de la autocrítica, la delegada insistió en la necesidad de «prever que pasen cosas» y aseguró que el ministerio «responde con protocolos» y «audita la actuación de las empresas».
Para contrarrestar la narrativa de desprestigio, la delegada expresó su deseo de realizar «campañas de información y sensibilización máxima», buscando restaurar la confianza en un sistema que, según ella, está siendo injustamente cuestionado.
EL CONGRESO ENTRA EN LA GUERRA POR LAS PULSERAS
El debate en la Comisión del Congreso se convirtió en un microcosmos de la polarización política. Por un lado, la diputada socialista Milena Herrera salió en defensa del Gobierno, tildando las incidencias de «propias de cualquier sistema que tiene componentes tecnológicos» y acusando a la oposición de usar el tema como «un asunto más» para «desestabilizar al Gobierno». Su mensaje fue directo: «Las mujeres de España no necesitan más policías y más pulseras de calidad. Lo que necesitan es que no haya hombres maltratadores».
En el otro extremo, la diputada del PP Marta González acusó al Ministerio de Igualdad de «ocultar» los fallos y de una gestión caracterizada por la «negligencia, la ineptitud y la ocultación». A su vez, volvió a pedir la dimisión de la ministra Redondo, a quien consideró «no capacitada» para el cargo.
Otras formaciones también aportaron su visión. Júlia Boada, de Sumar, subrayó la necesidad de «rendir cuentas» y denunció el uso de la violencia machista como «arma arrojadiza». Rocío Aguirre, de Vox, cuestionó la distribución de recursos, preguntando por qué no se amplía el número de policías en lugar de destinar fondos a otros fines.
Desde Podemos, Javier Sánchez denunció una «campaña» de la «derecha política» para que las mujeres «pierdan la confianza» en las instituciones y pidió al Gobierno que «no se dejen amenazar por las presiones». Por su parte, el PNV, a través de Joseba Andoni Agirretxea, instó a «no hacer sangre con algo que genera inquietud», poniendo el foco en la seguridad de las mujeres por encima de las «peleas» políticas. Finalmente, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, recriminó a Igualdad el no haber puesto en antecedentes a quienes luchan contra la violencia machista.
La maraña de acusaciones, defensas y recriminaciones evidencia que la lucha contra la violencia machista, lejos de ser un asunto de Estado, se ha convertido en un instrumento político. La seguridad de las mujeres, que debería ser una prioridad incuestionable, se ve envuelta en un fuego cruzado de acusaciones, diluyendo la gravedad de una situación que, para muchas víctimas, sigue siendo una amenaza real y constante. En este escenario de desconfianza y enfrentamiento, el principal damnificado es, sin duda, el objetivo común: erradicar la violencia que sigue segando vidas.
