La decisión de Podemos de votar en contra del traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat ha generado una ola de críticas dentro del espacio progresista. La formación liderada por Ione Belarra se alineó en el Congreso con PP y Vox para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley presentada por PSOE y Junts, una iniciativa que habría permitido a Cataluña asumir la gestión de aspectos clave relacionados con inmigración, como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o determinadas competencias policiales.
La negativa de Podemos no solo ha paralizado temporalmente el proyecto, sino que ha profundizado las fracturas en el bloque de izquierdas y ha reactivado los debates sobre la estrategia política de la formación en el ámbito territorial, especialmente en Cataluña, donde el partido ha sufrido importantes retrocesos en los últimos años.
ARGUMENTOS CRUZADOS
Podemos justificó su voto en contra con un argumento de fondo: el contenido del texto, según sus portavoces, legitima el «racismo institucional». El secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, fue tajante en su valoración: «Queremos que se cierren los CIE y no existan redadas. Este texto valida el racismo institucional».
A su juicio, la propuesta surge «de una negociación para descentralizar quién ejerce el racismo institucional de Estado». En la misma línea, Ione Belarra afirmó en una entrevista en RNE que la proposición «criminaliza la inmigración».
La navarra señaló directamente una frase incluida en el preámbulo del texto como prueba de ello: «La responsabilidad de los gobiernos no consiste solo en atender estas necesidades de manera sostenible, sino también en evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social».
Desde Sumar, socio en el espacio a la izquierda del PSOE, las críticas no se hicieron esperar. El ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, defendió la propuesta asegurando que se trataba de una medida «estrictamente competencial», y que su aplicación se haría bajo parámetros progresistas.
También Esquerra Republicana expresó su malestar. Su portavoz, Gabriel Rufián, se mostró sorprendido por el voto negativo de Podemos y consideró incoherente que una formación que se define como confederal se oponga a que Cataluña asuma mayores competencias. Desde el Govern catalán, la consellera Sílvia Paneque lamentó la caída de la iniciativa, afirmó que el documento no contiene elementos racistas y calificó de «lamentables» las declaraciones de Podemos sobre los Mossos d’Esquadra.
GUERRA CON JUNTS
La tensión alcanzó un punto más elevado con la intervención de Jordi Turull, secretario general de Junts, quien acusó a Podemos de «anticatalanismo». Pablo Fernández respondió calificando sus declaraciones de «estupidez».
También el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, se sumó al debate criticando a Junts por su «competencia con los fascistas de Aliança Catalana» y sus «posiciones prosionistas», añadiendo un mensaje directo: «Con cariño y respeto, váyanse un poquito a la mierda».
La dureza del intercambio evidenció el grado de confrontación interna entre los actores de la izquierda alternativa y los partidos nacionalistas catalanes, en un momento especialmente delicado por la evolución del conflicto territorial y la necesidad de pactos en el Congreso.
El rechazo al traspaso de competencias ha reabierto el debate sobre la estrategia territorial de Podemos, especialmente en una comunidad donde la demanda de mayor autogobierno sigue siendo transversal. Algunos sectores dentro del bloque progresista interpretan que el voto negativo responde más a la autoría del texto, firmado por Junts, que a su contenido específico.
RIESGO
El movimiento también ha contribuido a un mayor aislamiento político de Podemos dentro del bloque progresista. Su rechazo no solo ha distanciado al partido de Sumar y ERC, sino que también ha complicado las relaciones con el PSOE, que aspira a recomponer apoyos parlamentarios en los próximos meses.
Desde el Ejecutivo central se ha expresado la intención de retomar la iniciativa más adelante, pero con un escenario más favorable. La actitud de Podemos, aplaudida por algunos sectores militantes por su coherencia con un discurso duro contra las políticas migratorias institucionales, no garantiza un retorno en votos.
Analistas políticos advierten que, aunque la formación conecta con una base ideológica muy clara, corre el riesgo de alejar a votantes que defienden el autogobierno catalán desde posiciones progresistas.
EQUILIBRIO COMPLICADO
El equilibrio entre la defensa de los derechos humanos, el discurso antirracista y la cuestión territorial no es nuevo en la izquierda estatal, pero se ha vuelto especialmente delicado para Podemos. En su intento por diferenciarse del resto del espectro progresista, el partido ha optado por una línea de fuerte confrontación, tanto con aliados como con rivales.
El resultado es un perfil nítido, pero cada vez más difícil de compatibilizar con una estrategia de alianzas amplia. La votación de esta semana ha dejado a Podemos en una posición singular: sola en su espacio, enfrentada a aliados habituales, y cuestionada por sus antiguos socios en Cataluña. El desgaste no se mide solo en declaraciones, sino también en expectativas de representación futura. En un ciclo electoral inestable, el coste de estas decisiones podría ser alto.
