«En la valoración de algunas de las ofertas, se observan incoherencias al menos aparentes entre las puntuaciones asignadas y la fundamentación de dichas puntuaciones, contradicciones en el propio texto de las valoraciones, argumentos penalizadores que no parecen tener mucha lógica, e insuficiente motivación que habrían exigido que como mínimo la Mesa de Contratación hubiera exigido aclaraciones e información adicional».
Ésta es una de las conclusiones que recoge el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE de Hacienda) realizado a petición de la Fiscalía Europea sobre los dos contratos adjudicados a una empresa del Grupo Barrabés, contratos avalados por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y subvencionados con fondos europeos.
Hay que recordar que la denuncia por estos contratos por valor de 10,2 millones de euros dio pie a la causa general en la que la esposa de Pedro Sánchez está investigada por un total de cinco delitos, tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación.
El mismo informe sobre los contratos dados por la empresa pública Red.es, una entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, recoge que esos contratos fueron irregularmente adjudicados.
Por ejemplo, «todos los miembros de la Mesa de Contratación mantuvieron una actitud pasiva, no solicitando ninguna aclaración al técnico responsable del informe que no fue llamado por si se precisaban dichas aclaraciones. Tampoco consta en las actas que hubiera comentario alguno sobre el contenido de los informes de valoración», recoge el documento de Hacienda.
BARRABÉS CONOCÍA A BEGOÑA GÓMEZ
El estudio compara la oferta de la empresa de Juan Carlos Barrabés, Innova Next, adjudicataria de esos contratos en una UTE con las ofertas de otras empresas. «Según se deduce de los informes de valoración, la oferta de Everis presenta un Plan de Formación respecto del cual el valorador enfatiza numerosas características positivas, se trata de un enfoque muy orientado a la contratación por el propio licitador. Se menciona un sólido análisis de las necesidades formativas y una propuesta de orientación laboral bien argumentada. También se señala que el programa de orientación está muy bien argumentado», aducen.
Y añade algo que nadie tuvo en cuenta en su momentos, que es que «una de las características que el valorador valora negativamente es la siguiente: “Si bien propone que un porcentaje alto de alumnado podrá optar a vacantes internas de la propia entidad y externas, mediante su empresa Oversis, se trata de un enfoque muy orientado a la contratación por el propio licitador”. Se desconoce el motivo por el que no se considera un factor de valoración positivo que el licitador se comprometa a contratar a los alumnos que han recibido los cursos. Contradictoriamente con lo anterior el valorador ha valorado positivamente un acuerdo de colaboración con Adecco, que es una empresa ajena a Everis».
Hacienda pone en tela de juicio también el sistema de puntuación. «A la plataforma propuesta por la UTE Awakelab se le han asignado 6 puntos sobre 10. De la lectura de la descripción del técnico sobre dicha plataforma se deduce que la misma es de gran calidad lo cual no parece haber tenido reflejo en la puntuación asignada», escribieron los responsables del informe.
Entre las críticas al sistema de adjudicación el informe de la IGAE recoge que «el valorador no detalla por qué entiende que la oferta de Altia tiene un nivel de detalle y calidad inferior que el de la oferta de la UTE Innova Next y The Valley Digital Business Schol. La motivación de esta afirmación es insuficiente».
«Respecto de la oferta de Datahack que ha sido valorada en 8,5 puntos y en relación con la cual no se describe ningún aspecto negativo o insuficiencia se indica que “la oferta es algo inferior a las propuestas ofertadas por otras empresas, como la UTE The Valley Barrabés , que es más completa aún”. No se aporta ninguna información sobre por qué entiende el valorador que es “algo inferior”», añaden los expertos de Hacienda.
El informe alerta también sobre las contradicciones a la hora de la adjudicación de estos contratos: «La puntuación asignada es de 3,5 sobre 10 puntos posibles. No parece que la conclusión y la puntuación sean coherentes, existiendo además contradicciones en el texto de la valoración. Es posible que una de las dos, no se corresponda con la oferta de Alfatec», añaden.
Los problemas identificados en los informes técnicos de valoración incluyen recorren los 300 folios del informe, como que no se puede verificar cómo se llegó a las puntuaciones finales debido a la eliminación de metadatos en los documentos.
También se valoraron elementos no contemplados en los pliegos, como currículos, acuerdos con terceros y empleabilidad en ediciones previas, lo que generaría arbitrariedad y discriminación. Además, Hacienda cree que las puntuaciones asignadas carecen de justificación adecuada, y las diferencias entre ofertas no están explicadas.
De momento la Fiscalía Europea (EPPO) preguntaba el pasado día 24 al Tribunal Supremo si en la causa que dirige contra el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pieza separada del Caso Koldo, está investigando contratos financiados con fondos europeos.
En el suplicatorio las fiscales europeas Olga Muñoz y Laura Pellón exhortan al magistrado instructor Leopoldo Puente que le informe «sin dilación» alguna sobre el «objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados».
