El juez Peinado que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cinco delitos relacionados con la corrupción ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) personarse como afectada este lunes. Se trataría de la presunta apropiación indebida del software de Transformación Social Competitiva desarrollado por varias empresas y pagado por la Complutense, pero que nunca estuvo a su nombre. El citado software cuyo destino desconoce la propia UCM costó unos 255.000 euros de la Universidad.
Como quiera que uno de los delitos por los que se sigue el presente procedimiento, es el delito de apropiación indebida, en concreto de un supuesto software, cuya financiación estaba destinada para que fuere a favor de la Universidad Complutense de Madrid, ha de considerarse que dicha Institución Pública, debe tener el carácter de perjudicada, por lo que deberá ser citada, a través de su representación legal, a los efectos de que sea oída en la comparecencia del próximo6 de octubre del presente año, a las 17.30 horas y pueda ejercitar los derechos que le confiere el citado punto 2 del artículo 25 de la Ley %/1995 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado», según la providencia del juez Peinado.
Una ex directora ejecutiva de Google Spain, Fuencisla Clemares, declaró ante el juez que su empresa sumó 70 mil euros más a los inicialmente presupuestado de 40 mil euros para desarrollar el software de Transformación Social Competitiva (TSC) de la cátedra de Gómez.
GOOGLE EXTENDIÓ SU COLABORACIÓN HASTA LOS 110.000 EUROS
La directiva de Google explicó que para extender esta colaboración hasta los 110.000 euros no necesitó la aprobación de nadie. En diciembre de 2022 Google Ireland Limited firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense en el que «se comprometía a patrocinar el Proyecto Transforma TSC mediante la aportación de 40.000 euros».
Ese proyecto consistía en el «desarrollo de una plataforma gratuita que permite a las pequeñas y medianas empresas planificar la mejora de sus objetivos de desarrollo sostenible y medir el impacto de las medidas llevadas a cabo», explicaba la empresa en un escrito recogido en el sumario de la causa. Pero a medida que el proyecto avanzaba «su complejidad técnica fue aumentando progresivamente y resultó ser superior a la inicialmente prevista», explicó a Peinado la representante de Google.
La empresa Indra, que también colaboró, informó por escrito al juez que invirtió 128.442 euros en el ‘software’ de dicho máster. Según precisaron, dichos trabajos se facturaron internamente a otra compañía del grupo, Indra Soluciones Tecnológicas de la Información, y en ningún momento disfrutaron de «beneficios o deducciones fiscales». Estas compañías trabajaron de «forma altruista» con diferentes universidades e instituciones en «diferentes ámbitos relacionados con la sostenibilidad y la captación de talento». Y apuntó que, en el marco de dicha labor y en virtud de una adenda al convenio de creación de la cátedra extraordinaria TSC, en 2022 inició su «colaboración» con dicha cátedra codirigida por Gómez.
Dicha colaboración se llevó a cabo «mediante el desarrollo de una herramienta tecnológica para empresas, denominada ‘Plataforma de Medición de Impacto Recurrente’, para su entrega a la universidad de carácter gratuito», insistieron.
Tanto los directivos de Indra como de Minsait apuntaron que los trabajos de su filial consistieron en desarrollar dos módulos: uno de valoración de desempeño en el ámbito del impacto social; y otro de recomendación de actuaciones para mejorar esa valoración.
Pero el software no quedó acabado cuando todas estas empresas decidieron que ya había gastado demasiado tiempo y dinero y la Complutense sacó a concurso la finalización del mismo. La empresa elegida fue Deloitte por 60.000 euros más IVA, en total, 78.649 euros. Al juez le llamó la atención que el pliego de prescripciones técnicas estuviese firmado por la propia Begoña Gómez. En la UCM esos pliegos los firman los jefes de las diferentes unidades administrativas, que son los que proponen el gasto a la Universidad. Begoña Gómez aseguró que lo firmó por petición de la UCM al ser codirectora de la cátedra que iba a gastar el dinero.
Además argumentó que la plataforma «nunca llegó a estar operativa», ya que la UCM decidió suprimir la cátedra extraordinaria y todas sus actividades, así como los dos másteres, tras judicializarse el caso. «La plataforma siempre se diseñó e ideó para ser gratuita, por lo que nunca se pretendió cobrar a las empresas que pudieran ser potenciales usuarias de la misma», justificó Begoña Gómez ante el juez, a pesar de publicitarse en la página de su empresa.
BEGOÑA GÓMEZ REGISTRÓ EL SOFTWARE
Begoña Gómez registró la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controlaba el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrecía, nunca llegó a estar a nombre de la UCM. Por eso Hazte Oir, una de las acusaciones populares en la causa, se querelló contra la esposa del presidente por apropiación indebida, acusación que se sumaba a las de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación e intrusismo.
Según señaló Peinado en un auto de octubre de 2024, estos hechos encajarían «evidentemente» con un presunto delito de apropiación indebida. «Se podría inferir, a priori, que la querellada, vinculada como codirectora de la cátedra de Trasformación Social Competitiva a la Universidad Complutense de Madrid, habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL, la marca TSC Transformación Social Competitiva y posteriormente el software de la Cátedra Trasformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid (UCM)», advertía entonces el magistrado.
Sin embargo, Begoña Gómez defendió que estos movimientos eran conocidos por todos y que nunca pretendió apropiarse de la marca Transformación Social Competitiva (TSC) y explicó que inscribió el dominio de internet, transforma.org. con el conocimiento de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) dentro del marco del proyecto de la plataforma tecnológica gratuita y presentó como prueba un correo enviado a la OTRI en el que informaron de que «nunca se había inscrito un dominio en la UCM» y le informaban de dónde y cómo podía inscribirlo.
El primer año, la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan, dio de alta el dominio y el segundo año lo hizo la propia Begoña Gómez, ya que se pagaba con recursos personales, siempre según su versión. El tercer año ya no se renovó por parte de la UCM. Gómez relató que esta herramienta era uno de los objetivos cuando se diseñó la cátedra universitaria, que incluía un proyecto tecnológico de medición de impacto gratuito para las pymes.
En septiembre de 2024, finalizó la inscripción del dominio. El abogado de Begoña Gómez lo puso en conocimiento de la UCM, a fin de que ellos renovaran la inscripción si lo consideraban conveniente, pero no lo hicieron.
