El Grupo CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.), una de las compañías ferroviarias más importantes de Europa, atraviesa uno de sus momentos financieros más sólidos, pero también uno de los más complejos a nivel reputacional.
La participación de la empresa en el proyecto del tranvía de Jerusalén ha generado críticas crecientes en el plano internacional y en diversos sectores de la sociedad vasca, en un contexto de intensificación del conflicto entre Israel y Palestina y con más de 60.000 civiles palestinos fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza.
CAF ha confirmado recientemente, mediante una comunicación oficial recogida en una nota de prensa, que está prevista su inclusión en la base de datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que recoge empresas con actividades en los territorios ocupados de Palestina. La base de datos será presentada ante el Consejo de Derechos Humanos en el 60º periodo de sesiones.
Según el informe A/HRC/57/21 del ACNUDH, esta inclusión no constituye «un proceso judicial o cuasijudicial de ningún tipo, ni establece una calificación jurídica alguna de las actividades incluidas en la lista ni de la participación de las empresas».
La empresa adjudicataria del proyecto de tranvía en Jerusalén es TransJerusalem J-Net Ltd., sociedad participada al 50 % por la israelí Shapir Civil & Marine Engineering Ltd. y por CAF. El proyecto, que fue adjudicado en 2019 y tiene un valor aproximado de 1.800 millones de euros, incluye la construcción de la nueva Línea Verde, la ampliación de la Línea Roja existente —ambas con tramos que recorren Jerusalén Este— y la operación y mantenimiento del sistema durante un periodo de hasta 25 años.
El inicio de la operación fue en 2021 y la construcción tiene previsto completarse en 2027. CAF subraya que antes de la firma del contrato realizó un análisis legal mediante consultas a expertos independientes, entre ellos catedráticos en Derecho Internacional y asesores de Naciones Unidas, quienes, según la empresa, confirmaron que no existía incumplimiento legal derivado de su participación.
También cita una sentencia de la Corte de Apelación de Versalles, que desestimó vulneraciones del Derecho Internacional por parte de las empresas involucradas en la Línea Roja. Por su parte, los servicios jurídicos del Gobierno español no identificaron objeciones legales.
¿IMPACTOS POSITIVOS?
CAF recuerda que en 2020 se abrió un procedimiento ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) del Gobierno español, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. El informe final del PNC, emitido en 2022, no identificó incumplimientos legales por parte de CAF.
En su nota, la empresa señala estar “plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al Proyecto de Jerusalén, en particular en relación con el Derecho Internacional Humanitario y la responsabilidad de las empresas”, y afirma haber aplicado procedimientos específicos de diligencia debida conforme a la Guía de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos, publicada por la ONU.
CAF también asegura que el proyecto tiene impactos positivos. Cita informes elaborados en 2023 y en julio de 2025, realizados por expertos independientes tras visitas in situ y entrevistas con usuarios y representantes comunitarios.
Según estos informes, el tranvía «constituye una infraestructura de servicio público esencial» y facilita el acceso a empleo, educación, servicios médicos y lugares de culto. La empresa destaca que «los miembros de la comunidad árabe […] son los que lo utilizan con más frecuencia», y que cerca del 25 % de los empleados de la empresa operadora del sistema son árabes, dentro de una política de contratación que, según CAF, es inclusiva y no discriminatoria.
Los informes también señalan que CAF cumple con los estándares internacionales sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE. La empresa afirma no haber identificado hasta la fecha ningún impacto negativo materializado en materia de derechos humanos.
A nivel institucional, el lehendakari Imanol Pradales declaró en una entrevista reciente en Euskadi Irratia que, aunque CAF ha seguido las normativas internacionales, «tal vez, como empresa vasca, debería plantearse un análisis más profundo sobre su implicación”. Pradales añadió: «Es una cuestión difícil. CAF ha seguido las normativas internacionales, pero tal vez […] debería hacer una reflexión ética».
En el ámbito académico, la Universidad del País Vasco (UPV) decidió en 2024 no firmar un acuerdo de colaboración con CAF debido a su participación en el tranvía de Jerusalén. La decisión se enmarca en la postura adoptada por varios colectivos universitarios a favor del respeto del Derecho Internacional en el marco del conflicto palestino-israelí.
Por su parte, el comité de empresa de CAF emitió un comunicado en el que afirma que la empresa «está colaborando indirectamente con las violaciones de derechos humanos que, según la Corte Internacional de Justicia, son perpetradas por Israel en el territorio palestino ocupado». En paralelo a esta controversia, CAF ha marcado distancias con el Gobierno Vasco en términos estratégicos. El presidente del grupo, Andrés Arizkorreta, rechazó la compra de la empresa ferroviaria Talgo, una operación que había sido impulsada desde el Ejecutivo vasco.
Esta negativa se interpretó como un movimiento para reforzar la independencia empresarial de CAF, al margen del apoyo político tradicional del PNV. Arizkorreta, recientemente galardonado con la Medalla de Oro de Gipuzkoa, cerró así cualquier intento de adquisición en ese sentido. Actualmente, el grupo ferroviario atraviesa un periodo de fuerte expansión. En el segundo trimestre de 2025, registró ingresos por 1.056 millones de euros y un beneficio neto de 37 millones, con un incremento del 27 % interanual.
Su filial Solaris ha firmado un contrato para suministrar 107 trolleybuses a la ciudad canadiense de Vancouver, y la compañía está en proceso de cerrar un acuerdo por valor de hasta 3.500 millones de euros con el operador ferroviario belga SNCB.
A pesar de estos logros, la relación de CAF con el proyecto del tranvía de Jerusalén y su presencia en un territorio considerado ocupado por Naciones Unidas continúan generando preguntas abiertas en distintos sectores políticos, sociales y económicos, tanto a nivel local como internacional.
