El pulso entre el Gobierno de coalición y la oposición volvió a escalara ayer martes a la máxima instancia judicial como es el Tribunal Constitucional (TC). Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), anunció la interposición de un conflicto de atribuciones ante el citado por lo que calificó como el «bloqueo sistemático» de sus iniciativas legislativas en la Cámara Alta. El líder popular acusa al Ejecutivo y a la Mesa del Congreso de consumar un «fraude de ley» que busca «suplantar» la labor del Poder Legislativo.
Feijóo fue contundente en sus advertencias, señalando directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a los miembros de la Mesa. Aseguró que el PP actuará «con contundencia» si esta conducta no se corrige de inmediato, advirtiendo sobre las posibles «responsabilidades individuales» derivadas de esta praxis que, a su juicio, niega la legitimidad constitucional del Senado.
UN DESAFÍO A LA SOBERANÍA DEL SENADO
La razón de la denuncia del PP reside en un supuesto veto continuado y arbitrario a la tramitación de las leyes provenientes del Senado, donde el PP tiene mayoría. «El Senado es una Cámara tan legítima como el Congreso y, por eso, intentar eliminar su iniciativa legislativa es negar la legitimidad del Senado», declaró Feijóo.
El líder de la oposición argumenta que es el Gobierno quien da la orden para que el Congreso le «hurte al Senado su facultad de legislar. Esta parálisis tiene consecuencias directas sobre la vida de los ciudadanos, según el PP. Feijóo sostiene que, de no ser por este bloqueo, los españoles podrían estar pagando menos impuestos, sería posible desalojar a los okupas en 24 horas, y el país contaría con mayor seguridad, mejorando las condiciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los funcionarios de prisiones.
«Pero no es posible porque para la presidenta del Congreso pesa más su partido que su país», sentenció Feijóo, aludiendo a la negativa del Gobierno a permitir el debate de estas medidas.
31 LEYES «METIDAS EN UN CAJÓN»
El PP cifra en 31 las leyes que, según su denuncia, el Gobierno «quiere tener metidas en un cajón» en el Congreso. La estrategia, dice Feijóo, responde al «miedo a sufrir más derrotas parlamentarias», ya que cada victoria legislativa de la oposición «le recuerda que habrá una derrota final en las urnas».
La técnica de bloqueo denunciada pasa por la ampliación sistemática de los plazos de enmiendas en la Cámara Baja. Algunas de estas iniciativas han sufrido más de 60 ampliaciones de plazo, un modus operandi que se estaría utilizando con leyes clave del PP como las de Conciliación o Multirreincidencia. «Cumpliremos con nuestro deber de defender por todas las vías que esto pare y la voluntad popular se respete», aseveró el presidente del PP.
Feijóo arremetió contra la gestión general del Ejecutivo, al que calificó de un Gobierno «paralizado, sin mayoría ni proyecto», y recordó que, por tercer año consecutivo, se ha incumplido el plazo constitucional para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta falta de gestión y el uso de unas cuentas públicas prorrogadas de la pasada legislatura son, a su juicio, la causa de que el Gobierno «recurra a lo que sea para disimular lo que fue evidente desde el primer día: que esta legislatura no va a ninguna parte».
El líder popular identificó la «ambición y el miedo» como los principales atributos que representan al Gobierno, a los que se suma una «colonización sistemática de las instituciones» para intentar que los españoles ignoren la existencia de una alternativa democrática.
A pesar de las maniobras dilatorias, Feijóo subrayó la debilidad parlamentaria del Gobierno, que ha perdido hasta 163 votaciones. Las pocas leyes sacadas adelante, añadió, han sido a costa de un «peaje altísimo a los separatistas, a costa de la igualdad y el dinero público de todos los españoles».
LAS 17 LEYES BLOQUEADAS: LA MUESTRA DE LA MAYORÍA
El PP asegura que, de las 31 leyes aprobadas en el Senado, 17 saldrían adelante en el Congreso si los grupos mantuviesen el mismo sentido de voto que en la Cámara Alta. Este dato sirve al PP para denunciar que el bloqueo es puramente «arbitrario» y político.
Entre el listado de las 17 iniciativas legislativas bloqueadas destacan medidas de impacto social y económico, como:
- Desalojar a los okupas en 24 horas.
- Bajar el IVA a las peluquerías.
- Bonificar las cuotas de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla.
- Otorgar a los funcionarios de prisiones más protección al calificarlos de agentes de autoridad.
- Incluir a la Policía y a la Guardia Civil en los colectivos con coeficiente reductor de la edad de jubilación.
- Evitar que los españoles que cobran el SMI tributen por ello.
- Endurecer las penas a los narcos que embisten contra la Guardia Civil.
Feijóo concluyó que «ya está bien de que se impida por razones arbitrarias la aprobación de medidas beneficiosas para los españoles», mientras el PP avanza que su futuro Plan de Calidad Institucional incorporará un bloque para que el Poder Legislativo pueda «recuperar su independencia» y evitar ser suplantado por el Ejecutivo.
