Hace unos días, tras más de seis años de movilización social y numerosas muestras de apoyo desde distintos ámbitos, el Gobierno ha concedido el indulto parcial a dos de los jóvenes conocidos como los 6 de Zaragoza: Francisco Javier Aijón, conocido como Javitxu, y su compañero Adrián.
Ambos cumplían condena desde hace más de un año por su implicación en los hechos ocurridos el 17 de enero de 2019, durante una protesta contra un acto de Vox en Zaragoza. Aunque este gesto es un avance importante, no se ha concedido el indulto a la totalidad de los condenados ni se han eliminado las sanciones económicas impuestas, que superan los 140.000 euros. Las familias, los colectivos de apoyo y buena parte de la sociedad civil siguen pidiendo la revisión completa del caso.
HECHOS
La protesta que da origen al caso tuvo lugar durante la precampaña de las elecciones generales de 2019. Vox, que acababa de irrumpir en el Parlamento andaluz con 12 escaños, organizó un mitin en el Auditorio de Zaragoza con la participación de figuras destacadas del partido, como Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara.
Diversos colectivos sociales y ciudadanos expresaron su rechazo al evento, al considerar que se lanzaban mensajes contrarios a los derechos de mujeres, personas migrantes y el colectivo LGTBIQ+.
El movimiento antifascista convocó una manifestación en el cercano Parque Grande José Antonio Labordeta. La concentración se desarrolló en un clima de tensión, en parte por el importante despliegue policial en la zona. Según diversos testigos, hubo actuaciones policiales que generaron momentos de confusión y enfrentamientos.
A lo largo de la noche, se produjeron cargas, lanzamientos de objetos y daños materiales como la quema de contenedores. Algunos manifestantes buscaron refugio en el campus universitario de San Francisco, donde se realizaron varias detenciones. Entre los arrestados aquella noche estaban los seis jóvenes que acabarían siendo conocidos como los 6 de Zaragoza.
Las detenciones se produjeron en distintas circunstancias, algunas de ellas fuera del lugar de los enfrentamientos. En el caso de Javitxu, por ejemplo, fue arrestado en un bar próximo mientras tomaba un café, según ha relatado su entorno en reiteradas ocasiones.
PROCESO JUDICIAL
A los jóvenes se les imputaron delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. La Audiencia de Zaragoza impuso condenas de hasta seis años de prisión a los cuatro mayores de edad, que luego fueron aumentadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a siete años, al incluir el delito de lesiones. Los dos menores fueron sancionados con libertad vigilada y multas de entre 11.000 y 14.000 euros.
La defensa alegó que las pruebas presentadas no eran concluyentes y que las grabaciones que podrían haber ayudado a esclarecer los hechos —como las imágenes de cámaras de seguridad del campus— no fueron admitidas en el juicio. En su lugar, las condenas se basaron principalmente en testimonios de agentes policiales, cuya versión fue respaldada por los tribunales. El caso fue recurrido hasta el Tribunal Supremo, que en su fallo final mantuvo las penas de prisión, aunque las redujo a cuatro años y nueve meses.
A ello se sumó, en 2024, una sanción económica adicional de 140.000 euros para indemnizar a un agente por las lesiones sufridas.
MOVILIZACIÓN
Desde el inicio del proceso, las familias de los acusados y diversos colectivos sociales han defendido su inocencia, señalando que se trata de un caso de represión a la protesta. La plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha organizado movilizaciones, campañas de recogida de firmas y acciones informativas durante más de seis años.
En abril de 2024, presentó una petición de indulto respaldada por más de 10.000 firmas. Organismos como Amnistía Internacional han mostrado preocupación por la proporcionalidad de las penas y por la manera en que se gestionó el proceso judicial, considerando que el caso plantea dudas sobre la garantía del derecho a la protesta pacífica en contextos de alta tensión política.
El anuncio del indulto parcial llega tras más de 500 días de prisión para algunos de los condenados y después de intensas negociaciones. Aunque es una noticia que se celebra en parte, las familias insisten en que la solución debe ser global, e insisten en reclamar el indulto para el resto de jóvenes y la cancelación de las sanciones económicas.
CONTEXTO
El caso de los 6 de Zaragoza se suma a otros procesos judiciales recientes que han generado un amplio debate sobre el ejercicio del derecho a la protesta en España. Uno de los ejemplos más notorios es el de las Seis de la Suiza, condenadas por participar en un piquete sindical en Gijón y que actualmente cumplen penas de prisión. Ambos casos han generado un conflicto político dentro del propio Gobierno y entre sus socios parlamentarios.
Mientras una parte del Ejecutivo, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha mostrado apoyo a los condenados y ha defendido el indulto como herramienta legítima, el PSOE ha mantenido hasta ahora una posición más conservadora, intentando evitar el coste político de una intervención directa en decisiones judiciales.
LUCHA
El indulto parcial es, sin duda, un paso relevante en un caso que ha marcado a Zaragoza y ha trascendido a nivel nacional. Pero para quienes han acompañado esta causa desde el primer día, la justicia sigue incompleta, pese a la postura del PSOE.
Las familias y la plataforma de apoyo insisten en que los seis jóvenes no debieron ser condenados en primer lugar, y que la solución no puede ser parcial ni condicionada por cálculos políticos.
