En el popular barrio de Poblenou en Barcelona, Cavina Vinoteca se ha ganado una reputación envidiable por su selección de vinos y su ambiente sofisticado. Es la cara visible de una serie de negocios gastronómicos liderados por la familia Oleinikova, con la matriarca, María Oleinikova, nacida en Rusia y nacionalizada española, a la cabeza. Junto a sus hijos, dirige también Complexe Sancu, una empresa dedicada a la exportación de bebidas españolas —vino, cerveza, sidra y licores— hacia el mercado ruso, que lleva años trabajando en España y estaban totalmente integrados en nuestra sociedad, según la Policía Nacional.
Sin embargo, detrás del brillo de las copas de vino y el éxito empresarial se esconde una compleja y oscura investigación judicial. En la que una serie de documentos de importación y una investigación periodística llevada a cabo por la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelan que las actividades de la familia Oleinikova se extienden supuestamente mucho más allá de las bebidas, adentrándose en el sensible mercado de los productos químicos industriales, con potenciales violaciones a las sanciones de la Unión Europea (UE) impuestas tras la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en 2022. Hay que recordar que la entidad investigadora proviene de los Estados Unidos.
«OPERACIÓN TUBO DE ENSAYO»
El año pasado, María Oleinikova y sus dos hijos, Irina y Vyacheslav, se encontraron en el centro de una redada policial de alto perfil llevada a cabo por las autoridades españolas, bautizada como “Operación Probirka” (o “Operación Tubo de Ensayo”). El operativo culminó con la incautación de 13.000 kilogramos de productos químicos en el Puerto de Barcelona.
El Ministerio del Interior español confirmó en un comunicado que la «Operación Tubo de Ensayo» formaba parte de una investigación más amplia sobre el suministro ilegal de sustancias químicas a Rusia. En total, la investigación identificó a nueve sospechosos, incluyendo a los tres miembros de la familia Oleinikova y a ejecutivos de la destacada empresa química española Scharlab SL, con sede en Barcelona. Entre los detenidos inicialmente se encontraba Werner Scharlau, el ciudadano alemán residente en España y propietario mayoritario de Scharlab.
Aunque el gobierno ha sido reservado con los detalles, una fuente policial española involucrada en el caso, que habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la investigación, señaló que las autoridades sospechan que Oleinikova actuaba como una «intermediaria» clave, orquestando y facilitando los envíos sancionados.
A pesar de las detenciones, la Audiencia Nacional de España, tribunal especializado en delitos graves, confirmó que los nueve sospechosos siguen en libertad provisional mientras continúa la investigación por «contrabando de sustancias prohibidas». Hasta la fecha, aún no se han presentado cargos formales contra ninguno de los investigados. Oleinikova, citando la investigación en curso, ha declinado hacer comentarios.
SUPUESTO VÍNCULO CON EL KREMLIN
La verdadera gravedad del caso surge al cruzar los datos de las empresas españolas investigadas con los registros de importación y transacciones rusas. Los periodistas norteamericanos supuestamente descubrieron que María Oleinikova no es solo una empresaria gastronómica en España; también es la accionista mayoritaria de una empresa química rusa, Catrosa Reactiv, adquirida por su familia en 2008.
Catrosa Reactiv, que se presenta en su sitio web como un proveedor clave para laboratorios e industria rusa, presuntamente ha recibido al menos 36 envíos de productos químicos penados desde España entre 2022 y 2024. Sorprendentemente, uno de estos envíos provino directamente de Complexe Sancu, la propia empresa exportadora de vino y cerveza de los Oleinikova. Sin embargo, la gran mayoría de los envíos sancionados—32 cargamentos—fueron realizados por la otra empresa bajo investigación, Scharlab SL. Estos 32 envíos contenían 14 productos químicos por un valor aproximado de 15.000 dólares, todos sujetos a prohibiciones de exportación de la UE.
El destino final de estos químicos levantaron las alarmas de varias policías internacionales, además de la de nuestro país. Y es que los datos de transacciones filtradas obtenidos por los periodistas muestran que, desde 2022, la clientela de Catrosa Reactiv incluye al menos seis entidades sancionadas con vínculos directos con el sector de defensa, armamento y el ejército ruso.
El cliente más notorio es el Instituto Estatal de Investigación Científica de Química Orgánica y Tecnología (GosNIIOKhT), una entidad expresamente sancionada por la UE y EE. UU. por su participación crucial en el desarrollo de armas químicas, incluido el devastador agente nervioso Novichok.
Además, Catrosa Reactiv ha recibido pagos de otras entidades de alta sensibilidad:
- El Instituto Panruso de Investigación Científica de Física Experimental, desarrollador de la primera bomba atómica soviética y gestor de supercomputadoras de Rusia.
- El Instituto de Investigación Científica de Acústica Aplicada, sancionado por EE. UU. por su trabajo en el desarrollo de productos militares y la adquisición de sustancias precursoras de armas químicas.
- El fabricante de explosivos SKTB Technolog, un contratista clave del Ministerio de Defensa ruso.
- El 18º Instituto Central de Investigación (Unidad Militar 11135), una rama del servicio de inteligencia militar ruso, el GRU.
Aunque esta investigación periodística no identificó a ningún fabricante directo de armas químicas en los datos de importación de Catrosa Reactiv, el profesor Miguel Ángel Sierra, catedrático de química orgánica y exmiembro de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, señaló en su día que las sustancias importadas «están sancionadas por su potencial de doble uso«.
“Estos han sido prohibidos por la Unión Europea por ser productos industriales”, explicó Sierra. “Hay muchos procesos que no se pueden llevar a cabo, como la preparación de explosivos, la preparación de productos farmacéuticos y la preparación de muchos otros productos, sin contar con algunos de estos productos”, remarcó el citado experto.
PREOCUPACIÓN POR LA POROSIDAD DE LAS ADUANAS
La facilidad con la que estas sustancias prohibidas, valoradas en miles de dólares, lograron salir de la UE apunta a un fallo estructural en los mecanismos de control aduanero de los países europeos. En este sentido, los expertos coinciden que «los sistemas de la UE no están diseñados para hacer frente a la amplitud de las sanciones a las exportaciones químicas».
Elina Ribakova, investigadora senior del Peterson Institute for International Economics, advirtió que la clasificación de productos mediante los Códigos del Sistema Armonizado (SA), o Códigos HS, presenta una vulnerabilidad crítica. Estos códigos son identificadores amplios que agrupan una extensa gama de productos, permitiendo que una sustancia prohibida pueda ser exportada bajo un código que no la identifique explícitamente como sancionada.
“La pregunta es si el producto está correctamente clasificado bajo su código HS apropiado y si realmente está siendo controlado”, dijo Ribakova, añadiendo que es «muy difícil identificar un producto» cuando los códigos lo agrupan. “Los europeos no tienen la infraestructura para verificar de manera más integral algo que no es un arma nuclear o muy especializada”, concluyó, señalando que esta limitación facilita el contrabando.
En el caso de la Operación Tubo de Ensayo, los investigadores han identificado tácticas sofisticadas utilizadas por los exportadores para eludir los controles:
- Mezcla de Lotes: Se ocultaron productos químicos sancionados en envíos más grandes de sustancias legales.
- Destinos Falsos: Se indicaron destinos en la documentación aduanera, como Armenia y Kirguistán, para enmascarar el destino final: Rusia.
Un investigador del caso reveló que la evidencia sugiere que los envíos no llegaron a pasar por esos países intermedios y que las empresas destinatarias identificadas podrían ser meras fachadas. En su lugar, los cargamentos pudieron dirigirse directamente a Rusia por tierra a través de terceros países como Polonia y Bielorrusia.
LA RUTA DE LOS INTERMEDIARIOS: KIRGUISTÁN Y BIELORRUSIA
Al parecer, los registros de importación de Catrosa Reactiv validan estas tácticas de desvío. En 2023, la empresa rusa recibió un envío del disolvente sancionado N-metil-2-pirrolidona (NMP), el mismo producto químico incautado en el Puerto de Barcelona. Aunque el envío se originó en España, se canalizó a través de una empresa kirguisa, NK Muras LLC.
La cadena logística no termina ahí. El proveedor que actuó por encargo de NK Muras fue Vlate Logistik LLC, una empresa bielorrusa de transporte y almacenamiento, sancionada por la UE en diciembre de 2024 por su apoyo al régimen de Aleksandr Lukashenko, un aliado de Moscú.
Incluso Complexe Sancu, la empresa de bebidas de los Oleinikova, figura en los registros con al menos un cargamento de NMP enviado a NK Muras en 2024. Los datos de transacciones separadas muestran que Catrosa Reactiv pagó más de 240.000 dólares a NK Muras en 2023 por envíos de ingredientes farmacéuticos no especificados.
Mientras los negocios de la familia Oleinikova siguen operando en Barcelona, las autoridades españolas y la Audiencia Nacional se enfrentan a un complejo desafío: desmantelar una red de contrabando que, supuestamente, ha utilizado la infraestructura comercial europea para suministrar a entidades rusas clave sustancias que podrían potenciar su capacidad militar e industrial, burlando las sanciones internacionales en un momento crítico de la geopolítica. La «Operación Tubo de Ensayo» es el duro recordatorio de cómo la guerra de Ucrania se libra también en el discreto mundo de la logística, la aduana y, paradójicamente, entre los elegantes bares de vinos de Barcelona, pero todavía sin responsables de la misma y los investigados en la calle.
