El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero, investigados por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el marco de sus correspondientes departamentos.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Dos ha acordado esta diligencia que había sido solicitada por la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil), y que cuenta con el visto bueno de Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que esta unidad policial sea la receptora de la documentación para elaborar un informe destinado al órgano judicial.
Se trata, según el instructor, de recabar una serie de informaciones a los fines de la prevención del delito y de delimitar la responsabilidad de las personas en los hechos investigados. En especial, añade, cuando se trata “de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad”.
En el presente caso, señala Moreno, “no nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas” en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación.
Para el juez, de la investigación realizada hasta el momento se infiere la existencia de indicios de criminalidad respecto a estos dos investigados, “que habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) entre los años 2018 y 2021.
El auto indica que, conforme al oficio solicitante de estas diligencias, los hechos que dan origen a esta pieza separada han relevado que “José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad.
En línea con el Ministerio Fiscal, el magistrado considera que el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era obtener un provecho económico y, considerando la intervención de Pardo de Vera y Herrero se hace precisa la obtención de la información solicitada por la UCO, a fin de determinar “<si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere>”.
